El ginecólogo Jesús Luján está tratando de salir de prisión. El que fuera uno de los doctores obstétricos más reconocidos de México está enfrentando un proceso judicial desde el Reclusorio Sur de Ciudad de México por “práctica indebida del servicio médico en grado de tentativa”. Luján, que estuvo prófugo durante casi un año, llegó ante la justicia mexicana el 11 de diciembre, tras ser deportado por Estados Unidos. Fue vinculado a proceso un día más tarde y el juez decidió imponerle como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Ambas decisiones son las que reclama el médico en su demanda de amparo. Los defensores de las pacientes del ginecólogo mantienen que es, de nuevo, una “estrategia” del médico de “utilizar el litigio para evadir la justicia”.
El médico, que estuvo prófugo casi un año, enfrenta un proceso judicial por “práctica indebida del servicio médico en grado de tentativa” desde el Reclusorio Sur de Ciudad de México
El ginecólogo Jesús Luján está tratando de salir de prisión. El que fuera uno de los doctores obstétricos más reconocidos de México está enfrentando un proceso judicial desde el Reclusorio Sur de Ciudad de México por “práctica indebida del servicio médico en grado de tentativa”. Luján, que estuvo prófugo durante casi un año, llegó ante la justicia mexicana el 11 de diciembre, tras ser deportado por Estados Unidos. Fue vinculado a proceso un día más tarde y el juez decidió imponerle como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Ambas decisiones son las que reclama el médico en su demanda de amparo. Los defensores de las pacientes del ginecólogo mantienen que es, de nuevo, una “estrategia” del médico de “utilizar el litigio para evadir la justicia”.
La pesadilla de Luján empezó mucho más tarde que la de sus pacientes. Las acusaciones de malas prácticas relatadas a EL PAÍS abarcan desde julio de 2006 hasta 2023, que es el caso por el que el médico está ahora en prisión. El ginecólogo se convirtió muy rápido en uno de los más solicitados del país gracias a su enfoque de “parto humanizado”, una dinámica que contrarrestaba las altísimas tasas de nacimientos por cesárea que hay en México, que son de más del 50%, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que no superen el 15%.
Durante años, la fila de espera para atenderse con Luján no dejó de crecer. En 2019, ya había ampliado su clínica, Pronatal, había fundado un hospital, Bité Médica, y abierto un laboratorio de fertilidad. Cuatro años más tarde, vendió ese hospital a la aseguradora británica Bupa por 350 millones de pesos. El doctor siempre creyó que esa maniobra económica era la que estaba detrás del testimonio de algunas de sus pacientes.
Estas denuncias empezaron a surgir en 2023 con una investigación de la periodista Marcela Nochebuena en Animal Político. La rueda no ha dejado de girar desde entonces. En junio de ese año, cinco pacientes presentaron su denuncia ante la Fiscalía de Ciudad de México, que en diciembre clausuró su consultorio y en marzo de 2024 emitió la primera orden de aprehensión contra él. Luján se amparó y otro juzgador suspendió este arresto a cambio de que pagara 3.500 pesos (unos 180 dólares), fuera a firmar cada lunes al juzgado y continuara su proceso penal. Solo cumplió con el primer requisito.
El médico nunca fue a firmar ni respondió a las solicitudes de comparecencia, tampoco acudió a ninguna audiencia, según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso este periódico. No lo hizo de forma presencial ni por videollamada, como le ofrecieron después de que él adujera problemas de salud. Después de meses y con 13 comprobantes médicos, el ginecólogo trató de suspender de forma “indefinida” el proceso penal en su contra por su estado de salud. La jueza se lo negó y el 20 de diciembre de 2024 volvió a quedar activa la orden de arresto. Pero Luján ya estaba prófugo.
En marzo de 2025, la Fiscalía de Ciudad de México pidió a la Interpol que emitiera una ficha roja contra Luján, según explicó el abogado José Luis Nassar, que representa a las pacientes. La sorpresa saltó en octubre cuando comprobaron que el ICE, el Servicio de Control de Migración y Aduanas de Estados Unidos, lo tenía detenido por problemas con sus documentos migratorios. Dos meses más tarde fue deportado a México, arrestado y trasladado a Ciudad de México por agentes de la Fiscalía capitalina. Ahí empieza la nueva pelea.
La cárcel
El 12 de octubre, tras una audiencia de seis horas, Jesús Luján es vinculado a proceso. Además, el juez decide imponerle la medida cautelar más gravosa que hay, la prisión preventiva justificada. Esta solo se aplica cuando hay riesgo para las víctimas, para el proceso o porque hay riesgo de fugas, o varias de ellas. “Se la imponen, obviamente, porque en la audiencia quedó acreditado que había estado prófugo en EE UU, que había amenazado a los testigos y que había abierto expedientes médicos que tenía bajo resguardo profesional y los subía a una página de internet”, relata Nassar.
En un primer momento, Luján apeló esta decisión. Sin embargo, se desistió la apelación el 5 de enero. Cambió de estrategia y decidió presentar un amparo contra la vinculación a proceso y contra la prisión preventiva. Solicitó la suspensión con tutela anticipada, es decir, la libertad. “Está queriendo utilizar el juicio amparo y también a algunos diputados federales para que lo ayuden para corromper o burlar la justicia mexicana y poder volver a salir”, valora Nassar, que considera que este caso se trata de un “parteaguas para la medicina ginecológica en México”.
El caso rebotó en varios juzgados y terminó llegando, por antecedentes, al mismo que decidió su amparo contra la orden de aprehensión: el décimo segundo de distrito en materia penal de Ciudad de México. Este miércoles, la jueza resolvió la suspensión provisional y decidió no concederle todavía la libertad. Las pacientes lo han celebrado: “Es evidente que ninguna otra medida cautelar que requiera de la voluntad de nuestro agresor para la continuación del proceso sería eficaz. Solo así, en prisión, se garantiza la seguridad de las víctimas y también que los procesos puedan avanzar, que tengamos acceso a una justicia y que responda por la violencia obstétrica que ejerció por años en contra de tantas mujeres”, señala a EL PAÍS Liora Anderman, integrante del colectivo Con Ovarios que reúne a decenas de pacientes afectadas por Luján. El 12 de febrero será la audiencia para la suspensión definitiva y conocer si sale o no de prisión.
EL PAÍS
