Costa Rica es un país de paz. Así lo reza su himno nacional, se enseña en sus aulas y se ha proyectado en todos los foros internacionales. La nación centroamericana—que abolió sus fuerzas armadas en 1948—elevó este ideal a principio de Estado en 1983 con la proclama de la “Neutralidad Perpetua, Activa y No Armada”. Sin embargo, en los últimos meses el país ha dado un giro diplomático inédito que pone en entredicho este fundamento.
El Gobierno de Rodrigo Chaves se alinea con el presidente estadounidense al declarar grupos terroristas a Hamás y Hezbolá, cerrar su embajada en Cuba y aceptar migrantes deportados por Washington
Costa Rica es un país de paz. Así lo reza su himno nacional, se enseña en sus aulas y se ha proyectado en todos los foros internacionales. La nación centroamericana—que abolió sus fuerzas armadas en 1948—elevó este ideal a principio de Estado en 1983 con la proclama de la “Neutralidad Perpetua, Activa y No Armada”. Sin embargo, en los últimos meses el país ha dado un giro diplomático inédito que pone en entredicho este fundamento.
El Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno costarricense declaró el 6 de abril como grupos terroristas a varios actores implicados en el actual conflicto en Oriente Próximo, incluyendo a Hamás, Hezbolá, los hutíes y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Según el comunicado oficial, la decisión se tomó “en concordancia con los principios internacionales del país en la lucha contra el terrorismo”, un movimiento que alinea estrechamente a los centroamericanos con la estrategia de seguridad de Estados Unidos.
Esta decisión del saliente Gobierno de Rodrigo Chaves no es un hecho aislado. Para Carlos Torres, analista de política internacional y profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), el “mito” de la neutralidad perpetua “murió” en 2022, cuando Costa Rica mostró su apoyo explícito a Ucrania ante la invasión de Rusia.
Para el experto, hay un contraste evidente al comparar ese posicionamiento con la cautela que Costa Rica mantuvo por más de dos años con la invasión de Israel a Gaza. “Si bien el país aboga por un conflicto resuelto de manera pacífica, nunca declara a Israel como un país agresor, sino que de una forma muy sutil lo esconde bajo el discurso de la libre determinación de los pueblos”, explica.
Tras la respuesta de Israel a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Costa Rica e Israel suspendieron las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con el que los centroamericanos buscaban atraer inversión en tecnología. En diciembre de 2025, no obstante, ambos países firmaron el tratado, que ahora solo debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa, que a partir del 1 de mayo tendrá mayoría oficialista.
Esta fortalecida relación comercial con Israel y el hecho de que Estados Unidos sea el principal aliado comercial de Costa Rica (50% de las exportaciones costarricenses van al país norteamericano) son, para Torres, la explicación del giro “de un idealismo internacional a un pragmatismo comercial” y de por qué Costa Rica condena a grupos terroristas pero “no dice nada de los ataques de Estados Unidos e Israel hacia Irán”.
El despacho del ministro de Exteriores costarricense, Arnoldo André —que no forma parte del Consejo de Seguridad Nacional, aunque es el encargado de comunicar sus decisiones por la vía diplomática—, negó por medio de un oficio enviado a EL PAÍS que la declaratoria de grupos terroristas ponga en riesgo la neutralidad de la nación. En la Cancillería explicaron que la decisión se inserta en una “concepción moderna de la neutralidad” y aclararon que la designación no constituye “una toma de posición en un conflicto bélico ni una forma de intervención en las hostilidades”. Se trata, según dijeron, de un ejercicio legítimo para “prevenir el financiamiento del terrorismo y proteger el orden público”.
Para el Gobierno, la neutralidad costarricense no debe implicar “inacción frente a fenómenos que comprometen la paz y la seguridad internacionales”. El oficio subraya que la decisión es coherente con la tradición pacifista del país y argumenta que la protección de los ciudadanos frente a “amenazas asimétricas” es una “obligación que el Estado debe atender activamente dentro del marco del derecho internacional”.
Apoyo a operaciones en América
En paralelo a su posicionamiento en los conflictos de otros continentes, el Gobierno también ha mostrado su simpatía por la agenda que Estados Unidos ha llevado hacia adelante en el continente americano. El guiño más claro a Washington fue el cierre de la embajada costarricense en Cuba el pasado 18 de marzo, en medio de la crisis humanitaria que atraviesa la isla.
Carlos Murillo, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), afirma que el Ejecutivo cerró esa embajada para “congraciarse” con Estados Unidos sin “ninguna evidencia de que Washington le haya pedido a Costa Rica que rompiera relaciones diplomáticas con Cuba”. “Hacer esto es desconocer el manejo de la política exterior porque cuestionar al régimen castrista no significa que haya que abandonar al pueblo cubano”, dice el analista.
La decisión de Costa Rica, además, se dio pocos días después de que el Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, otro de los aliados del mandatario Donald Trump en la región, expulsara al embajador cubano de Quito. Todo esto sucedió en marzo, coincidiendo con la declaración del Escudo de las Américas de Donald Trump, la alianza contra el narcotráfico para la que el presidente estadounidense convocó a sus aliados de la región, incluidos, además de Chaves y Noboa, otros mandatarios latinoamericanos como Nayib Bukele y Javier Milei.
Costa Rica suscribió el Escudo de las Américas con la particularidad de que es el único país de la alianza que no cuenta con Ejército. Aunque el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, ha defendido en distintas declaraciones a medios de comunicación que no se trata de un acuerdo militar, ya la Sala Constitucional tramita recursos de amparo interpuestos por ciudadanos que cuestionan la legalidad de esta adhesión.
“Lo llamen alianza o como quieran, lo cierto es que es una manifestación del Gobierno de Costa Rica a favor de la militarización de la lucha contra el crimen organizado y representa una narrativa que es claramente militarista que nunca ha estado en el lenguaje de los presidentes de Costa Rica”, explica el analista Murillo.
A finales del año pasado, con los votos de la oposición, el Congreso aprobó la entrada de 195 naves de la Guardia Costera estadounidense para la realización de operativos contra el narcotráfico. En marzo, las fuerzas estadounidenses atacaron una supuesta narcolancha en aguas costarricenses—como ha sucedido también en Colombia—que resultó con la muerte de dos de sus tripulantes, ambos ecuatorianos, y la entrega de un tercer tripulante colombiano a las autoridades costarricenses.
Según Carlos Murillo, Costa Rica estableció la neutralidad como “política de Estado y no como decisión de gobiernos de turno” y esto se mantuvo firme con la excepción de cuando el presidente Abel Pacheco decidió apoyar la invasión estadounidense en Irak en 2003, pero de lo que finalmente debió retractarse por orden de la Sala Constitucional.
“Es una decisión de Estado que se ha venido reafirmando gobierno con gobierno hasta el 2022, con la llegada de Rodrigo Chaves, quien comienza a distanciarse de esos principios”, comenta Murillo.
Hugo Vargas, historiador de la Universidad de Costa Rica especializado en Centroamérica, considera que, más allá de los acontecimientos recientes,hay que “relativizar” el concepto de la neutralidad. “En la historia contemporánea Costa Rica no ha sido neutral, sino que ha tenido una postura siempre muy identificada con los intereses de los Estados Unidos y nunca ha habido un cuestionamiento a la política exterior norteamericana”, sostiene el académico.
El historiador puntualiza que, en la década de los ochenta, con casi toda Centroamérica inmersa en conflictos, Estados Unidos presionó a Costa Rica porque quería tener bases militares para poder “encerrar” a Nicaragua, lo que llevó al gobierno de entonces a declararse neutral. “El presidente Luis Alberto Monge lo hace ante todo como una respuesta a las políticas belicosas de aquel entonces, pero no como una actitud inamistosa hacia los Estados Unidos”, agrega el historiador.
Seguidor “acrítico” de Washington
Vargas opina que Costa Rica se ha convertido en un “seguidor acrítico” de toda la política norteamericana, obviando incluso “aspectos que violentan los derechos humanos como es traer personas migrantes al país contra su voluntad”, dice el historiador en referencia al memorándum que firmaron ambos países, en el que Costa Rica se comprometió a seguir recibiendo migrantes de terceros países deportados del territorio estadounidense.
Torres, por su parte, cree que las autoridades costarricenses actúan guiadas por un “pragmatismo” con el fin de no poner en riesgo sectores estratégicos de la economía de Costa Rica, como el desarrollo de dispositivos médicos.
El analista explica así los “silencios estratégicos” en temas que podrían tensar la relación con Washington, como el caso de Randall Gamboa, costarricense deportado en condición vegetativa de un centro de detención de migrantes en Texas que falleció unas semanas después de su regreso a Costa Rica.
EL PAÍS
