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La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó al ministro de Hacienda, Jerson Posada, quien llegó a la Comisión de Tecnología para hablar sobre la Ley de Asocio Público Privados, sobre los controles que los APP tendrían.
Ortiz explicó que la ley vigente creó un organismo fiscalizador autónomo, la OFAPP, el cual se especializaba en la supervisión técnica e independiente de los proyectos de APP; la propuesta de ley presentada por el Gobierno lo elimina y las funciones de fiscalización se las adjudican a la Dirección de Asocios Publico Privados (DAPP).
Claudia Ortiz preguntó al funcionario “¿por qué considera conveniente eliminar este contrapeso institucional que estaba diseñado para hacer una fiscalización independiente? En un contexto, donde los APP van a generar compromisos fiscales a largo plazo”.
Posada respondió que el control y supervisión de los proyectos APP siempre le van a corresponder al Estado; “lo que estamos haciendo es que ahora, habrá una dirección específica que se encargará de todos los aspectos y vigilancia de estos APPS”. También defendió que la DAPP sería una unidad del Ministerio de Hacienda, que es la “encargada de velar por la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo”.
Otra de las interrogantes de Ortiz fue sobre la eliminación del techo límite del monto de inversión que hace el Estado. “La Ley vigente establece un límite del 3 % del PIB (Producto Interno Bruto) para el monto de los proyectos, pero la propuesta elimina ese techo. ¿Cuál es la razón técnica para eliminar este límite y cuál es la opinión de Hacienda sobre esto?”.
El funcionario respondió que las funciones de Hacienda son realizar dos estudios fiscales. “En estos se velará porque no se perjudique las finanzas públicas a mediano y largo plazo; más allá de que en la ley se establezca un porcentaje o no, donde se evaluará si en los proyectos tienen un impacto contingente en las finanzas públicas o que vaya a ser que las finanzas públicas salgan de su curso normal y natural será en estos análisis Fiscales. Esto básicamente serán los filtros en los cuales se evaluará el impacto a mediano largo plazo en las finanzas públicas”.
“¿Cómo va a garantizar el Ministerio de Hacienda que los pagos firmes o contingentes no se conviertan en una especie de deuda pública oculta dentro del presupuesto? (en referencia a las cuotas que podría aportar el Estado en los APP) ¿Estaría el Ministerio de Hacienda publicando, por ejemplo, el consolidado de esas obligaciones firmes y contingentes derivadas de los Apps?”, cuestionó la legisladora.
“Yo lo he repetido, todo se va a incorporar al presupuesto; no puede haber nada oculto; va a estar incorporado en el presupuesto cualquier costo asociado a las alianzas público privado. El Ministerio de Hacienda velará porque presupuestariamente cada entidad contratante tenga la capacidad de financiarlo a través de su presupuesto y cualquier incorporación presupuestaria es aprobada por este Órgano Legislativo””, dijo Posada.
La diputada Claudia Ortiz solicitó al ministro de Hacienda que presentara un ejemplo concreto de un proyecto de infraestructura pública sometido a un análisis de “valor por dinero”, el cual determine de manera técnica e independiente si conviene ejecutarlo bajo la modalidad de asocio público-privado o con recursos propios del Estado.
“Nos podrían poner un ejemplo en el caso de proyectos relacionados a salud pública, educación o recurso hídrico, que son sectores que ya no estarán excluidos de la conformación de socios públicos privados, cómo se realizaría en el caso de la construcción de un hospital público o de una escuela, cuál sería ese análisis de valor por el dinero que haría que el Estado”, pidió Ortiz.
Jerson Posada evadió la pregunta y afirmó que no existen planes de los sectores mencionados en APP. “Yo no le puedo dar ejemplo porque no hay planes en esos sectores; creo que entrar a dar algún ejemplo solamente es entrar en polémica…”.
Ortiz enfatizó que sí se debe entrar en esos temas porque para eso fue llamado, ya que jurídicamente se habilitan en esos casos. Posada respondió que, si bien “no hay excepciones en la ley, pero hay regulaciones que establecen la protección de estos sectores; y cualquier proyecto de APP que se realice pasará por los controles rigurosos”.
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