Después de semanas de cálculo político en los pasillos del Congreso, se han reunido las 78 firmas para debatir las siete mociones de censura contra el presidente del Perú, José Jerí por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos de dudosa reputación, en el denominado Chifagate —en alusión a los restaurantes chinos llamados chifas—. El Parlamento se encuentra en receso, por lo que la sesión de este martes 17 de febrero a las 10 de la mañana, en la que se decidirá el futuro de Jerí, tendrá carácter extraordinario. Jerí, en el cargo desde el pasado octubre.
A menos de dos meses de las elecciones, el Parlamento considerará siete mociones de censura contra el jefe de Estado por sus reuniones con empresarios chinos
Después de semanas de cálculo político en los pasillos del Congreso, se han reunido las 78 firmas para debatir las siete mociones de censura contra el presidente del Perú, José Jerí por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos de dudosa reputación, en el denominado Chifagate —en alusión a los restaurantes chinos llamados chifas—. El Parlamento se encuentra en receso, por lo que la sesión de este martes 17 de febrero a las 10 de la mañana, en la que se decidirá el futuro de Jerí, tendrá carácter extraordinario. Jerí, en el cargo desde el pasado octubre.
Si Jerí cae en una de estas mociones supondría el segundo remezón en la política peruana en solo cuatro meses. A mediados de octubre, Dina Boluarte fue vacada por su incapacidad moral para combatir la crisis de inseguridad ciudadana en otra moción de censura. Jerí, cuya impopularidad creció de 43% a 61% en el último mes, atraviesa su momento más débil. De prosperar la iniciativa parlamentaria, Perú tendrá a su octavo presidente en una década y poco después, en julio, sumará al noveno. Ese sí, elegido en las urnas.
La citación fue anunciada por el presidente de la Cámara, Fernando Rospigliosi, a través de sus redes sociales. “Los promotores de la moción de censura, que cometieron varios errores, los han subsanado y acaban de presentar la moción en siete partes distintas (no es lo regular, pero se ha aceptado), con 78 firmas, justo el mínimo necesario”, escribió. El proceso no estuvo exento de controversia. El jueves, cuando los impulsores aseguraron haber alcanzado el número necesario de adhesiones, Rospigliosi sostuvo que solo 29 eran válidas, lo que obligó a rehacer el trámite.
La ofensiva parlamentaria se originó a finales de enero, cuando los programas periodísticos difundieron imágenes en las que se ve al mandatario ingresando de manera informal a un chifa en el distrito limeño de San Borja para reunirse con el empresario chino Zhihua Yang. La cita no figuraba en la agenda oficial y no se realizó en Palacio de Gobierno, lo que abrió cuestionamientos sobre la naturaleza y la transparencia del encuentro.
Las únicas agrupaciones que se han mantenido al margen de la iniciativa de derrocar a José Jerí son Somos Perú —partido al que pertenece el presidente— y Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori. El resto de fuerzas parlamentarias, con matices y diferentes grados de respaldo, terminaron sumándose al pedido.
De aprobarse la censura con al menos 66 votos, Jerí dejaría el cargo antes del término de su mandato y el Congreso procedería de inmediato a elegir a un nuevo titular del Legislativo, quien asumiría automáticamente la Presidencia de la República hasta el 28 de julio próximo. Rospigliosi fue enfático al describir ese escenario: “Los votos son los votos y si se le censura, porque así lo ha decidido el Congreso, el señor Jerí deja de ser presidente de la República y el Congreso pasa a elegir, inmediatamente, un nuevo presidente del Congreso que, automáticamente, se convierte en presidente de la República. Esa es la realidad. Nos guste o no nos guste”, ha explicado.
El propio Jerí compareció ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento para dar explicaciones. Allí reconoció como un “error” que las reuniones con el empresario se hayan producido fuera de Palacio de Gobierno, pero negó haber cometido ilícito alguno. “Admito el error, pero el error no es delito”, afirmó ante los legisladores. El mandatario sostuvo además que el episodio estaría siendo utilizado con fines políticos para entorpecer el proceso electoral previsto para abril y reiteró que no renunciará, pues hacerlo —dijo— equivaldría a aceptar la comisión de actos ilegales.
La controversia política coincide con un frente judicial abierto. Este viernes, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. La indagatoria se desarrollaría en un plazo de 90 días y busca determinar si el presidente ejerció injerencia indebida en al menos 11 contrataciones de mujeres que se reunieron con él en Palacio y luego obtuvieron trabajo en diversas dependencias del Estado.
La investigación fiscal y el proceso político en el Congreso añade presión y caos a un escenario ya marcado por la polarización. El pleno extraordinario del 17 de febrero será decisivo. El desenlace definirá la permanencia de Jerí en la Presidencia, y además el rumbo del país, que en dos meses deberá elegir a un nuevo presidente.
EL PAÍS
