Un grupo de congresistas demócratas envió este miércoles una carta a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Comercio, Scott Bessent, así como al fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, para expresar su “profunda preocupación ante la injerencia descarada de altos funcionarios estadounidenses, incluido el presidente [Donald] Trump, en las elecciones presidenciales de Colombia”. Hace un par de semanas, Trump expresó su “total respaldo” a Abelardo de la Espriella, el candidato de la ultraderecha, que este domingo podría convertirse en segunda vuelta en presidente del país si derrota al izquierdista Iván Cepeda.
El estadounidense ha expresado su “total respaldo” a Abelardo de la Espriella, el candidato de la ultraderecha y quien tiene la doble nacionalidad y varias propiedades en Florida
Un grupo de congresistas demócratas envió este miércoles una carta a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Comercio, Scott Bessent, así como al fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, para expresar su “profunda preocupación ante la injerencia descarada de altos funcionarios estadounidenses, incluido el presidente [Donald] Trump, en las elecciones presidenciales de Colombia”. Hace un par de semanas, Trump expresó su “total respaldo” a Abelardo de la Espriella, el candidato de la ultraderecha, que este domingo podría convertirse en segunda vuelta en presidente del país si derrota al izquierdista Iván Cepeda.
Para los firmantes de la misiva, a la que ha tenido acceso en exclusiva EL PAÍS, De la Espriella, que encabeza las encuestas cuenta “con un historial sumamente inquietante que parece contravenir los intereses y, potencialmente, las leyes de los Estados Unidos”. “En lugar de hacer campaña a su favor, nuestro Gobierno debería examinar sus vínculos con una organización designada como terrorista y con una persona acusada de lavado de dinero, así como posibles irregularidades financieras relacionadas con empresas con sede en Florida y con transacciones inmobiliarias”, dice el texto que ha promovido Jesús Chuy García (Illinois), demócrata de la Cámara de Representantes, y que firman, entre otros 10 destacados miembros de ala progresista del partido, Greg Casar (Texas), Rashida Tlaib (Míchigan), Nydia Velasquez (Nueva York) y Pramila Jayapal (Washington).
Los congresistas se refieren, en primer lugar, a las “estrechas relaciones” del político ultra “con varios líderes de la organización paramilitar y narcotraficante conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”. A este grupo, incluido por el Gobierno de Estados Unidos en 2001 en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, se le atribuyen masacres, asesinatos, desapariciones, torturas, violencia sexual y narcotráfico a gran escala hacia Estados Unidos y otros países, además de otros crímenes. Las AUC negociaron hace dos décadas con el Gobierno colombiano, que luego extraditó a la mayoría de sus cabecillas a Estados Unidos, acusándolos de seguir delinquiendo tras firmar un acuerdo de paz.
La carta recuerda que De la Espriella “fundó y dirigió una organización que fue financiada por las AUC para ampliar su influencia social y política”. También, que se opuso al acuerdo de paz en Colombia de 2016 y que “hizo campaña para impedir la extradición de líderes paramilitares a Estados Unidos —donde se enfrentaban cargos por narcotráfico— y presionó al gobierno y al Congreso de Colombia para promover indultos a los líderes de las AUC, con el fin de fomentar la impunidad por los crímenes paramilitares”.
“Varios de sus antiguos clientes lo han acusado de apropiarse de fondos supuestamente destinados a sobornar a actores judiciales clave, y algunos de sus socios se han visto implicados de manera creíble en fraudes electrónicos”, dice el texto de la misiva. “Por otra parte, tanto él como su cónyuge [Ana Lucía Pineda] están vinculados a al menos 14 empresas pantalla con sede en Florida y a diversas compras inmobiliarias multimillonarias en ese mismo estado, realizadas con fondos cuyo origen no está claro. Existen pruebas de que al menos una de estas transacciones pudo haber sido financiada en parte por Saab”.
La misiva habla de una “persona acusada de lavado de dinero” que es justamente Alex Saab, un colombovenezolano recientemente entregado por las autoridades venezolanas a Estados Unidos para que responda ante las autoridades del Distrito Sur de Florida por varios presuntos delitos de lavado de dinero. De la Espriella fue abogado en Colombia de Saab durante varios años y se alejó de su cliente, según ha dicho, cuando verificó que este era cercano al régimen chavista, que el penalista siempre ha cuestionado.
Además de testaferro de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela que hoy está en una prisión de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, a la espera de ser juzgado por Estados Unidos después de que su Ejército lo capturara en enero en Caracas, a Saab los indicios lo vinculan con el origen del dinero con el que De la Espriella compró una propiedad inmobiliaria en Florida, un apartamento en la exclusiva zona de Brickell, en Miami.
Fue la primera de siete que ha adquirido, directamente o a través de empresas, a lo largo de los años. Su suegra tiene otra más. Tras la consulta de documentos públicos, Jake Johnston, del Consejo para Investigación Política y Económica, concluyó que desde 2014, el actual candidato presidencial de ultraderecha compró y vendió cuatro inmuebles y que actualmente posee tres. En 2021, dos sociedades vinculadas al penalista vendieron el apartamento de Brickell, una casa en Doral y otra en Coral Way, y el penalista y su esposa compraron en 2021 una casa en Pinecrest, Miami, por casi 3,5 millones de dólares.
En 2023, su empresa SGS Investments Global adquirió otra vivienda en Doral, cerca de Miami, y en 2025, De la Espriella y Pineda compraron otra casa en Boca Ratón por 1,6 millones de dólares. Regina Arauchan, madre de Pineda, posee una más en el barrio residencial de Country Walk.
Los congresistas firmantes admiten que es posible que los activos inmobiliarios de De la Espriella en Estados Unidos “hayan sido adquiridos legalmente”, pero consideran que “sus importantes vínculos con Saab y con figuras paramilitares, las transacciones sospechosas que implican el posible flujo de fondos ilícitos hacia Estados Unidos y otras acusaciones creíbles de conducta delictiva justifican un escrutinio y una investigación exhaustivos” por parte del Gobierno de Estados Unidos.
El abogado penalista y empresario tiene la doble nacionalidad, estadounidense y colombiana, además de la italiana por nacimiento. Obtuvo la norteamericana en febrero de 2023, tras culminar el proceso de naturalización en la Florida. Esa particularidad abrió un debate jurídico en Colombia una semana atrás, cuando un grupo de juristas destacados argumentó que configuraba una inhabilidad, pese a que la Constitución permite que cualquier colombiano de nacimiento ocupe la presidencia, así tenga otras nacionalidades. Otros juristas respondieron negando esa interpretación y, pese a una demanda que apenas inicia su trámite, la candidatura ha seguido su curso.
En su carta, los congresistas estadounidenses definen asimismo como “particularmente alarmante” el hecho de que “Trump y varios miembros republicanos del Congreso lo hayan respaldado abiertamente”, y que el presidente haya “insinuado” que, si no gana, “Colombia podría perder el apoyo de los Estados Unidos, su socio comercial y de seguridad más importante”. “Esta injerencia directa de funcionarios estadounidenses en las elecciones democráticas de otro país es incompatible con los principios de larga data de soberanía nacional y no injerencia, así como con el derecho internacional”, dice la carta recién enviada a Rubio, Bessent y Blanche. A estos les llega cuatro días antes de las elecciones en las que el país vota para sustituir al primer presidente izquierdista de su historia reciente, Gustavo Petro.
EL PAÍS
