Javier Milei bate récords en materia parlamentaria. Hace un año se convirtió en el primer presidente argentino al que el Congreso le rechazó un decreto de necesidad y urgencia. Ahora, en una nueva derrota para el Gobierno ultra, el Parlamento desestimó con amplia mayoría un veto del mandatario y reafirmó la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad. Hacía 22 años que los legisladores no insistían con una ley vetada por el Poder Ejecutivo.
La norma sancionada se propone garantizar el financiamiento de las pensiones para personas con discapacidades, así como actualizar cada mes los aranceles del sistema de prestaciones, en uno de los sectores del Estado sacrificados por la motosierra presidencial en el altar del superávit fiscal.
En la plaza ubicada frente al histórico edificio del Congreso, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, los abrazos y los gritos, el llanto y las sonrisas de alegría arremolinaban a personas con distintas discapacidades, a sus familiares y a sus terapeutas. Se habían reunido desde la mañana de este jueves para aguardar el resultado de la sesión que se desarrollaba dentro del Senado. La espera de casi seis horas valió la pena y pudieron celebrar el resultado de una votación que no dejó dudas.
Toda la oposición, desde las diferentes líneas del peronismo hasta la Unión Cívica Radical y partidos provinciales, votó contra el veto de Milei. La soledad de La Libertad Avanza, el partido del presidente, fue apenas matizada por el apoyo de parte del PRO, la agrupación del exmandatario Mauricio Macri. Como corolario, 63 senadores se pronunciaron a favor de sostener la emergencia en discapacidad, solo 7 en contra.
El nuevo traspié del Gobierno, que este año cosecha derrota tras derrota en el Congreso, se produjo en un momento delicado para la ultraderecha. El domingo se realizarán las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, un tradicional bastión del peronismo, y a fines del mes que viene se harán los comicios nacionales para renovar el Parlamento.
Milei aspira a mejorar su magra representación legislativa, pero, además de a sus adversarios políticos, enfrenta también los embates de una situación económica inestable y de un escándalo por presunta corrupción en su Administración. Justamente, en el área de atención a la discapacidad.
La ley que dicta la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 había sido aprobada en julio pasado, para revertir el ajuste del Gobierno, tanto los recortes en la asistencia como la cancelación de más de 100.000 pensiones. Milei había vetado la ley a principios de agosto, argumentando que se trataba de un ataque opositor al superávit fiscal, al que considera central para su gestión. De acuerdo con un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley de emergencia en discapacidad sería de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
Hace dos semanas la Cámara de Diputados había rechazado el veto y, para derogarlo, solo faltaba la adhesión del Senado. “En Argentina hay unos 5 millones de personas con discapacidades, cerca del 10% de la población”, dijo el senador peronista Pablo Bensusan. “El presidente vetó que esas personas puedan acceder a una pensión y a un aumento razonable de las prestaciones que reciben. Es brutal, inhumano”, agregó. “Un Gobierno que dice que no tiene plata para las terapias de las personas con discapacidades, pero sí tiene para los negociados y las coimas no solo es inmoral, es criminal”, apuntó Guadalupe Tagliaferri, del PRO.
Todo el debate fue sobrevolado por el caso de los denunciados sobornos que cobrarían altos funcionarios en la compra de medicamentos para la Agencia de Discapacidad. Los hechos se conocieron a través de audios filtrados en los que el propio extitular de la Agencia Diego Spagnuolo revelaba la operatoria e involucraba a la hermana del presidente, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Casi no hubo discursos en defensa del veto. Carmen Álvarez Rivero, del PRO, sostuvo que la postura mayoritaria era “un plan de desestabilización contra el presidente Milei”, aseguró que la ley era innecesaria y le pidió al Ministerio de Salud que aprobara un aumento de los aranceles para las prestaciones por discapacidad.
“Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen”, había advertido Milei. “Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado”, había amenazado. Ahora que el Congreso rechazó el veto presidencial, algo que no sucedía desde marzo de 2003, cuando gobernaba en forma interina el peronista Eduardo Duhalde, habrá que ver cuál es la respuesta del presidente. En un contexto electoral y con un tema sensible para la opinión pública.
Un límite a los decretos
El rechazo al veto no fue la única mala noticia que le deparó el Senado a Milei. La Cámara alta también dio media sanción a una ley que busca limitar el poder de los decretos presidenciales.
Hoy, en Argentina, los decretos de necesidad y urgencia (DNU) se rigen por una norma sancionada en 2006, impulsada por la entonces senadora y luego presidenta Cristina Kirchner. Esa ley indica que los DNU son válidos siempre que no sean rechazados por ambas cámaras del Congreso con mayorías especiales. Y mantienen su vigencia incluso si no son tratados por los legisladores.
El proyecto aprobado este jueves propone que los DNU deben contar con el apoyo de Diputados y Senadores en un plazo de 90 días. Sin ese respaldo parlamentario expreso, quedan derogados. “Los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la separación de poderes”, argumentó la senadora peronista Alejandra Vigo, de Hacemos por Córdoba. “Tratar esta modificación evita la tentación de gobernar con la suma del poder público”, remarcó.
La propuesta obtuvo el voto favorable de 56 senadores, mientras que 8 votaron en contra y 2 se abstuvieron. El debate continuará en la Cámara baja. De convertirse en ley, implicará una seria restricción para una herramienta a la que los presidentes argentinos han recurrido en forma reiterada en las últimas décadas y a la que Milei ha apelado casi tanto como a la motosierra: desde su asunción en diciembre de 2023, ha dictado más de 60 decretos de necesidad y urgencia.
Por primera vez en 22 años y con amplia mayoría, el Parlamento argentino insiste con una ley que había sido vetada por el Ejecutivo
Javier Milei bate récords en materia parlamentaria. Hace un año se convirtió en el primer presidente argentino al que el Congreso le rechazó un decreto de necesidad y urgencia. Ahora, en una nueva derrota para el Gobierno ultra, el Parlamento desestimó con amplia mayoría un veto del mandatario y reafirmó la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad. Hacía 22 años que los legisladores no insistían con una ley vetada por el Poder Ejecutivo.
La norma sancionada se propone garantizar el financiamiento de las pensiones para personas con discapacidades, así como actualizar cada mes los aranceles del sistema de prestaciones, en uno de los sectores del Estado sacrificados por la motosierra presidencial en el altar del superávit fiscal.
En la plaza ubicada frente al histórico edificio del Congreso, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, los abrazos y los gritos, el llanto y las sonrisas de alegría arremolinaban a personas con distintas discapacidades, a sus familiares y a sus terapeutas. Se habían reunido desde la mañana de este jueves para aguardar el resultado de la sesión que se desarrollaba dentro del Senado. La espera de casi seis horas valió la pena y pudieron celebrar el resultado de una votación que no dejó dudas.
Toda la oposición, desde las diferentes líneas del peronismo hasta la Unión Cívica Radical y partidos provinciales, votó contra el veto de Milei. La soledad de La Libertad Avanza, el partido del presidente, fue apenas matizada por el apoyo de parte del PRO, la agrupación del exmandatario Mauricio Macri. Como corolario, 63 senadores se pronunciaron a favor de sostener la emergencia en discapacidad, solo 7 en contra.
El nuevo traspié del Gobierno, que este año cosecha derrota tras derrota en el Congreso, se produjo en un momento delicado para la ultraderecha. El domingo se realizarán las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, un tradicional bastión del peronismo, y a fines del mes que viene se harán los comicios nacionales para renovar el Parlamento.
Milei aspira a mejorar su magra representación legislativa, pero, además de a sus adversarios políticos, enfrenta también los embates de una situación económica inestable y de un escándalo por presunta corrupción en su Administración. Justamente, en el área de atención a la discapacidad.
La ley que dicta la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 había sido aprobada en julio pasado, para revertir el ajuste del Gobierno, tanto los recortes en la asistencia como la cancelación de más de 100.000 pensiones. Milei había vetado la ley a principios de agosto, argumentando que se trataba de un ataque opositor al superávit fiscal, al que considera central para su gestión. De acuerdo con un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley de emergencia en discapacidad sería de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
Hace dos semanas la Cámara de Diputados había rechazado el veto y, para derogarlo, solo faltaba la adhesión del Senado. “En Argentina hay unos 5 millones de personas con discapacidades, cerca del 10% de la población”, dijo el senador peronista Pablo Bensusan. “El presidente vetó que esas personas puedan acceder a una pensión y a un aumento razonable de las prestaciones que reciben. Es brutal, inhumano”, agregó. “Un Gobierno que dice que no tiene plata para las terapias de las personas con discapacidades, pero sí tiene para los negociados y las coimas no solo es inmoral, es criminal”, apuntó Guadalupe Tagliaferri, del PRO.
Todo el debate fue sobrevolado por el caso de los denunciados sobornos que cobrarían altos funcionarios en la compra de medicamentos para la Agencia de Discapacidad. Los hechos se conocieron a través de audios filtrados en los que el propio extitular de la Agencia Diego Spagnuolo revelaba la operatoria e involucraba a la hermana del presidente, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Casi no hubo discursos en defensa del veto. Carmen Álvarez Rivero, del PRO, sostuvo que la postura mayoritaria era “un plan de desestabilización contra el presidente Milei”, aseguró que la ley era innecesaria y le pidió al Ministerio de Salud que aprobara un aumento de los aranceles para las prestaciones por discapacidad.
“Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen”, había advertido Milei. “Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado”, había amenazado. Ahora que el Congreso rechazó el veto presidencial, algo que no sucedía desde marzo de 2003, cuando gobernaba en forma interina el peronista Eduardo Duhalde, habrá que ver cuál es la respuesta del presidente. En un contexto electoral y con un tema sensible para la opinión pública.
Un límite a los decretos
El rechazo al veto no fue la única mala noticia que le deparó el Senado a Milei. La Cámara alta también dio media sanción a una ley que busca limitar el poder de los decretos presidenciales.
Hoy, en Argentina, los decretos de necesidad y urgencia (DNU) se rigen por una norma sancionada en 2006, impulsada por la entonces senadora y luego presidenta Cristina Kirchner. Esa ley indica que los DNU son válidos siempre que no sean rechazados por ambas cámaras del Congreso con mayorías especiales. Y mantienen su vigencia incluso si no son tratados por los legisladores.
El proyecto aprobado este jueves propone que los DNU deben contar con el apoyo de Diputados y Senadores en un plazo de 90 días. Sin ese respaldo parlamentario expreso, quedan derogados. “Los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la separación de poderes”, argumentó la senadora peronista Alejandra Vigo, de Hacemos por Córdoba. “Tratar esta modificación evita la tentación de gobernar con la suma del poder público”, remarcó.
La propuesta obtuvo el voto favorable de 56 senadores, mientras que 8 votaron en contra y 2 se abstuvieron. El debate continuará en la Cámara baja. De convertirse en ley, implicará una seria restricción para una herramienta a la que los presidentes argentinos han recurrido en forma reiterada en las últimas décadas y a la que Milei ha apelado casi tanto como a la motosierra: desde su asunción en diciembre de 2023, ha dictado más de 60 decretos de necesidad y urgencia.
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