Al arrancar la segunda década del siglo, Genaro García Luna quería cuerpos policiales estatales que suplieran a las policías municipales. Fue uno de los intentos en el Gobierno de Felipe Calderón por apaciguar esa guerra que, iniciada por él en 2006, lo desbordaba.
El cuerpo pagó un costo altísimo por el operativo militar en Tapalpa. Por desgracia, nadie puede descartar nuevas represalias de la organización del Mencho o de otro
Al arrancar la segunda década del siglo, Genaro García Luna quería cuerpos policiales estatales que suplieran a las policías municipales. Fue uno de los intentos en el Gobierno de Felipe Calderón por apaciguar esa guerra que, iniciada por él en 2006, lo desbordaba.
García Luna pretendía complementar así, desde los Estados, a la Policía Federal. Entonces, como ahora, las policías de los municipios estaban, en general, mal capacitadas. Sus elementos carecían del perfil idóneo, tenían salarios de hambre y eran cooptadas fácilmente.
Uno de los que se opuso a la propuesta del secretario de Seguridad en el segundo sexenio panista fue el priista Aristóteles Sandoval, por aquel tiempo alcalde de Guadalajara y vocero de los ediles, y quien, a partir de 2012, sería gobernador de Jalisco.
Tres lustros después, García Luna está preso en Estados Unidos por narcotráfico y corrupción, Aristóteles Sandoval está enterrado en el mismo panteón en el que está quien es visto como el autor intelectual de su asesinato en 2020, Nemesio El Mencho Oseguera, y México honra a uniformados muertos tras la operación militar en la que cayó el líder y fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Los 25 elementos de la Guardia Nacional muertos el 22 de febrero tras el operativo en contra del Mencho, sumados a los tres miembros del Ejército caídos esa mañana en Tapalpa, han suscitado inéditas muestras de solidaridad en un país que se pregunta si por fin tiene un cuerpo de seguridad pública como el que ha añorado por décadas.
La cuestión no es trivial. En su relación con las fuerzas del orden, México está acostumbrado al desencanto, a la mueca de amarga ironía que premia suspicacias cuando se exhibe a un agente de tránsito intentando una mordida, a un jefe policial robando o a un general narco.
Para un mexicano de calle, aprender que la desconfianza ante un policía paga siempre resultó fácil.
Cuando mataron al periodista Manuel Buendía en 1984, acabó preso su amigo, el jefe de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Cuando, en febrero de 1985, el narcotraficante Rafael Caro Quintero asesinó a Enrique Camarena Salazar, huyó con “charola” (credencial) de la DFS. Y cuando, meses después, en septiembre, tembló en Ciudad de México, los sótanos de la Fiscalía resultaron calabozos de tortura.
Desde entonces, y hasta García Luna, que ingresó por todo lo alto a esa galería de antiejemplos con su sentencia en EE UU en 2024, la policía es un dolor de cabeza, una gran asignatura pendiente a pesar de notables esfuerzos personales a nivel nacional y local.
Fiel a su estilo de borrar el pasado, el obradorismo intentó subsanar el problema creando una corporación que, mientras desperdiciaba lo que intentaron consolidar Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con la Policía Federal y la Gendarmería, tenía como pie de cría a las fuerzas armadas.
López Obrador improvisó una Guardia Nacional que, a pesar de las críticas de expertos y opositores, nació pensada como una falange del Ejército. Hoy, sus más de 120.000 elementos están desplegados en todo el territorio y el 22 de febrero padecieron un bautizo de sangre.
Cuando, al amanecer de ese domingo, el Ejército se lanzó en el serrano pueblo de Tapalpa a detener a Nemesio Oseguera, la respuesta del Cartel Jalisco Nueva Generación fue ofrecer unos 1.000 dólares por cada elemento federal asesinado. Al reportar los hechos y dar cuenta de los 25 decesos en la Guardia Nacional y los tres en el Ejército, al general secretario, Ricardo Trevilla, se le quebró la voz.
En los siguientes días se multiplicaron los llamados a honrar la memoria de los elementos que fueron masacrados por los criminales en represalia por el descabezamiento del CJNG. Y esta semana, en ceremonia privada, la presidenta, Claudia Sheinbaum, los homenajeó.
La Guardia Nacional está lejos de ser perfecta. Su consolidación en estos años no ha ocurrido sin escándalos. Hay un puñado de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de elementos de la GN por delitos graves como tortura, asesinato y desaparición forzada. Además, se han publicado denuncias periodísticas por casos de violación, huachicol y hasta por facilitar la huida de delincuentes.
La promesa hecha desde Palacio Nacional de que la Guardia Nacional sería un cuerpo incorruptible y profesional ha servido, por el contrario, para escalar en las mañaneras algunas de esas denuncias por graves actos en que algunos de sus miembros han incurrido.
En todo caso, la de la Guardia Nacional es una reputación que aún no se consolida. La GN ha de recuperar el tiempo perdido por la política de abrazos y no balazos del sexenio anterior, cuando eran vistos como uniformados que cuando mucho se dedicaban a patrullar.
Lo anterior terminó el 22 de febrero. La Guardia Nacional pagó un costo altísimo por el operativo militar en Tapalpa y por desgracia nadie puede descartar nuevas represalias del grupo del Mencho, o de otro, en este sexenio donde se les combate decididamente.
El miércoles, día del homenaje de la presidenta a los abatidos por el operativo de Tapalpa, ante las familias de soldados y de miembros de la Guardia Nacional, Sheinbaum dijo que su dolor es “el dolor de la nación”, y que su “orgullo, es orgullo de la nación. El pueblo de México abraza su dolor y honra para siempre su sacrificio”.
Desde el día de los hechos, la identidad de los fallecidos se ha mantenido en reserva. Eso es para salvaguardar la integridad de los familiares de estas víctimas del cartel. Ya en el pasado fue dolorosa la masacre de la familia de un marino en un caso parecido.
Ese precavido anonimato obliga en doble medida a los miembros de la Guardia Nacional a estar a la altura de los compromisos que asumieron. Porque el actuar de cada uno de ellos, en caso de desviarse de lo debido y esperado, será en detrimento de los que, según palabras de la presidenta en el homenaje, desde el 22 de febrero “forman ya parte de la memoria de la nación”.
Pero también obliga a los mandos a no exponer a ese regimiento a labores que, por un lado, malbaratan el perfil de estos elementos en un país con graves desafíos de seguridad y, por otro, los desprestigiarán ante ciudadanos cansados de añejos abusos.
La decisión de poner a la Guardia Nacional a perseguir conductores que se contratan a través de plataformas digitales, como se ha anunciado que harán de nuevo en el aeropuerto de Ciudad de México y como ocurre desde hace meses en el de Guadalajara, es una torpeza.
Así como desde hace décadas México batalla para constituir policías profesionales, también data de muy atrás la inconformidad ciudadana con la forma en que el Gobierno federal es cómplice o negligente de abusos de los prestadores de servicios de taxi de los aeropuertos.
Casos como el de Cancún, donde ha habido golpes a conductores de plataforma y turistas, son un extremo no muy lejano al férreo cacicazgo que ejercen los tenedores de concesiones de taxi en aeropuertos de las grandes metrópolis mexicanas.
Una práctica común de la corrupción en tiempos priistas era dar a cuates concesiones de taxi. Cuando llegaron los gobiernos de la transición se pensó que en casos como el de los taxistas de aeropuertos al fin habría cambio.
Fue otra de las claras decepciones de las alternancias. Y con terminales aéreas militarizadas, como es el caso del Benito Juárez en la capital mexicana, que desde el sexenio pasado se le entregó a la Marina, el yugo de altos precios cartelizados sigue igualito.
La Guardia Nacional no debe pagar la impericia y la complicidad de administradores de aeropuertos y autoridades varias, que sexenios pasan y siguen incapaces de regular a taxistas abusivos o de adaptar los aeropuertos a una nueva realidad de servicios digitales.
El obradorismo lleva años prometiendo acceso funcional a autos de plataformas en terminales aéreas. Si son incapaces, lo único que queda pedir es que no trasladen el costo a la Guardia Nacional, que no debe ser depositaria del hartazgo de una sociedad que desespera ante gobiernos que creen meritorio perseguir plataformas mientras consienten a los concesionarios de siempre.
La operación que concluyó con el fundador del CJNG arroja saldos positivos así sean preliminares. Uno de los más alentadores sería que la Guardia Nacional se consolide como la policía que México espera hace mucho. Honrarían la memoria de sus compañeros caídos y el país entero se los reconocerá.
EL PAÍS
