Tras una semana de que se conociera la noticia sobre un derrame de petróleo en Veracruz y Tabasco, diversas organizaciones y comunidades de la zona han denunciado la indiferencia del Gobierno a la crisis que viven al menos 39 localidades que han resultado afectadas. La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México ha revelado que aún no cuentan con información sobre el origen, la magnitud ni los impactos del incidente, y han acusado a las autoridades de no actuar ante la emergencia. De acuerdo con un comunicado, algunas comunidades en su desesperación han retirado el chapopote de las playas y la laguna del Ostión sin la capacitación y el equipo requeridos para tales labores de limpieza, a pesar de los riesgos a su salud que esto puede provocar.
A una semana del incidente, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México asegura que hay 39 localidades afectadas y que las autoridades no han atendido la situación
Tras una semana de que se conociera la noticia sobre un derrame de petróleo en Veracruz y Tabasco, diversas organizaciones y comunidades de la zona han denunciado la indiferencia del Gobierno a la crisis que viven al menos 39 localidades que han resultado afectadas. La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México ha revelado que aún no cuentan con información sobre el origen, la magnitud ni los impactos del incidente, y han acusado a las autoridades de no actuar ante la emergencia. De acuerdo con un comunicado, algunas comunidades en su desesperación han retirado el chapopote de las playas y la laguna del Ostión sin la capacitación y el equipo requeridos para tales labores de limpieza, a pesar de los riesgos a su salud que esto puede provocar.
Según la Red, el derrame ha perjudicado a los municipios de Tatahuicapan, Mecayapan, Pajapan, Catemaco y San Andrés Tuxtla en Veracruz, y las zonas de Paraíso y Sánchez Magallanes en Tabasco. De las 39 localidades afectadas, situadas a lo largo de 230 kilómetros de litoral, la mayor parte de ellas se encuentran en Veracruz (30), mientras que el resto se ubican en Tabasco (9). Ramón García, de la asociación civil Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño -que integra la Red-, cuenta a EL PAÍS que los pescadores fueron los primeros en dar aviso de lo que estaba sucediendo. “El lunes a primera hora se documenta la primera afectación con unos pescadores que están ahí levantando sus redes con todo contaminado y todas manchadas”, comenta.
El boletín del Corredor Arrecifal señala que algunos municipios han tenido acercamientos con Petróleos Mexicanos (Pemex) y habían acordado que el viernes pasado se realizarían jornadas de limpieza en las playas de Tatahuicapan, Mecayapan y Pajapan, en Veracruz, pero la paraestatal no ha cumplido. “Hasta este momento, solamente en tres de las zonas afectadas Pemex, junto con una empresa contratada, ha realizado o está realizando el retiro de chapopote”, resaltan. También han criticado que en Paraíso y Sánchez de Magallanes, en Tabasco, Pemex no haya contratado a habitantes locales. Esta era una petición de las comunidades para compensar por las pérdidas económicas que los lugareños están sufriendo, en especial por la suspensión de la pesca.
García narra que las economías locales ya están resintiendo los efectos del derrame, desde los restauranteros hasta los vendedores. “Las localidades dependen directamente del comercio y del desarrollo turístico y necesitan esta temporada para generar recursos para poder solventar todo el año”, subraya. Ha resaltado además la historia de defensa del territorio que las comunidades damnificadas tienen y que, en 2017, las llevó a presentar un amparo en contra de la construcción de unas plataformas petroleras en su costa. “Han defendido y se han movilizado para la protección de ese mar y ahorita ya les pegó, lamentablemente desde un territorio muy lejano de donde están ellos”, afirma.
A pesar de que aún se desconoce el origen del petróleo que ha inundado sus playas, García comparte que desde el Corredor Arrecifal han identificado preliminarmente, por medio de imágenes satelitales, que la situación inició el 20 de febrero en aguas de Campeche. Esta falta de transparencia sobre las causas del derrame es una de las denuncias centrales de las organizaciones firmantes. “Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado información sobre la extensión, el tipo de derrame ni su posible fuente de origen, elementos indispensables para diseñar estrategias adecuadas de atención y garantizar la rendición de cuentas”, subrayan.
La fauna y la flora de la zona son otras de las grandes víctimas de la tragedia. En el comunicado, la Red apunta a posibles daños a los arrecifes de coral del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, los manglares de la laguna del Ostión y los animales que habitan esas playas, como los manatíes y las tortugas marinas que anidan en las playas que hoy se encuentran contaminadas. García ejemplifica la magnitud de la catástrofe con la aparición de un manatí muerto el domingo en el río de Coatzacoalcos. “Los manatíes son una especie muy sensible. Son un espejo de cómo se encuentra su hábitat”, sostiene.
Maribel Cervantes, integrante de la Red y habitante de la comunidad de San Juan Volador en Pajapan, ahonda en la gravedad: “Donde quedó en la orilla [el petróleo], los señores [de las localidades] empezaron a hacer la limpieza, pero donde se quedaba impregnado en las raíces de los manglares, sí es un poco complicado hacer una labor ahí”. Mientras el desastre ecológico se acentúa, el trabajo de restauración de años de la laguna del Ostión, realizado por comunidades indígenas de El Pescador y El Mangal, se ha esfumado de un día a otro. “Cada año se ha hecho reforestación, no solo con el manglar, sino que se ha hecho la devolución de las conchas que se extraen ahí. Se hace nuevamente la devolución a la laguna porque de esa manera vuelven a reproducirse estas especies”, apunta Cervantes.
Con el avance de la contaminación, y ante la inacción de las autoridades, la siguiente intervención —programada para este sábado— no se llevará a cabo. “El trabajo colectivo de restauración de 240 mujeres y hombres [en El Mangal] queda en incertidumbre”, denuncian en el boletín las comunidades que exigen que no se vulneren sus derechos a un medioambiente sano, a la salud y al territorio.
EL PAÍS
