Fue durante una clase que dictaba el abogado chileno Claudio Grossman (Valparaíso, 77 años) en la Facultad de Derecho American University de Washington, de la que además fue decano entre 1996 y 2016, que conoció un caso que lo conmovió. Recuerda que se le acercó uno de sus estudiantes, James Thyden. “Él hablaba inglés, y un español, a decir verdad, no muy bien. Pero tenía acento chileno y eso me sorprendió. Entonces le pregunté: ‘Jimmy ¿cuál es tu historia?’ Y me dijo: ‘Profesor, a mí me traficaron’. Me contó que a su mamá, que era una mujer chilena pobre y humilde, en el hospital en Santiago, donde él nació, le dijeron que estaba muerto».
La historia de su alumno, que inició la búsqueda de su madre y contó con el apoyo de sus padres adoptivos en Estados Unidos, provocó una respuesta inmediata de Grossman: “Jimmy, yo te voy a ayudar”, recuerda que le dijo. Y decidió tomar su caso, y luego otras decenas de causas similares, como querellante ante los tribunales chilenos. “Imagínese lo que significó para esa madre ver a su hijo, que creía muerto, después de 40 años. Ella lloraba, él lloraba. ¿Cómo se puede recuperar el tiempo perdido si se vivieron vidas diferentes?“, se pregunta el abogado, quien es miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y del Instituto de Derecho Internacional (IDI), además de presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Los casos de sustracción de bebés entre 1970 y 1990, el periodo de investigación que acotó el Poder Judicial chileno, y que fueron enviados a Estados Unidos y Europa con nuevas familias, han tenido avances incipientes. En junio, el magistrado Alejandro Aguilar dictó los primeros procesamientos por el robo de Andrea y Alex en 1982 y 1983 y pidió la extradición desde Israel de Ivonne Gutiérrez (85 años), quien era jueza de un tribunal de menores en San Fernando, una ciudad ubicada a unos 140 kilómetros de Santiago. La madre de Alex, Ruth Reyes, murió en julio pasado sin poder reecontrarse con su hijo.
En esta primera entrevista que otorga desde que asumió las causas, concedida a EL PAÍS, Grossman, quien fue agente de Chile frente a la demanda marítima de Bolivia ante la Corte Internacional de la Haya; expresidente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (2003- 2015) y exintegrante, entre 1993 y 2001, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estima que es imposible que alguien no se conmueva con estos casos. Y es enfático en señalar que los crímenes, si bien se acentuaron durante el régimen de Augusto Pinochet (1970-1973), no se encasillan en ese periodo. “Ciertamente, las restricciones a la libertad de expresión y la misma situación general de violaciones a los derechos humanos facilitaron estos hechos, pero hemos podido constatar que ocurrieron antes y después de la dictadura”.
Pregunta. Al estudiar los expedientes de distintas causas, ¿observó patrones en común?
Respuesta. Lucro y un desprecio flagrante a la humanidad de todas las personas. Son casos en que distintos grupos —médicos, enfermeras, asistentes sociales, jueces, abogados, entre otros profesionales— actuaban de manera independiente entre sí, pero con un modus operandi similar. Buscaban mujeres embarazadas vulnerables y les decían que sus hijos o hijas habían muerto o debían enviarlos a organismos públicos de cuidado de menores y, si luego reclamaban, les decían que los habían dado en adopción porque no los habían cuidado. Estas organizaciones delictuales tenían la operación de ciertas zonas del país y estaban vinculadas a ONGs u organizaciones de otros países que canalizaban la relación con las familias que recibían a los niños, las cuales no necesariamente sabían que eran arrebatados a sus madres.
P. Como especialista en derecho internacional, ¿cómo cataloga las adopciones irregulares en Chile?
R. Hay argumentos persuasivos de que se trata de crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Se puede argumentar a partir de los desarrollos del derecho desde los juicios de Nuremberg y aplicando normas de derecho consuetudinario. También, a partir de la existencia de delitos continuados, invocando decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, quisiera invitar a todas las personas y al Estado chileno que dejemos lo jurídico.
P. ¿En qué sentido?
R. ¿No es acaso normal que personas traficadas quieran saber su origen, encontrarse con sus familias, reclamar su nacionalidad? Sobre esto último, es impresionante cómo numerosas víctimas con las que tuve la oportunidad de conversar no solo reclaman que les robaron a su familia, sino también su nacionalidad. Muchos tienen pasaportes de potencias mundiales o de países de gran desarrollo económico, pero quieren recuperar para ellos y sus descendientes su historia y sus vínculos con Chile. Desde el punto de vista nacional, además de la satisfacción de reparar una injusticia inmensa, ¿no debiera ser motivo de orgullo reconocer a estos chilenos que se han perdido para el país? ¿Pedirles disculpas? ¿Quizás ofrecer además otras medidas de satisfacción y reparación? ¿Acaso como chilenos no se lo merecen? Ojalá esto se lograra políticamente con consenso de todos los sectores.
P. ¿Hay responsabilidad del Estado de Chile para que ocurrieran los robos de niños?
R. Sin ninguna duda. La extensión en el tiempo y en el territorio nacional, así como la participación de autoridades y organismos públicos, unidos a la falta de investigación y sanción en su momento, son elementos que configuran la responsabilidad del Estado. Hay que agregar que estos hechos comenzaron a investigarse por la justicia chilena desde hace algunos años, pero recién ahora —a propósito del caso del caso por el cual está siendo extraditada la exjueza Ivonne Gutiérrez desde Israel— hemos visto avances y resultados concretos.
P. ¿Qué dificultades ve para el esclarecimiento de estos casos?
R. El largo tiempo transcurrido, la muerte de muchos de los culpables y el desconocimiento de muchas de las víctimas, ciertamente dificultan la investigación y sanción. Pero es posible hacerlo y los resultados de la investigación del ministro Aguilar así lo está demostrando.
P. ¿Por qué cree que la justicia chilena demoró tanto tiempo en dictar procesamientos?
R. No tengo una explicación para algo que es difícil de justificar. No soy quien debe responder por esta tardanza.
P. ¿Qué le parece que una magistrada, Ivonne Gutiérrez, haya estado involucrada en estos casos, según la investigación de Aguilar?
R. Me parece inaceptable y revela el alcance y el poder de las redes de tráfico que operaron en Chile durante décadas.
P. ¿Hay otros caminos que vislumbra, además del judicial, para estas causas?
R. Yo llamo a que haya un gran acuerdo nacional de todos los sectores para hacer justicia en estos casos. Creo que todas las personas se sienten conmovidas por una situación así, de madres a las cuales les quitan a los hijos, e hijas e hijos que quieren recuperar a sus madres y su nacionalidad. Esto crea un espacio para que, sin perjuicio de las legítimas diferencias que existen en Chile, haya un acuerdo político amplio. Y restablecer pasaportes. Una de las medidas de reparaciones es satisfacer a quienes han sido víctimas y una de esas satisfacciones es que alguien les pida perdón. El Estado de Chile debiera pedir perdón por la falta de protección que permitió el robo de niños chilenos.
P. ¿Qué posibilidades hay de un acuerdo nacional tomando en cuenta que Chile está bastante polarizado? Las sustracciones de niños y niñas ocurrieron antes y después de la dictadura de Pinochet.
R. Estos crímenes fueron cometidos en un espacio de tiempo más grande y los jueces decidieron restringirlo al periodo entre 1970 y 1990. Pero, sin duda, hay otras situaciones. Y sin perjuicio de las posiciones políticas de la gente, que puede tener las que quiera, hay que buscar dar satisfacción al tema humano. Hay una humanidad compartida. Eso es una cosa muy dramática, como el caso de Jimmy, que toca el alma.
P. ¿A los chilenos les ha faltado ponerse en el lugar de estas personas?
R. No creo que ha faltado, sino que creo que no han conocido de qué se trata. Pero los chilenos, de todas las posiciones, cuando sepan de que esto se trata de niños robados, y que ocurrió con fines de lucro y que ellos quieren recuperar a su familia y su nacionalidad, pienso que no hay nadie que no se sienta conmovido.
El abogado, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y querellante en los casos de adopciones irregulares entre 1970 y 1990, llama a un acuerdo político amplio frente a la sustracción de bebés. “Es imposible que alguien no se conmueva”, dice
Fue durante una clase que dictaba el abogado chileno Claudio Grossman (Valparaíso, 77 años) en la Facultad de Derecho American University de Washington, de la que además fue decano entre 1996 y 2016, que conoció un caso que lo conmovió. Recuerda que se le acercó uno de sus estudiantes, James Thyden. “Él hablaba inglés, y un español, a decir verdad, no muy bien. Pero tenía acento chileno y eso me sorprendió. Entonces le pregunté: ‘Jimmy ¿cuál es tu historia?’ Y me dijo: ‘Profesor, a mí me traficaron’. Me contó que a su mamá, que era una mujer chilena pobre y humilde, en el hospital en Santiago, donde él nació, le dijeron que estaba muerto».
La historia de su alumno, que inició la búsqueda de su madre y contó con el apoyo de sus padres adoptivos en Estados Unidos, provocó una respuesta inmediata de Grossman: “Jimmy, yo te voy a ayudar”, recuerda que le dijo. Y decidió tomar su caso, y luego otras decenas de causas similares, como querellante ante los tribunales chilenos. “Imagínese lo que significó para esa madre ver a su hijo, que creía muerto, después de 40 años. Ella lloraba, él lloraba. ¿Cómo se puede recuperar el tiempo perdido si se vivieron vidas diferentes?“, se pregunta el abogado, quien es miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y del Instituto de Derecho Internacional (IDI), además de presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Los casos de sustracción de bebés entre 1970 y 1990, el periodo de investigación que acotó el Poder Judicial chileno, y que fueron enviados a Estados Unidos y Europa con nuevas familias, han tenido avances incipientes. En junio, el magistrado Alejandro Aguilar dictó los primeros procesamientos por el robo de Andrea y Alex en 1982 y 1983 y pidió la extradición desde Israel de Ivonne Gutiérrez (85 años), quien era jueza de un tribunal de menores en San Fernando, una ciudad ubicada a unos 140 kilómetros de Santiago. La madre de Alex, Ruth Reyes, murió en julio pasado sin poder reecontrarse con su hijo.
En esta primera entrevista que otorga desde que asumió las causas, concedida a EL PAÍS, Grossman, quien fue agente de Chile frente a la demanda marítima de Bolivia ante la Corte Internacional de la Haya; expresidente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (2003- 2015) y exintegrante, entre 1993 y 2001, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estima que es imposible que alguien no se conmueva con estos casos. Y es enfático en señalar que los crímenes, si bien se acentuaron durante el régimen de Augusto Pinochet (1970-1973), no se encasillan en ese periodo. “Ciertamente, las restricciones a la libertad de expresión y la misma situación general de violaciones a los derechos humanos facilitaron estos hechos, pero hemos podido constatar que ocurrieron antes y después de la dictadura”.
Pregunta. Al estudiar los expedientes de distintas causas, ¿observó patrones en común?
Respuesta. Lucro y un desprecio flagrante a la humanidad de todas las personas. Son casos en que distintos grupos —médicos, enfermeras, asistentes sociales, jueces, abogados, entre otros profesionales— actuaban de manera independiente entre sí, pero con un modus operandi similar. Buscaban mujeres embarazadas vulnerables y les decían que sus hijos o hijas habían muerto o debían enviarlos a organismos públicos de cuidado de menores y, si luego reclamaban, les decían que los habían dado en adopción porque no los habían cuidado. Estas organizaciones delictuales tenían la operación de ciertas zonas del país y estaban vinculadas a ONGs u organizaciones de otros países que canalizaban la relación con las familias que recibían a los niños, las cuales no necesariamente sabían que eran arrebatados a sus madres.
P. Como especialista en derecho internacional, ¿cómo cataloga las adopciones irregulares en Chile?
R. Hay argumentos persuasivos de que se trata de crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Se puede argumentar a partir de los desarrollos del derecho desde los juicios de Nuremberg y aplicando normas de derecho consuetudinario. También, a partir de la existencia de delitos continuados, invocando decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, quisiera invitar a todas las personas y al Estado chileno que dejemos lo jurídico.
P. ¿En qué sentido?
R. ¿No es acaso normal que personas traficadas quieran saber su origen, encontrarse con sus familias, reclamar su nacionalidad? Sobre esto último, es impresionante cómo numerosas víctimas con las que tuve la oportunidad de conversar no solo reclaman que les robaron a su familia, sino también su nacionalidad. Muchos tienen pasaportes de potencias mundiales o de países de gran desarrollo económico, pero quieren recuperar para ellos y sus descendientes su historia y sus vínculos con Chile. Desde el punto de vista nacional, además de la satisfacción de reparar una injusticia inmensa, ¿no debiera ser motivo de orgullo reconocer a estos chilenos que se han perdido para el país? ¿Pedirles disculpas? ¿Quizás ofrecer además otras medidas de satisfacción y reparación? ¿Acaso como chilenos no se lo merecen? Ojalá esto se lograra políticamente con consenso de todos los sectores.
P. ¿Hay responsabilidad del Estado de Chile para que ocurrieran los robos de niños?
R. Sin ninguna duda. La extensión en el tiempo y en el territorio nacional, así como la participación de autoridades y organismos públicos, unidos a la falta de investigación y sanción en su momento, son elementos que configuran la responsabilidad del Estado. Hay que agregar que estos hechos comenzaron a investigarse por la justicia chilena desde hace algunos años, pero recién ahora —a propósito del caso del caso por el cual está siendo extraditada la exjueza Ivonne Gutiérrez desde Israel— hemos visto avances y resultados concretos.
P. ¿Qué dificultades ve para el esclarecimiento de estos casos?
R. El largo tiempo transcurrido, la muerte de muchos de los culpables y el desconocimiento de muchas de las víctimas, ciertamente dificultan la investigación y sanción. Pero es posible hacerlo y los resultados de la investigación del ministro Aguilar así lo está demostrando.
P. ¿Por qué cree que la justicia chilena demoró tanto tiempo en dictar procesamientos?
R. No tengo una explicación para algo que es difícil de justificar. No soy quien debe responder por esta tardanza.
P. ¿Qué le parece que una magistrada, Ivonne Gutiérrez, haya estado involucrada en estos casos, según la investigación de Aguilar?
R. Me parece inaceptable y revela el alcance y el poder de las redes de tráfico que operaron en Chile durante décadas.
P. ¿Hay otros caminos que vislumbra, además del judicial, para estas causas?
R. Yo llamo a que haya un gran acuerdo nacional de todos los sectores para hacer justicia en estos casos. Creo que todas las personas se sienten conmovidas por una situación así, de madres a las cuales les quitan a los hijos, e hijas e hijos que quieren recuperar a sus madres y su nacionalidad. Esto crea un espacio para que, sin perjuicio de las legítimas diferencias que existen en Chile, haya un acuerdo político amplio. Y restablecer pasaportes. Una de las medidas de reparaciones es satisfacer a quienes han sido víctimas y una de esas satisfacciones es que alguien les pida perdón. El Estado de Chile debiera pedir perdón por la falta de protección que permitió el robo de niños chilenos.
P. ¿Qué posibilidades hay de un acuerdo nacional tomando en cuenta que Chile está bastante polarizado? Las sustracciones de niños y niñas ocurrieron antes y después de la dictadura de Pinochet.
R. Estos crímenes fueron cometidos en un espacio de tiempo más grande y los jueces decidieron restringirlo al periodo entre 1970 y 1990. Pero, sin duda, hay otras situaciones. Y sin perjuicio de las posiciones políticas de la gente, que puede tener las que quiera, hay que buscar dar satisfacción al tema humano. Hay una humanidad compartida. Eso es una cosa muy dramática, como el caso de Jimmy, que toca el alma.
P. ¿A los chilenos les ha faltado ponerse en el lugar de estas personas?
R. No creo que ha faltado, sino que creo que no han conocido de qué se trata. Pero los chilenos, de todas las posiciones, cuando sepan de que esto se trata de niños robados, y que ocurrió con fines de lucro y que ellos quieren recuperar a su familia y su nacionalidad, pienso que no hay nadie que no se sienta conmovido.
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