El Gobierno de José Antonio Kast anunció este jueves que pondrá discusión inmediata a un proyecto de ley para que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos cuando sean imputados por alguno de los delitos más graves del Código Penal, siempre que la Fiscalía lo solicite y un juez lo autorice. La iniciativa, que endurece el régimen de responsabilidad penal adolescente, llega tras el asesinato de Alejandro Águila, el niño de 12 años que murió durante una encerrona en San Bernardo. Por ese crimen hay seis personas detenidas, entre ellas dos adolescentes de 17 años, quienes han sido imputados por robo con violencia, robo con homicidio y robo con intimidación.
El Ejecutivo anuncia que pondrá discusión inmediata a un proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente tras el asesinato del niño de 12 años en una ‘encerrona’ en San Bernardo
El Gobierno de José Antonio Kast anunció este jueves que pondrá discusión inmediata a un proyecto de ley para que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos cuando sean imputados por alguno de los delitos más graves del Código Penal, siempre que la Fiscalía lo solicite y un juez lo autorice. La iniciativa, que endurece el régimen de responsabilidad penal adolescente, llega tras el asesinato de Alejandro Águila, el niño de 12 años que murió durante una encerrona en San Bernardo. Por ese crimen hay seis personas detenidas, entre ellas dos adolescentes de 17 años, quienes han sido imputados por robo con violencia, robo con homicidio y robo con intimidación.
Un día después de la muerte de Águila, el Ejecutivo puso urgencia a la tramitación del proyecto de ley para endurecer las penas establecidas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, presentado en 2022 por el entonces diputado y actual senador Andrés Longton, de la derecha tradicional. “Durante demasiado tiempo Chile fue debilitando la autoridad y relativizando la violencia. Recuperar el orden no depende solo de una ley, pero sí exige que el Estado vuelva a responder con firmeza cuando se cometen delitos graves”, escribió este miércoles por la noche el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en su cuenta de X.
Las modificaciones que impulsa el Gobierno de Kast al proyecto de ley que ya está en segundo trámite constitucional en el Senado, incluye cuatro pilares: habilitar que los menores de entre 16 y 18 años puedan ser juzgados como adultos si la Fiscalía lo solicita y un juez lo autoriza, en un catálogo de 17 delitos considerados los más graves. El segundo es la eliminación del beneficio de la irreprochable conducta anterior para quienes, siendo menores de edad, fueron condenados por alguno de los delitos de ese catálogo y luego reinciden como adultos. El tercero es aumentar el límite máximo de las penas aplicables a los adolescentes menores de 16 años que cometan alguno de los delitos contemplados en la iniciativa, elevándose hasta los 10 años -actualmente son cinco-. Y el cuarto es que, cuando el adolescente cumpla 18 años, será obligatorio para el tribunal ordenar su traslado a un recinto penitenciario de adultos administrado por Gendarmería de Chile, siempre que así lo recomiende el informe del Servicio Nacional de Reinserción.
El catálogo de los 17 delitos incluye: secuestro, violación, abuso sexual calificado, parricidio, homicidio simple y calificado, robo calificado, con violencia y con intimidación, incendio con resultado de muerte o lesiones, incendio, tenencia o colocación de artefactos explosivos, homicidio y lesiones contra agentes de Carabineros, de la Policía de Investigaciones (PDI) y de Gendarmería, además de cualquier otro delito sancionado con presidio perpetuo.
El padre de Alejandro Águila, Fabio, pidió la semana pasada al Gobierno de Kast impulsar la llamada ley Alejandro para aumentar las sanciones de los participantes de este tipo de asaltos violentos -que se realizan en grupo-, y así cumplan con penas efectivas de cárcel sin atenuantes que les permitan rebajar las condenas. “Es necesario revisar la Ley de Responsabilidad Adolescente, porque hoy no entrega una respuesta justa frente a delitos de esta gravedad”, planteó. Kast dijo que estaría dispuesto a respaldar la iniciativa.
El Gobierno también dio suma urgencia al proyecto que tipifica como delito el reclutamiento de niños, niñas o adolescentes por parte de asociaciones delictivas o criminales para cometer ilícitos. La moción, ingresada en junio de 2025 y actualmente en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, es impulsada por un grupo de parlamentarios transversal desde el Partido Comunista hasta el Partido Nacional Libertario. El proyecto establece que el consentimiento del menor no exime de responsabilidad al adulto reclutador. Por su parte, la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI, de la derecha tradicional) solicitó esta semana poner urgencia a un proyecto de 2018 que rebaja la edad de responsabilidad penal a 13 años y permite sancionar como adultos a los mayores de 16 años reincidentes o que participen en delitos de alta connotación social.
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