El camino a las urnas de la izquierda colombiana sigue sin definirse. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha votado este lunes la ponencia que definía la participación de Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico, en la consulta presidencial del progresismo Frente por la Vida. Aunque la votación quedó 5 – 4, en contra de avalar su participación, la decisión se debe tomar con un mínimo de dos votos de diferencia.
El Consejo Nacional Electoral determinó que el candidato no puede participar de la consulta progresista que se votará el próximo 8 de marzo
El camino a las urnas de la izquierda colombiana sigue sin definirse. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha votado este lunes la ponencia que definía la participación de Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico, en la consulta presidencial del progresismo Frente por la Vida. Aunque la votación quedó 5 – 4, a favor de avalar su participación, la decisión se debe tomar con un mínimo de dos votos de diferencia. Por eso, el órgano electoral debe elegir ahora dos conjueces para destrabar la decisión.
Sin que se haya definido la participación de Cepeda, de lejos el aspirante con mayor favorabilidad según las encuestas, se complican los intentos por unificar las candidaturas de la izquierda a través de una consulta. El registrador general Hernán Penagos ha apelado a la Ley Estatutaria 1475, que fija las reglas de los procesos electorales en Colombia y prohíbe que un candidato participe en dos consultas interpartidistas. El nudo jurídico es que ninguna autoridad ha definido si la consulta del Pacto Histórico, ocurrida en octubre pasado y en la que resultó vencedor Cepeda, fue interna o interpartidista. Desde su militancia sostienen que se trató de una votación interna, entre candidatos de un mismo proyecto político. Las dudas, sin embargo, persisten porque el Pacto Histórico no era entonce un partido único, sino una coalición integrada por movimientos con personería jurídica independiente que estaban en proceso de fusión.
El problema sobre su naturaleza jurídica tiene sus orígenes en que, aunque el Pacto nació como coalición para agrupar a los partidos de izquierda, desde el año pasado han solicitado consolidarse como un solo partido político. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Superior de Bogotá han reconocido a medias su petición de fusionar varios movimientos políticos, excluyendo a algunos de los que habían solicitado la unión. En septiembre de 2025, el CNE avaló la fusión del Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista en el Pacto Histórico, pero dejó por fuera a la Colombia Humana, la colectividad fundadora de Gustavo Petro, y al movimiento Progresistas, argumentando que no cumplieron requisitos estatutarios y de cuórum para su incorporación.
La Registraduría, que en estos meses no resolvió de fondo el lío jurídico, remitió el caso al CNE, que este lunes no ha logrado mayorías para tomar una decisión. Según ese órgano electoral, la decisión debería ser tomada a más tardar el viernes 6 de febrero, un día antes de que comience la impresión del material electoral.
La otra demanda que deberá definir ese órgano electoral es la participación del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y quien enfrenta un juicio por corrupción derivado de su gestión al frente de la Alcaldía de Medellín, y que busca sumarse a la misma consulta presidencial. El nombre de Quintero apareció en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico de octubre pasado pese a que renunció a su aspiración apenas diez días antes de las votaciones, pero no formalizó su retiro ante la Registraduría. Por esa razón, sus votos fueron contabilizados y validados: 145.558 sufragios, equivalentes al 6,15 % del total. Con base en ese antecedente, la Registraduría concluyó que Quintero estaría inhabilitado para participar en la consulta denominada Frente por la Vida.
En su lugar, Quintero quiere rescatar sus banderas y salvar su aspiración a través de su esposa Diana Marcela Osorio, una figura sin trayectoria electoral y cuya única visibilidad pública se consolidó exclusivamente durante la alcaldía de Medellín, cuando ejerció como gestora social. Aunque ha intentado presentarse como un liderazgo autónomo, su nombre ha estado ligado casi de forma inseparable al proyecto político de su esposo y a las controversias de su administración. Aunque Quintero la ha defendido en redes sociales diciendo que “Diana nunca ha sido el plan B, siempre el plan A”, su eventual candidatura, promovida como un relevo ante los obstáculos jurídicos del exalcalde, refuerza la percepción de una estrategia para eludir las restricciones electorales antes que de una apuesta con bases propias.
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