Un fin de semana cualquiera, el Ajusco recibe a familias o grupos de amigos que se dan cita en esta zona para comer un antojito en algún restaurante, alquilar cuatrimotos, cabalgar, hacer senderismo, ciclismo o solo para buscar una salida del ritmo de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, esta área natural protegida, de 920 hectáreas y con el punto más alto de la capital —con 3.930 metros sobre el nivel del mar—, desde hace varios años arrastra consigo una sombra. A raíz de la desaparición de la joven Ana Amelí García, de la que no se conoce su rastro desde hace más de un mes y que fue vista por última vez en el Pico del Águila, familias y colectivos de búsqueda han levantado la bandera roja sobre un problema que no es nuevo: esta área boscosa y montañosa se ha convertido en un lugar inseguro, que sirve como cementerio clandestino y que se ha vuelto propicio para las desapariciones.
El pasado 12 de julio, Ana Amelí, una joven senderista de 19 años, desapareció cuando se disponía a bajar del Ajusco. Tenía que encontrarse con unos amigos para ascender, pero estos nunca llegaron. Le informó a su familia que subiría con un grupo de personas que había conocido en el lugar. Alcanzó a comunicar a sus padres que llegó al Pico del Águila, un sitio recurrente para los montañistas en esta zona, y les mandó una foto desde lo alto. Esa es la última ubicación que se tiene registrada desde su celular. Desde ese día, colectivos de búsqueda, familiares, personal de la Fiscalía, binomios caninos y sobrevuelos con helicóptero la han buscado.
Otro caso emblemático que ejemplifica la problemática alrededor de esta área es el de Pamela Gallardo, quien desapareció hace ya casi ocho años, en noviembre de 2017, en el kilómetro 13,5 de la carretera Picacho-Ajusco, cuando asistió al concierto de música electrónica Soultech junto a su novio y amigos. María del Carmen Volante, su madre, no ha parado de buscarla. Lleva consigo siempre un mandil preparado con la foto de su hija. Ya desde ese entonces, la mujer advertía que el Ajusco es un punto rojo utilizado para abandonar u ocultar cuerpos de otros puntos del Valle de México.
Ashanti Ríos, prima de Pamela, ha acompañado a María del Carmen en numerosas búsquedas. Afirma que es importante pensar al Ajusco como un espacio geopolítico y geoestratégico, en el sentido que es donde queda el cinturón de la ciudad. En esta zona, explica, existen pugnas por despojo de tierras.
Muchos de esos espacios son propiedad de comunidades ejidatarias que se entretejen y disputan con el avance inmobiliario, el aprovechamiento de las áreas de recreación y la presencia del crimen organizado, “una conversación que se ha eludido totalmente en los discursos oficiales”, al ser una zona limítrofe entre alcaldías como Tlalpan, principalmente, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. En estas alcaldías que colindan con el Ajusco, según distintos colectivos de búsqueda y expertos en seguridad, proliferan actividades de grupos delincuenciales que se dedican al robo, al narcomenudeo, los talamontes y redes de extorsión y secuestro, actividades lideradas por criminales extranjeros.
“En los últimos años, y ahí está la contradicción, se han puesto mandos de Guardia Nacional y las desapariciones no bajaron, al contrario, se acrecentaron. Además, convergen diferentes fronteras estatales. La del Estado de México, Morelos y Ciudad de México. Cuando uno se adentra ya con mirada de búsqueda, te das cuenta de que es un espacio excepcional para implementar las pedagogías de la crueldad”, afirma Ashanti Ríos.
De acuerdo con los datos estadísticos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde inicios de 2017 hasta julio de este año, en Tlalpan se han reportado 263 personas desaparecidas. Sin embargo, las cifras no son precisas, pues la consulta pública del mismo RNPDNO arroja una cifra de 305 personas en el mismo tiempo.
Procedimientos lentos y falta de coordinación
Las fichas de búsqueda pegadas en las paradas de camiones y colgadas en postes, en distintos tamaños, así como lonas con rostros de mujeres y hombres jóvenes extendidas en distintas superficies, se han convertido en parte del retrato que se puede hallar en las colonias aledañas a la zona boscosa del Ajusco. Uno que ha llamado la atención en los últimos meses, es el de Olin Hernando Vargas, un joven de 24 años que fue secuestrado en el Paraje Valle del Tezontle, sobre la carretera que circunda el área.
Sus padres, Fernando Vargas y Deli Ojeda, quienes llevan puestas playeras con el rostro de su hijo, cuentan que este tenía que verse con una amiga el 26 de noviembre de 2024, hace nueve meses. Fue en su coche y no llegó a su destino. La madrugada del 27 de noviembre comenzaron a recibir mensajes en los que les decían que Olin fue secuestrado y pedían un rescate de seis millones de pesos. Tres días después, su coche fue hallado sobre la carretera, con restos de sangre y un pedazo de su playera. Los captores no se volvieron a comunicar y hasta la fecha no se conoce su paradero.
Los padres de Olin reclaman la falta de coordinación y una respuesta a destiempo entre la unidad de antisecuestros de la policía, la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía de Ciudad de México. Les dijeron que no podían hacer difusión sobre la desaparición de su hijo porque esto podía entorpecer el proceso de negociación por un presunto secuestro. Fernando dice que la investigación y los procesos para dar con los captores de su hijo se hicieron a destiempo, ya que la policía no cuenta con recursos para hacer un trabajo de campo en profundidad. Esto ocasionó que perdieran el rastro de los autores materiales.
Cuatro meses después, la Comisión de Búsqueda y el Ministerio Público se comunicaron con los padres de Olin para que iniciaran con la labor de difusión por la desaparición de su hijo. “Esa búsqueda debería haber sido inmediata, como con el caso de Ana Amelí. ¿Buscar cuatro meses después? ¿Ya para qué? El daño ya estaba hecho”, afirma Fernando Vargas.
El rastro de muerte es innegable. Omar Tapia, voluntario y activista de Eje de Iglesias, un componente de las Brigadas Nacionales de Búsqueda de Personas en México, informó en pasado mayo, ante los medios, que se hallaron seis restos óseos en el Ajusco durante dos días de búsqueda. Fernando Vargas relata que a pocos metros de distancia de donde encontraron el coche de su hijo, hallaron una mandíbula de una persona que, por su estado, databa de años. De igual manera, la madre buscadora y fundadora del colectivo Una Luz en el camino, Jaqueline Palmeros, halló, en noviembre de 2024, los restos de su hija Monserrat Uribe Palmeros tras cuatro años de búsqueda gracias a un plano que ella misma trazó. Dos fragmentos óseos fueron localizados en el Ajusco y meses después cotejados con prueba de ADN.
Necesidad de un trabajo real
La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, presentó en abril la Estrategia para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030 con 20 acciones y la inversión de 250 millones de pesos. Este 26 de agosto dieron inicio las jornadas de búsqueda generalizada en la Sierra de Guadalupe, donde se ha desplegado a más de 400 personas, entre células de búsqueda de personas y grupos de madres buscadoras, donde permanecerán durante las próximas semanas recorriendo varios parajes.
María del Carmen Volante, quien en su labor por encontrar a Pamela ha visto pasar a cinco titulares de la Fiscalía de Ciudad de México y a cuatro de la Comisión de Búsqueda capitalina, ve con preocupación la realización de estas brigadas, en el sentido de que evaden la “necesidad de un trabajo real” en la investigación dentro de las carpetas jurídicas.
Insiste en la necesidad de formación de grupos especializados de búsqueda y con una remuneración justa. “El personal que nos acompaña está muy mal pagado, que son los bomberos, Grupo Zorros, entre otras personas que son las que entran. En primera, a arropar a las familias. En segunda, protegernos y en tercera, arriesgando su vida”, precisa Volante.
Fernando Vargas afirma que hay personas con “muy buenas intenciones” en las comisiones de búsqueda, pero que realmente no tienen la facultad para lograr resultados reales. Entiende el descontento de las madres buscadoras y cómo la burocracia revictimiza a las personas que perdieron a un familiar. “Nos mandan a mil instancias para no obtener resultados”, recalca.
A ocho meses transcurridos de 2025, según datos del RNPDNO, Ciudad de México ha alcanzado la cifra de 1.459 personas desaparecidas y no localizadas, 167 más que en 2024 y 602 más que en 2023. EL PAÍS se contactó con la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital para obtener una declaración, pero hasta la publicación de este artículo no ha obtenido respuesta.
Ricardo García, el padre de Ana Amelí, es consciente de lo afortunados que fueron con la respuesta respecto al caso de su hija. Gracias a que se propagó en los medios y se hizo viral, las autoridades les voltearon a ver. “Me ha tocado conversar con familias a las que no les han abierto una carpeta de investigación en año y medio. Prácticamente, no hace nada a la Fiscalía, por la cantidad de casos, por lo limitado de sus recursos, por la burocracia, por la falta de capacitación. Entonces sí es una situación supercomplicada”, sentencia.
Casos de desaparición y rapto recientes, alrededor de esta área boscosa-montañosa, evidencian los problemas de seguridad y el conflicto burocrático para las búsquedas en esta zona que afecta a varios municipios y tres Estados
Un fin de semana cualquiera, el Ajusco recibe a familias o grupos de amigos que se dan cita en esta zona para comer un antojito en algún restaurante, alquilar cuatrimotos, cabalgar, hacer senderismo, ciclismo o solo para buscar una salida del ritmo de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, esta área natural protegida, de 920 hectáreas y con el punto más alto de la capital —con 3.930 metros sobre el nivel del mar—, desde hace varios años arrastra consigo una sombra. A raíz de la desaparición de la joven Ana Amelí García, de la que no se conoce su rastro desde hace más de un mes y que fue vista por última vez en el Pico del Águila, familias y colectivos de búsqueda han levantado la bandera roja sobre un problema que no es nuevo: esta área boscosa y montañosa se ha convertido en un lugar inseguro, que sirve como cementerio clandestino y que se ha vuelto propicio para las desapariciones.
El Ajusco, en el sur de la Ciudad de México, es un macizo montañoso con parajes solitarios y de difícil acceso. La geografía accidentada, los caminos de terracería y la escasa vigilancia hacen de este territorio un espacio donde la búsqueda de personas desaparecidas se vuelve aún más compleja.
Fuente: Elaboración propia – Mónica Juárez Martín. EL PAÍS.
El pasado 12 de julio, Ana Amelí,una joven senderista de 19 años, desapareció cuando se disponía a bajar del Ajusco. Tenía que encontrarse con unos amigos para ascender, pero estos nunca llegaron. Le informó a su familia que subiría con un grupo de personas que había conocido en el lugar. Alcanzó a comunicar a sus padres que llegó al Pico del Águila, un sitio recurrente para los montañistas en esta zona, y les mandó una foto desde lo alto. Esa es la última ubicación que se tiene registrada desde su celular. Desde ese día, colectivos de búsqueda, familiares, personal de la Fiscalía, binomios caninos y sobrevuelos con helicóptero la han buscado.
Otro caso emblemático que ejemplifica la problemática alrededor de esta área es el de Pamela Gallardo, quien desapareció hace ya casi ocho años, en noviembre de 2017, en el kilómetro 13,5 de la carretera Picacho-Ajusco, cuando asistió al concierto de música electrónica Soultech junto a su novio y amigos. María del Carmen Volante, su madre, no ha parado de buscarla. Lleva consigo siempre un mandil preparado con la foto de su hija. Ya desde ese entonces, la mujer advertía que el Ajusco es un punto rojo utilizado para abandonar u ocultar cuerpos de otros puntos del Valle de México.
Ashanti Ríos, prima de Pamela, ha acompañado a María del Carmen en numerosas búsquedas. Afirma que es importante pensar al Ajusco como un espacio geopolítico y geoestratégico, en el sentido que es donde queda el cinturón de la ciudad. En esta zona, explica, existen pugnas por despojo de tierras.
Muchos de esos espacios son propiedad de comunidades ejidatarias que se entretejen y disputan con el avance inmobiliario, el aprovechamiento de las áreas de recreación y la presencia del crimen organizado, “una conversación que se ha eludido totalmente en los discursos oficiales”, al ser una zona limítrofe entre alcaldías como Tlalpan, principalmente, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. En estas alcaldías que colindan con el Ajusco, según distintos colectivos de búsqueda y expertos en seguridad, proliferan actividades de grupos delincuenciales que se dedican al robo, al narcomenudeo, los talamontes y redes de extorsión y secuestro, actividades lideradas por criminales extranjeros.
“En los últimos años, y ahí está la contradicción, se han puesto mandos de Guardia Nacional y las desapariciones no bajaron, al contrario, se acrecentaron. Además, convergen diferentes fronteras estatales. La del Estado de México, Morelos y Ciudad de México. Cuando uno se adentra ya con mirada de búsqueda, te das cuenta de que es un espacio excepcional para implementar las pedagogías de la crueldad”, afirma Ashanti Ríos.
De acuerdo con los datos estadísticos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde inicios de 2017 hasta julio de este año, en Tlalpan se han reportado 263 personas desaparecidas. Sin embargo, las cifras no son precisas, pues la consulta pública del mismo RNPDNO arroja una cifra de 305 personas en el mismo tiempo.
Procedimientos lentos y falta de coordinación
Las fichas de búsqueda pegadas en las paradas de camiones y colgadas en postes, en distintos tamaños, así como lonas con rostros de mujeres y hombres jóvenes extendidas en distintas superficies, se han convertido en parte del retrato que se puede hallar en las colonias aledañas a la zona boscosa del Ajusco. Uno que ha llamado la atención en los últimos meses, es el de Olin Hernando Vargas, un joven de 24 años que fue secuestrado en el Paraje Valle del Tezontle, sobre la carretera que circunda el área.
Sus padres, Fernando Vargas y Deli Ojeda, quienes llevan puestas playeras con el rostro de su hijo, cuentan que este tenía que verse con una amiga el 26 de noviembre de 2024, hace nueve meses. Fue en su coche y no llegó a su destino. La madrugada del 27 de noviembre comenzaron a recibir mensajes en los que les decían que Olin fue secuestrado y pedían un rescate de seis millones de pesos. Tres días después, su coche fue hallado sobre la carretera, con restos de sangre y un pedazo de su playera. Los captores no se volvieron a comunicar y hasta la fecha no se conoce su paradero.
Los padres de Olin reclaman la falta de coordinación y una respuesta a destiempo entre la unidad de antisecuestros de la policía, la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía de Ciudad de México. Les dijeron que no podían hacer difusión sobre la desaparición de su hijo porque esto podía entorpecer el proceso de negociación por un presunto secuestro. Fernando dice que la investigación y los procesos para dar con los captores de su hijo se hicieron a destiempo, ya que la policía no cuenta con recursos para hacer un trabajo de campo en profundidad. Esto ocasionó que perdieran el rastro de los autores materiales.
Cuatro meses después, la Comisión de Búsqueda y el Ministerio Público se comunicaron con los padres de Olin para que iniciaran con la labor de difusión por la desaparición de su hijo. “Esa búsqueda debería haber sido inmediata, como con el caso de Ana Amelí. ¿Buscar cuatro meses después? ¿Ya para qué? El daño ya estaba hecho”, afirma Fernando Vargas.
El rastro de muerte es innegable. Omar Tapia, voluntario y activista de Eje de Iglesias, un componente de las Brigadas Nacionales de Búsqueda de Personas en México, informó en pasado mayo, ante los medios, que se hallaron seis restos óseos en el Ajusco durante dos días de búsqueda. Fernando Vargas relata que a pocos metros de distancia de donde encontraron el coche de su hijo, hallaron una mandíbula de una persona que, por su estado, databa de años. De igual manera, la madre buscadora y fundadora del colectivo Una Luz en el camino, Jaqueline Palmeros, halló, en noviembre de 2024, los restos de su hija Monserrat Uribe Palmeros tras cuatro años de búsqueda gracias a un plano que ella misma trazó. Dos fragmentos óseos fueron localizados en el Ajusco y meses después cotejados con prueba de ADN.
Necesidad de un trabajo real
La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, presentó en abril la Estrategia para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030 con 20 acciones y la inversión de 250 millones de pesos. Este 26 de agosto dieron inicio las jornadas de búsqueda generalizada en la Sierra de Guadalupe, donde se ha desplegado a más de 400 personas, entre células de búsqueda de personas y grupos de madres buscadoras, donde permanecerán durante las próximas semanas recorriendo varios parajes.
María del Carmen Volante, quien en su labor por encontrar a Pamela ha visto pasar a cinco titulares de la Fiscalía de Ciudad de México y a cuatro de la Comisión de Búsqueda capitalina, ve con preocupación la realización de estas brigadas, en el sentido de que evaden la “necesidad de un trabajo real” en la investigación dentro de las carpetas jurídicas.
Insiste en la necesidad de formación de grupos especializados de búsqueda y con una remuneración justa. “El personal que nos acompaña está muy mal pagado, que son los bomberos, Grupo Zorros, entre otras personas que son las que entran. En primera, a arropar a las familias. En segunda, protegernos y en tercera, arriesgando su vida”, precisa Volante.
Fernando Vargas afirma que hay personas con “muy buenas intenciones” en las comisiones de búsqueda, pero que realmente no tienen la facultad para lograr resultados reales. Entiende el descontento de las madres buscadoras y cómo la burocracia revictimiza a las personas que perdieron a un familiar. “Nos mandan a mil instancias para no obtener resultados”, recalca.
A ocho meses transcurridos de 2025, según datos del RNPDNO, Ciudad de México ha alcanzado la cifra de 1.459 personas desaparecidas y no localizadas, 167 más que en 2024 y 602 más que en 2023. EL PAÍS se contactó con la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital para obtener una declaración, pero hasta la publicación de este artículo no ha obtenido respuesta.
Ricardo García, el padre de Ana Amelí, es consciente de lo afortunados que fueron con la respuesta respecto al caso de su hija. Gracias a que se propagó en los medios y se hizo viral, las autoridades les voltearon a ver. “Me ha tocado conversar con familias a las que no les han abierto una carpeta de investigación en año y medio. Prácticamente, no hace nada a la Fiscalía, por la cantidad de casos, por lo limitado de sus recursos, por la burocracia, por la falta de capacitación. Entonces sí es una situación supercomplicada”, sentencia.
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