Nicolás Maduro, desalojado del poder en Venezuela el pasado 3 de enero por una intervención militar de Estados Unidos, y su esposa, Cilia Flores, han vuelto este jueves al tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. El juez encargado del proceso, Alvin Hellerstein, de 92 años, ha rechazado durante la audiencia la petición de la defensa de desestimar el caso por el bloqueo de fondos venezolanos para pagarles a causa de las sanciones impuestas al país caribeño por Washington.
El presidente depuesto de Venezuela y su esposa están acusados de cuatro delitos de narcoterrorismo y posesión de armas
Nicolás Maduro, desalojado del poder en Venezuela el pasado 3 de enero por una intervención militar de Estados Unidos, y su esposa, Cilia Flores, han vuelto este jueves al tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. El juez encargado del proceso, Alvin Hellerstein, de 92 años, ha rechazado durante la audiencia la petición de la defensa de desestimar el caso por el bloqueo de fondos venezolanos para pagarles a causa de las sanciones impuestas al país caribeño por Washington.
“No voy a desestimar el caso”, afirmó el magistrado Alvin Hellerstein, de 92 años, en la segunda audiencia contra el matrimonio, acusado por la Justicia estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico, posesión de armas y corrupción. No obstante, Hellerstein, al que durante la audiencia se le pudo escuchar con la voz algo quebrada y una persistente tos, aún tiene que confirmar su decisión de manera oficial.
Maduro entró hoy a la sala del tribunal con una sonrisa y dando los buenos días a su equipo legal, si bien durante la vista, que se retrasó 40 minutos por la llegada tardía del juez, se mostró nervioso, con movimientos frecuentes sobre la mesa, a diferencia de su esposa, más quieta. El depuesto mandatario parecía más delgado y serio que en la primera audiencia, celebrada en enero. El abogado defensor de su esposa pidió al juez que se le haga un electrocardiograma tan pronto como sea posible por problemas de salud que no detalló.
Casi una hora de la vista —un procedimiento que en otras vistas similares no suele demorarse más de diez minutos— se dedicó específicamente al asunto del bloqueo de fondos venezolanos para pagar la defensa de Maduro. Sus abogados pidieron en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, en sus siglas inglesas) negase a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno venezolano. La OFAC concedió el pasado 9 de febrero una licencia para ello, pero la revocó tres horas después.
Acusados de cuatro delitos de narcoterrorismo y posesión de armas, el depuesto presidente venezolano y su esposa han afrontado su segunda vista en un proceso que se prevé tortuoso y prolongado, hasta el extremo de que, cuando se celebre el juicio, probablemente en uno o dos años, el juez Hellerstein podría tener 94 años.
Aunque sin llegar a desestimar el caso como solicitaba la defensa basándose en ese argumento, Hellerstein cuestionó la justificación del Departamento de Justicia para impedir que Maduro utilice los fondos de su país para costear la minuta de sus abogados, y se pronunciará posteriormente sobre la cuestión de la financiación. Asimismo, fijará la fecha para una nueva audiencia.
Maduro y Flores acudieron vestidos con uniformes carcelarios de color beige a la audiencia celebrada en el tribunal federal de Manhattan. Tras la vista, anormalmente larga, un convoy fuertemente escoltado los condujo de vuelta a la prisión de máxima seguridad de Brooklyn, bajo la vigilancia de un par de helicópteros.
Uno de los argumentos de la fiscalía para impedir el desbloqueo de los fondos es que, dado que EE UU no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde 2019, ni él ni Flores deberían esperar que el Gobierno estadounidense permita a su país sufragar sus honorarios legales. Los fiscales replican que, en caso de no poder costear sus propios abogados, a Maduro y a Flores se les pueden asignar unos de oficio, pero eso, para la defensa, constituye una vulneración de su derecho a contar con un letrado de su elección, conforme a lo que estipula la Sexta Enmienda de la Constitución de EE UU.
La fiscalía reiteró que la interpretación de esa cláusula “ha de ser flexible” y que, en este caso, el rechazo no viola ninguno de sus derechos procesales, pese a que, según sus abogados, Maduro y Flores carecen de los recursos económicos necesarios para sufragar la elevada minuta de sus abogados, dos perros viejos en el escenario judicial estadounidense.
Dado que el bloqueo de los fondos por la OFAC obedece a las sanciones impuestas a Venezuela, los argumentos de las partes acabaron convirtiéndose en una discusión un tanto bizantina sobre la sustancia misma de las sanciones: y, más en concreto, sobre su justificación ahora que la situación ha cambiado en apariencia en Venezuela con el desalojo del poder de Maduro.
El fiscal Kyle Wirshba sostuvo que las sanciones estadounidenses que bloquean dichos pagos se fundamentan en intereses vigentes “en materia de seguridad nacional y política exterior”, un argumento ante el que Hellerstein se mostró escéptico, señalando que Washington ha flexibilizado las sanciones impuestas a Venezuela desde la captura de Maduro, el pasado 3 de enero.
“El acusado está aquí; Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional” de EE UU, declaró Hellerstein, que fue designado como juez por el presidente demócrata Bill Clinton. “El derecho que aquí se ve implicado —y que prevalece sobre otros derechos— es el derecho a contar con asistencia letrada constitucional”, añadió, al margen de la cuestión técnica de la OFAC.
El principal abogado de Maduro, Barry Pollack, quien representó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha manifestado repetidamente su intención de retirarse del caso si Hellerstein no desestima los cargos y si el Gobierno venezolano no puede cubrir sus honorarios. Se ignora cuánto está cobrando Pollack por sus servicios, pero a juzgar por su experiencia en casos de alto nivel, su minuta no debe de ser precisamente asequible.
El fiscal Wirshba respondió al juez que “el simple hecho de que existan relaciones con otro Gobierno”, el dirigido ahora por Delcy Rodríguez, no significa que Washington no pueda mantener sus sanciones. “Si el propósito de las sanciones radica en que los acusados están saqueando la riqueza de Venezuela, permitirles acceder ahora a esos mismos fondos para costear su defensa socavaría las sanciones», dijo el fiscal al juez. Wirshba añadió que Maduro y Flores pueden utilizar su propio dinero para su defensa, aunque Maduro ha afirmado que no dispone de los fondos necesarios para ello.
Antes de que empezara la vista, puramente procedimental —el inicio del juicio como tal podría demorarse uno o dos años, con un juez casi centenario—, el presidente de EE UU, Donald Trump, dijo a los periodistas que se presentarían cargos adicionales contra Maduro, aunque sin ofrecer detalles al respecto.
A las puertas del tribunal, un fuerte despliegue policial velaba por la seguridad al interponerse entre decenas de opositores venezolanos —uno de ellos, con una efigie de Maduro vestido con un mono naranja, el uniforme de la prisión— y otros tantos partidarios de Maduro que sostenían pancartas con el lema: “Libertad para el presidente Maduro”.
Todos los ojos estaban puestos hoy en el estado y la apariencia del líder chavista, de quien su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra —uno de los coacusados en el caso—, ha contado esta semana en una publicación en X que se encuentra “muy bien”, “con mucho ánimo” y “fuerza”. “Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, [que] está haciendo ejercicio todos los días”, pese a las duras condiciones de reclusión, ha relatado Maduro Guerra en la publicación. El diputado, que para la justicia de EE UU es un prófugo, añadió que Cilia Flores está también “firme y alerta”, por lo que llamó la atención la petición de que se le haga un electrocardiograma por parte de su abogado.
Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína en EE UU y poseer ametralladoras y artefactos destructivo, y un cuarto delito de posesión de ese armamento. Flores, por su parte, está imputada por otros cuatro cargos similares: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas. En su primera comparecencia, en enero, dos días después de ser capturado y trasladado a Nueva York, Maduro se declaró “no culpable” y se presentó como “prisionero de guerra”.
Este lunes el fiscal encargado del caso, Jay Clayton, solicitó al juez Hellerstein que prohíba a los acusados compartir material probatorio con los cuatro coacusados prófugos: el citado hijo de Maduro, el aún ministro del Interior, Diosdado Cabello; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior, y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero y presunto líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
En una carta dirigida al juez, el Departamento de Justicia considera que existe un “riesgo real de violencia” y que el entorno de Maduro podría utilizar la información para identificar y tomar represalias contra testigos y sus familias en Venezuela.
La audiencia de este jueves era clave para determinar si el juez aceptaba las peticiones de la defensa y la fiscalía o si el calendario procesal sigue su curso hacia un juicio histórico. Con la decisión del juez pendiente, todo parece indicar que el proceso se demorará aún más a la espera de un juicio presidido por un juez casi centenario. Según el diario The New York Times, Hellerstein fue visto quedándose dormido durante una vista el año pasado, lo que suscita dudas sobre su capacidad para presidir un proceso que se prevé prolongado y de gran complejidad técnica.
EL PAÍS
