El desmantelamiento de una red de contrabando de combustible en las aduanas de México, conformada por marinos, funcionarios civiles y empresarios, en activo al menos desde 2024, ha marcado la agenda pública y cuestionado el papel de la Secretaría de Marina en funciones civiles. Comandada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, militares de alto rango y familiares políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), esta trama incluye crimen organizado, aduanas, militares y bolsas negras llenas de dinero en efectivo.
Lo último que ha trascendido sobre esta conspiración criminal son las órdenes de captura contra más empresarios vinculados con la empresa Mefra Fletes, dedicada al transporte y venta de combustible. El primer golpe a la trama, anunciado el domingo, supuso la detención de 14 involucrados. La investigación de la Fiscalía General de la República incluye también una nueva orden de captura contra otras ocho personas por su participación en el contrabando de hidrocarburos desde Estados Unidos y por comercializar combustible robado por el método de huachicol clásico de pinchar ductos de Pemex.
Tres de los empresarios de Mefra Fletes, Héctor Portales Ávila, Anuar González Hemadi y José N, ya están en poder de las autoridades. Estos ya fueron detenidos el domingo, junto con seis militares y cinco funcionarios de aduanas, por pertenecer al entramado delictivo de los Farías Laguna.
De los cinco nuevos nombres, destacan tres. Por un lado, Roberto Blanco Cantú, que sería el dueño real de Mefra Fletes, y su hermano Rigoberto estaría vinculado con grupos de crimen organizado de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los otros son José René Tijerina y José Isabel Murguía Santiago, accionistas de Mefra Fletes. El hermano del segundo es José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada en relación al rancho Izaguirre.
Fueron los camiones cisterna de esta compañía los que principalmente transportaron los 10 millones de litros que cargaba el buque Challenge Procyon desde el puerto de Tampico a un predio de la localidad vecina de Altamira en marzo de 2025. Allí fue donde las autoridades, tras analizar la carga del barco cisterna y descubrir que en lugar de aditivos para aceites lubricantes había traído diésel, aseguraron el combustible y comenzaron a construir este caso.
Además de los hermanos Farías Laguna, el otro militar clave es Miguel Ángel Solano Ruíz, al que apodan el Capitán Sol, marino retirado con cargo de capitán de corbeta que, según los medios que han tenido acceso a la carpeta de investigación, vivía a lo grande. En cinco años gastó 60 millones de pesos, unos tres millones de dólares, en casinos e hipódromos.
El testigo principal de la acusación es otro capitán, al que la Fiscalía puso el nombre de Santo. En agosto de 2022, Santo fue nombrado director de la Aduana de Altamira, tras haber tenido una charla sobre este trabajo con Solano Ruíz. Fue por esas fechas cuando se publicaron las primeras columnas en prensa que acusaban a los hermanos Farías Laguna de manejar las designaciones de marinos para que gente de su confianza acabará en puestos clave de aduanas para poder operar su red de contrabando.
Durante sus primeros meses en el cargo recibió un sobre con dinero, enviado por Capitán Sol, y en una llamada telefónica le explicó que iban a empezar un nuevo proyecto para Los Primos y que era necesaria su colaboración. Los Primos era el apodo que tenían, dentro de la Marina, los hermanos Farías Laguna.
De acuerdo a la declaración del testigo, el proyecto era permitir la descarga de buques cargados de hidrocarburos. Aunque, sobre el papel, sus bodegas traerían otra mercancía. El primer barco llegó en abril de 2024. El testigo asegura que se hicieron los exámenes de laboratorio y que estos fueron adulterados. Preocupado, habló con Capitán Sol, que le contestó con un “usted tranquilo, a nivel central hay conocimiento de esto, aquí hay mucha gente metida”.
A los pocos días, recibió una llamada y se citó con un tal Osvaldo en una plaza comercial. Como en una película de mafiosos, le dio una bolsa negra llena de dinero: 1.75 millones de pesos, más de 80.000 dólares, que repartió entre los implicados. Este método se repetiría con 14 barcos hasta que en enero de 2025 fue relevado de su cargo. Capitán Sol le pidió dejar una persona de su confianza. El escogido fue el capitán Carlos Estudillo Villalobos, otro de los detenidos el domingo pasado.
En esos meses, el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Aguilar, antiguo compadre del Capitán Sol, mandó una carta al almirante Rafael Ojeda Durán, tío de los Farías Laguna y entonces secretario de Marina, en la que denunciaba a sus sobrinos. Guerrero Aguilar fue asesinado en noviembre, supuestamente en represalia, como también días después una trabajadora de la Fiscalía. A estas muertes hay que sumarle el suicidio esta semana de otro marino, señalado por Santo de recibir un soborno.
A lo largo de 2024, Ojeda Durán acudió supuestamente con la Fiscalía para pedir que investigaran la corrupción en las Aduanas. Esto ha sido repetido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el resto de autoridades cada vez que han hablado de la detención de sus sobrinos, pero a la vez han reconocido que toda la investigación se desarrolla a raíz del aseguramiento del buque Challenge Procyon en marzo de 2025.
Justo tras esta operación, el testigo protegido fue citado a declarar por la Unidad de Inteligencia Militar de la Marina. No ha trascendido qué dijo, pero sí que después trató de huir llevándose un botín de 11 millones de pesos, cerca de 550.000 dólares. A medio camino, recibió una llamada de su familia, preocupada, ya que alguien se había comunicado con ellos para avisarles de que le habían secuestrado. En ese momento, asustado, fue cuando Santo decidió ganarse su irónico nombre y declarar contra los hermanos Farías Laguna.
La red de contrabando de combustible en las aduanas, conformada por marinos, funcionarios civiles y empresarios, ha puesto en cuestión el papel de los militares en funciones civiles
El desmantelamiento de una red de contrabando de combustible en las aduanas de México, conformada por marinos, funcionarios civiles y empresarios, en activo al menos desde 2024, ha marcado la agenda pública y cuestionado el papel de la Secretaría de Marina en funciones civiles. Comandada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, militares de alto rango y familiares políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), esta trama incluye crimen organizado, aduanas, militares y bolsas negras llenas de dinero en efectivo.
Lo último que ha trascendido sobre esta conspiración criminal son las órdenes de captura contra más empresarios vinculados con la empresa Mefra Fletes, dedicada al transporte y venta de combustible. El primer golpe a la trama, anunciado el domingo, supuso la detención de 14 involucrados. La investigación de la Fiscalía General de la República incluye también una nueva orden de captura contra otras ocho personas por su participación en el contrabando de hidrocarburos desde Estados Unidos y por comercializar combustible robado por el método de huachicol clásico de pinchar ductos de Pemex.
Tres de los empresarios, Héctor Portales Ávila, Anuar González Hemadi y José N, ya están en poder de las autoridades. También han sido detenidos seis militares y cinco funcionarios de aduanas, debido a la conexión de Mefra Fletes con el entramado delictivo de los Farías Laguna
De los cinco nuevos nombres, destacan tres. Por un lado, Roberto Blanco Cantú, que sería el dueño real de Mefra Fletes, y su hermano Rigoberto estaría vinculado con grupos de crimen organizado de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los otros son José René Tijerina y José Isabel Murguía Santiago, accionistas de Mefra Fletes. El hermano del segundo es José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada en relación al rancho Izaguirre.
Fueron los camiones cisterna de esta compañía los que principalmente transportaron los 10 millones de litros que cargaba el buque Challenge Procyon desde el puerto de Tampico a un predio de la localidad vecina de Altamira en marzo de 2025. Allí fue donde las autoridades, tras analizar la carga del barco cisterna y descubrir que en lugar de aditivos para aceites lubricantes había traído diésel, aseguraron el combustible y comenzaron a construir este caso.
Además de los hermanos Farías Laguna, el otro militar clave es Miguel Ángel Solano Ruíz, al que apodan el Capitán Sol, marino retirado con cargo de capitán de corbeta que, según los medios que han tenido acceso a la carpeta de investigación, vivía a lo grande. En cinco años gastó 60 millones de pesos, unos tres millones de dólares, en casinos e hipódromos.
El testigo principal de la acusación es otro capitán, al que la Fiscalía puso el nombre de Santo. En agosto de 2022, Santo fue nombrado director de la Aduana de Altamira, tras haber tenido una charla sobre este trabajo con Solano Ruíz. Fue por esas fechas cuando se publicaron las primeras columnas en prensa que acusaban a los hermanos Farías Laguna de manejar las designaciones de marinos para que gente de su confianza acabará en puestos clave de aduanas para poder operar su red de contrabando.
Durante sus primeros meses en el cargo recibió un sobre con dinero, enviado por Capitán Sol, y en una llamada telefónica le explicó que iban a empezar un nuevo proyecto para Los Primos y que era necesaria su colaboración. Los Primos era el apodo que tenían, dentro de la Marina, los hermanos Farías Laguna.
De acuerdo a la declaración del testigo, el proyecto era permitir la descarga de buques cargados de hidrocarburos. Aunque, sobre el papel, sus bodegas traerían otra mercancía. El primer barco llegó en abril de 2024. El testigo asegura que se hicieron los exámenes de laboratorio y que estos fueron adulterados. Preocupado, habló con Capitán Sol, que le contestó con un “usted tranquilo, a nivel central hay conocimiento de esto, aquí hay mucha gente metida”.
A los pocos días, recibió una llamada y se citó con un tal Osvaldo en una plaza comercial. Como en una película de mafiosos, le dio una bolsa negra llena de dinero: 1.75 millones de pesos, más de 80.000 dólares, que repartió entre los implicados. Este método se repetiría con 14 barcos hasta que en enero de 2025 fue relevado de su cargo. Capitán Sol le pidió dejar una persona de su confianza. El escogido fue el capitán Carlos Estudillo Villalobos, otro de los detenidos el domingo pasado.
En esos meses, el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Aguilar, antiguo compadre del Capitán Sol, mandó una carta al almirante Rafael Ojeda Durán, tío de los Farías Laguna y entonces secretario de Marina, en la que denunciaba a sus sobrinos. Guerrero Aguilar fue asesinado en noviembre, supuestamente en represalia, como también días después una trabajadora de la Fiscalía. A estas muertes hay que sumarle el suicidio esta semana de otro marino, señalado por Santo de recibir un soborno.
A lo largo de 2024, Ojeda Durán acudió supuestamente con la Fiscalía para pedir que investigaran la corrupción en las Aduanas. Esto ha sido repetido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el resto de autoridades cada vez que han hablado de la detención de sus sobrinos, pero a la vez han reconocido que toda la investigación se desarrolla a raíz del aseguramiento del buque Challenge Procyon en marzo de 2025.
Justo tras esta operación, el testigo protegido fue citado a declarar por la Unidad de Inteligencia Militar de la Marina. No ha trascendido qué dijo, pero sí que después trató de huir llevándose un botín de 11 millones de pesos, cerca de 550.000 dólares. A medio camino, recibió una llamada de su familia, preocupada, ya que alguien se había comunicado con ellos para avisarles de que le habían secuestrado. En ese momento, asustado, fue cuando Santo decidió ganarse su irónico nombre y declarar contra los hermanos Farías Laguna.
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