El derecho al aborto no termina de hacerse efectivo en Colombia, y los intentos por revertir los avances legales que lo respaldan no cesan. Aunque la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación desde 2022, solo el 49,5% de las mujeres que lo solicitan logra acceso en el plazo legal, según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2025. La persuasión por parte del personal médico, la falta de información y las demoras para realizar el procedimiento son los mayores obstáculos que afectan la autonomía de las mujeres.
El derecho reconocido por Colombia se enfrenta a tales barreras que la mitad de las mujeres que lo solicitan no accede oportunamente
El derecho al aborto no termina de hacerse efectivo en Colombia, y los intentos por revertir los avances legales que lo respaldan no cesan. Aunque la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación desde 2022, solo el 49,5% de las mujeres que lo solicitan logra acceso en el plazo legal, según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2025. La persuasión por parte del personal médico, la falta de información y las demoras para realizar el procedimiento son los mayores obstáculos que afectan la autonomía de las mujeres.
Esas limitaciones se agravan con acciones de opositores que se empeñan en revertir la histórica decisión y que toman fuerza con el inminente regreso de la derecha al poder. El intento más reciente es el del representante a la Cámara David Cote, del uribista Centro Democrático, que ha radicado un proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 11 de la Constitución para establecer “la protección de la vida humana desde la fecundación”.
La iniciativa ya recibió el respaldo de congresistas del Partido Conservador y de Salvación Nacional, el partido que avaló la candidatura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y estrena representación en el Congreso de la República con cuatro escaños en el Senado y uno en la Cámara de Representantes. El apoyo antiaborto es uno de los actos de arranque de la recién estrenada bancada oficialista.
Para ser aprobada, la reforma constitucional debe superar ocho debates. La abogada Catalina Martínez, vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina, duda que la iniciativa prospere, aunque advierte los riesgos que implica. “Hemos enfrentado varios proyectos de este tipo en el Congreso y ninguno ha sido exitoso, pero el simple hecho de que se vuelva a abrir esta conversación pública es peligroso. Lo que ya existe es un derecho reconocido, con jurisprudencia de los últimos 20 años, y un servicio de salud que ha sido regulado y se debe garantizar”, enfatiza.
Martínez aclara que los intentos por revertir los derechos asegurados no alteran el marco legal que los protege. “Tenemos aborto legal. Las mujeres pueden acceder en cualquier momento durante las primeras 24 semanas del embarazo y, después de eso, bajo unas excepciones específicas. No podemos permitir que la desinformación nos lleve a enfrentar más barreras”, advierte. Después de la semana 24, el procedimiento solo se admite bajo las tres causales establecidas por la misma Corte en 2006: si está en riesgo la vida o la salud de la madre, si hay malformación del feto o si el embarazo es producto de violencia sexual.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el acceso al aborto seguro previene muertes de mujeres y evita lesiones graves por procedimientos clandestinos. Sin embargo, alrededor del 45% de los abortos en el mundo se realiza en condiciones de riesgo. Las mujeres de bajos recursos o que habitan en zonas remotas son las más expuestas. En el caso de Colombia, esa brecha afecta principalmente a mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes por la falta de infraestructura o de personal médico en poblaciones apartadas.
Los vacíos y las amenazas se cruzan con la ola de retrocesos en la región, que ha llegado de la mano de gobiernos de ultraderecha. En El Salvador, donde el aborto está prohibido sin excepciones desde 1998, se ha endurecido la criminalización de mujeres sospechosas de aborto o que enfrentan emergencias obstétricas, bajo la presidencia de Nayib Bukele. En Estados Unidos, la revocatoria de “Roe contra Wade”, tras la designación de jueces conservadores en el Tribunal Supremo en el primer mandato de Donald Trump, eliminó las protecciones federales y dejó a cargo de cada estado su propia legislación. Trump ha limitado la financiación de programas relacionados con derechos sexuales y reproductivos. En Argentina, el aborto sigue siendo legal hasta la semana 14, pero se ha dificultado el acceso efectivo. El presidente Javier Milei ha debilitado el respaldo estatal y las políticas públicas.
Esos espejos en administraciones afines a De la Espriella, quien rechaza la despenalización del aborto en Colombia, tienen en alerta a los movimientos feministas. Laura Pedraza, abogada de la mesa por la vida y la salud de las mujeres, señala que los discursos en contra de la interrupción voluntaria del embarazo aumentan la estigmatización. “Pueden influir en la decisión de los actores del sistema de salud o validar, por ejemplo, la conducta de profesionales que deciden poner barreras porque no están de acuerdo. También afectan el liderazgo comunitario de las personas que defendemos derechos sexuales y reproductivos”, sostiene.
Las leyes y las cortes han aclarado que las personas jurídicas, como los hospitales o las entidades promotoras de salud (EPS), no son titulares del derecho a la objeción de conciencia y sólo el profesional encargado de realizar directamente el procedimiento puede hacer uso de ese derecho constitucional. “En ningún caso, las personas que cumplen funciones asistenciales, de cuidado, preparatorias o posteriores a la intervención, o que cumplan funciones administrativas o de manejo o dirección, podrán negarse a que se practique la interrupción voluntaria del embarazo o demorar, obstruir, o negar el acceso a dicha atención”, se lee en una resolución expedida en 2023 por el Ministerio de Salud.
Con avances legales que protegen la decisión de las mujeres para la interrupción voluntaria del embarazo, limitaciones y nuevos riesgos para asegurar su implementación, las organizaciones de la sociedad civil fortalecen su defensa. “Hemos puesto a Colombia como referente en derechos sexuales y reproductivos. Logramos la primera despenalización del aborto [bajo tres causales] cuando estaba Álvaro Uribe como presidente. La segunda, al final del periodo de Iván Duque. Estamos preparadas independientemente del gobierno”, destaca Pedraza. Las organizaciones no están dispuestas a retroceder en décadas de lucha.
EL PAÍS
