El Gobierno envía 1.600 militares a Sinaloa para reforzar la seguridad

El Gobierno de México ha enviado este jueves 1.600 militares a Sinaloa para tratar de enfrentar a los carteles que en los últimos años han desplegado el terror en el territorio norteño, según ha informado la Secretaría de Defensa en un comunicado. Los militares han viajado en la mañana en cuatro aviones de la Fuerza Aérea Mexicana a las ciudades de Culiacán y Mazatlán, dos territorios clave para las operaciones criminales de estos grupos. El despliegue también incluye la presencia en el terreno de 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales.

“La misión específica del personal desplegado es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad”, ha concretado la dependencia en su escrito. Los militares realizarán tareas de “disuasión, prevención y patrullajes” para generar un ambiente de tranquilidad entre los pobladores de las dos grandes ciudades sinaloenses. El anuncio de la Secretaría de Defensa llega horas después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, conversara alrededor de 40 minutos con el mandatario estadounidense, Donald Trump, acerca de temas de seguridad y comercio. “Sobre el tema de seguridad, los dos coincidimos en que vamos muy bien”, indicaba Sheinbaum durante su habitual conferencia de la mañana. El republicano calificaba la plática de “extremadamente buena” para los dos países.

El envío de tropas llega tras la jornada del miércoles, que reflejó parte del terror que ha vivido el territorio. En esta, el presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres, y la legisladora de la misma formación Elizabeth Montoya resultaron heridos tras un ataque a balazos en el centro de Culiacán; y la empresa canadiense Vizsla Silver informó de un secuestro masivo de 10 mineros en el municipio de Concordia, al sur del Estado.

El caso de los diputados representa el último golpe violento en un territorio sitiado por la brutalidad de los carteles en la capital sinaloense. La fuerte crisis de inseguridad se vio avivada tras la entrega, a finales de julio de 2024, del histórico líder del Cartel de Sinaloa Ismael El Mayo Zambada a las autoridades de Estados Unidos por parte de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de su socio Joaquín El Chapo Guzmán. Esa entrega supuso también la rendición del hijo del capo ante Washington. El caso ha desembocado desde entonces en un conflicto interno en el histórico grupo criminal, en horas bajas tras la violencia desplegada entre la facción de Los Mayos y la de Los Chapitos.

La decisión del Gobierno de Claudia Sheinbaum supone una vuelta de tuerca más en su estrategia seguridad nacional, que en los últimos meses ha tenido una mayor incidencia en Michoacán. El traumático asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo el primer día de noviembre expuso al resto del país la violencia que vive Michoacán, y despertó el descontento nacional por la inseguridad. El Ejecutivo federal impulsó entonces una nueva táctica de seguridad para el territorio que, entre el 10 de noviembre y el 20 de enero, ha llevado a la detención de más de 400 personas, la incautación decientos de armas y de miles de precursores químicos.