Si no se gestiona bien, el problema de la caja fiscal corre el riesgo de comenzar a ser percibido como el mito griego de la Caja de Pandora, ese artificio entregado como regalo nupcial por Zeus con expresas instrucciones de no ser abierto y que al ser destapado (no podía ser de otra forma), dejó salir males y desgracias, quedando al fondo la esperanza.
La sintonía fina probablemente no evitará los contratiempos de la llamada reconstrucción del país que promueve el oficialismo, pero el copamiento de medidas exigirá un gran cuidado en la implementación de cada medida y una mayor dedicación a lo comunicacional
Si no se gestiona bien, el problema de la caja fiscal corre el riesgo de comenzar a ser percibido como el mito griego de la Caja de Pandora, ese artificio entregado como regalo nupcial por Zeus con expresas instrucciones de no ser abierto y que al ser destapado (no podía ser de otra forma), dejó salir males y desgracias, quedando al fondo la esperanza.
Cuando hace unos días el ministro de Hacienda anunció que la caja fiscal al cierre de 2025 estaba virtualmente vacía, muy pocas voces replicaron (salvo su antecesor). La evidencia previa avalaba el diagnóstico oficial, como los sucesivos y crecientes déficits fiscales estructurales; el creciente nivel de la deuda pública como proporción del PIB, hasta llegar cerca del límite prudencial; unas estimaciones de ingresos fiscales sistemáticamente erradas y un gasto público no contenido. Todos estos antecedentes han sido titulares recurrentes en los últimos años, la mayoría de ellos rubricados por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
De igual forma, a favor de la voz de alarma gubernamental, los pobres datos de actividad, el persistente alto desempleo de los últimos años y la productividad estancada aparecen como elementos que refuerzan el relato gubernamental y justifican que públicamente se abogue por una reconstrucción.
De ahí que la seguidilla de noticias que han “copado” la agenda apunten todas en una misma dirección: el país ya no puede seguir funcionando con analgésicos y ya es hora de aceptar que no hay recursos para seguir pagando la cuenta en la forma que se venía haciendo hasta ahora. El problema es hasta qué punto las personas -aunque compartan ese diagnóstico crítico-, estarán dispuestas a aceptar resignadamente el peso del ajuste.
Un dato que puede parecer menor, pero que no se debe omitir, lo recogió esta semana la Encuesta Plaza Pública de Cadem, titulada Situación Económica Obliga a Ajustar Gastos. En ella se constató un empate en torno a 43% entre las personas que le creen al ministro Jorge Quiroz y las que le creen al exministro Nicolás Grau sobre el estado de la caja fiscal, y que solo un 23% piensa que la situación es realmente crítica.
Se podrá decir que los encuestados aún están bajo los efectos de los analgésicos que amortiguaron la verdadera gravedad de la enfermedad. Es verdad, como también lo es la obligación que tienen los responsables del tratamiento correctivo de no edulcorar la situación del país y exponer con claridad la gravedad del problema para atacar la enfermedad.
Sin embargo, como han comenzado a alertar voces dentro del propio oficialismo, en la forma en que se conduzcan estos temas hay mucho en juego. La oposición no permanecerá indefinidamente desarticulada y, si la política no la amalgama, debe estar muy atenta y dispuesta a catalizar lo que se articule desde lo social, donde no pocos grupos de presión están alertas y dispuestos a confrontar cualquier medida que afecte sus intereses o agendas. Es evidente que transportistas, ambientalistas, profesores, empleados públicos, entre otros, no dudarán en actuar, lo que exige que desde ya las señales no se presten a equívocos, como ocurrió con el retiro de los decretos ambientales que aparecieron amagando emblemas del ambientalismo como Darwin y Humboldt sin una explicación del todo convincente, y que comenzó a ser corregida con el reingreso y ratificación de uno de los decretos.
La sintonía fina probablemente no evitará los altamente probables y hasta necesarios contratiempos de la llamada reconstrucción del país que promueve el oficialismo, pero el copamiento de medidas, sobre todo si son impopulares, exigirá un gran cuidado en la implementación de cada medida, así como una mayor dedicación a lo comunicacional. Sobre todo, si desde la oposición previsiblemente se articulará un discurso que pondrá el acento en los costos inmediatos que probablemente deberán pagar las personas (una parte de éstos excepcionales en el contexto de la guerra en Oriente Próximo) y que relevará que una parte de las medidas (bien conocidas porque han sido ampliamente anticipadas) le facilitan la vida a las grandes empresas y personas de altos ingresos.
Que la rebaja tributaria a las corporaciones y a las herencias y donaciones tengan el objetivo de desatar las fuerzas del capitalismo, mejorar la recaudación y estimular la economía; que la eliminación de trabas y los menores costos laborales busquen impulsar las inversiones y el empleo, son cuestiones que apelan a la racionalidad de las personas, pero aquello puede no ser suficiente, porque buena parte de lo que estará en juego en este primer año del Gobierno será emocional, y con las emociones no se juega.
EL PAÍS
