Las autoridades de Brasil han desplegado este jueves una de sus operaciones más ambiciosas contra el crimen organizado, en concreto, contra el entramado de negocios de la economía formal que utiliza para lucrarse y lavar el dinero de sus negocios ilícitos. Unos 1.400 agentes de varios cuerpos policiales han sido desplegados en ocho de los 27 Estados brasileños para detener a unas 40 personas y registrar 255 empresas. En la mira de los investigadores, el Primeiro Comando da Capital (el PCC), la mafia más poderosa de Brasil, que tiene unos 35.000 miembros y, además de dedicarse al tráfico de drogas, ha creado una amplia cartera de negocios ilegales y legales.
La operación ha desmantelado una red con la que el PCC gestionaba unas mil gasolineras y unos 40 fondos de inversión. “Con esta operación, inauguramos una nueva forma de trabajar. Intentamos desmantelar la refinería del crimen organizado”, ha declarado el ministro de Hacienda, Fernando Haddad.
La mecánica era la siguiente: el dinero que el PCC ganaba con los combustibles lo invertía en la compra de empresas, incluidas plantas de producción energética, o lo ingresaba fondos de inversión. Las personas y empresas señaladas están acusadas de múltiples delitos, incluidos lavado de dinero, evasión fiscal, adulteración de combustibles, crímenes ambientales… Algunas de las compañías sospechosas tienen sus sedes en Faria Lima, el distrito financiero de São Paulo, el Wall Street de Brasil.
El PCC es una hermandad de criminales que nació hace tres décadas en una prisión de São Paulo tras la peor matanza en una cárcel brasileña. Su objetivo original, defender los derechos humanos más básicos de los reclusos. Con el tiempo, pasó a dominar decenas de prisiones e impone su ley en cientos de barriadas, además de crear un lucrativo negocio de tráfico de drogas.
Desde haces unos años es una multinacional del crimen que premia el emprendedurismo entre los delincuentes. Las autoridades brasileñas calculan que, además de unos 30.000 miembros en territorio nacional, que pagan una cuota, tiene unos dos mil miembros repartidos en una treintena de países extranjeros, incluidos todos los latinoamericanos, varios europeos, Turquía e incluso Japón. Su creciente infiltración en la economía formal preocupa enormemente a autoridades.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, ha destacado que esta megaoperación supone “un prometedor avance”. Y ha añadido: “Durante mucho tiempo, hemos presenciado la migración de [el crimen organizado] desde la ilegalidad hacia la legalidad”.
Esta operación policial inédita ocurre en un momento en que el Gobierno de EEUU presiona a los países latinoamericanos para que organizaciones del crimen organizado, como las brasileñas PCC y el Comando Vermelho, sean declaradas grupos terroristas internacionales. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se opone a esa clasificación. La relación entre ambos países vive su peor crisis en dos siglos. La Administración Trump ha castigado a Brasil con aranceles y sanciones a jueces para librar a su aliado Jair Bolsonaro de rendir cuentas ante los tribunales por intentar perpetrar un golpe de Estado.
La Hacienda brasileña estima que la organización mafiosa ganó unos 52.000 millones de reales (más de 8.000 millones de euros, casi 10.000 millones de dólares) entre 2020 y 2024 con la venta de combustibles en Brasil y otros 10.000 millones de reales con la importación de gasolina. Las autoridades han ordenado bloquear bienes por valor de 1.400 millones de reales.
En el capítulo de las empresas financieras, el PCC había creado una amplia estructura que incluía gestores de activos bursátiles, diversos tipos de fondos de inversión, incluidos algunos dedicados al negocio inmobiliario. Una de las empresas acusadas, Inversiones REAG, se ha desplomado un 17% en la Bolsa de São Paulo después del registro policial de su sede.
La operación incluye órdenes de arresto y registro en los Estados de São Paulo, Río de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná y Santa Catarina. Dos años han durado las pesquisas y los preparativos para lanzar esta amplia operación.
Los investigadores sostienen que el PCC prácticamente tenía secuestrado el sector de los combustibles. Trabajaba con gasolina, diésel, etanol y metanol. Las empresas energéticas multinacionales han luchado durante años para erradicar el crimen organizado de sus redes de distribución en Brasil, informa Reuters. la mafia tenía, según la Policía, una amplia red de gasolineras, unos 1.600 camiones para la distribución y controlaba incluso el refino y la infraestructura portuaria.
Para el ministro Haddad esta operación es una muestra de que, “a medida que el crimen se sofistica, el Estado tiene que sofisticarse en el combate al crimen”. El complejo entramado creado por el PCC reducía el dinero en efectivo —siempre complicado de almacenar y, en estos tiempos, de blanquear— y la necesidad de paraísos fiscales para moverlo.
La policía y hacienda desarticulan una red de fondos de inversión acusados de lavar dinero para el PCC
Las autoridades de Brasil han desplegado este jueves una de sus operaciones más ambiciosas contra el crimen organizado, en concreto, contra el entramado de negocios de la economía formal que utiliza para lucrarse y lavar el dinero de sus negocios ilícitos. Unos 1.400 agentes de varios cuerpos policiales han sido desplegados en ocho de los 27 Estados brasileños para detener a unas 40 personas y registrar 255 empresas. En la mira de los investigadores, el Primeiro Comando da Capital (el PCC), la mafia más poderosa de Brasil, que tiene unos 35.000 miembros y, además de dedicarse al tráfico de drogas, ha creado una amplia cartera de negocios ilegales y legales.
La operación ha desmantelado una red con la que el PCC gestionaba unas mil gasolineras y unos 40 fondos de inversión. “Con esta operación, inauguramos una nueva forma de trabajar. Intentamos desmantelar la refinería del crimen organizado”, ha declarado el ministro de Hacienda, Fernando Haddad.
La mecánica era la siguiente: el dinero que el PCC ganaba con los combustibles lo invertía en la compra de empresas, incluidas plantas de producción energética, o lo ingresaba fondos de inversión. Las personas y empresas señaladas están acusadas de múltiples delitos, incluidos lavado de dinero, evasión fiscal, adulteración de combustibles, crímenes ambientales… Algunas de las compañías sospechosas tienen sus sedes en Faria Lima, el distrito financiero de São Paulo, el Wall Street de Brasil.
El PCC es una hermandad de criminales que nació hace tres décadas en una prisión de São Paulo tras la peor matanza en una cárcel brasileña. Su objetivo original, defender los derechos humanos más básicos de los reclusos. Con el tiempo, pasó a dominar decenas de prisiones e impone su ley en cientos de barriadas, además de crear un lucrativo negocio de tráfico de drogas.
Desde haces unos años es una multinacional del crimen que premia el emprendedurismo entre los delincuentes. Las autoridades brasileñas calculan que, además de unos 30.000 miembros en territorio nacional, que pagan una cuota, tiene unos dos mil miembros repartidos en una treintena de países extranjeros, incluidos todos los latinoamericanos, varios europeos, Turquía e incluso Japón. Su creciente infiltración en la economía formal preocupa enormemente a autoridades.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, ha destacado que esta megaoperación supone “un prometedor avance”. Y ha añadido: “Durante mucho tiempo, hemos presenciado la migración de [el crimen organizado] desde la ilegalidad hacia la legalidad”.
Esta operación policial inédita ocurre en un momento en que el Gobierno de EEUU presiona a los países latinoamericanos para que organizaciones del crimen organizado, como las brasileñas PCC y el Comando Vermelho, sean declaradas grupos terroristas internacionales. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se opone a esa clasificación. La relación entre ambos países vive su peor crisis en dos siglos. La Administración Trump ha castigado a Brasil con aranceles y sanciones a jueces para librar a su aliado Jair Bolsonaro de rendir cuentas ante los tribunales por intentar perpetrar un golpe de Estado.
La Hacienda brasileña estima que la organización mafiosa ganó unos 52.000 millones de reales (más de 8.000 millones de euros, casi 10.000 millones de dólares) entre 2020 y 2024 con la venta de combustibles en Brasil y otros 10.000 millones de reales con la importación de gasolina. Las autoridades han ordenado bloquear bienes por valor de 1.400 millones de reales.
En el capítulo de las empresas financieras, el PCC había creado una amplia estructura que incluía gestores de activos bursátiles, diversos tipos de fondos de inversión, incluidos algunos dedicados al negocio inmobiliario. Una de las empresas acusadas, Inversiones REAG, se ha desplomado un 17% en la Bolsa de São Paulo después del registro policial de su sede.
La operación incluye órdenes de arresto y registro en los Estados de São Paulo, Río de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná y Santa Catarina. Dos años han durado las pesquisas y los preparativos para lanzar esta amplia operación.
Los investigadores sostienen que el PCC prácticamente tenía secuestrado el sector de los combustibles. Trabajaba con gasolina, diésel, etanol y metanol. Las empresas energéticas multinacionales han luchado durante años para erradicar el crimen organizado de sus redes de distribución en Brasil, informa Reuters. la mafia tenía, según la Policía, una amplia red de gasolineras, unos 1.600 camiones para la distribución y controlaba incluso el refino y la infraestructura portuaria.
Para el ministro Haddad esta operación es una muestra de que, “a medida que el crimen se sofistica, el Estado tiene que sofisticarse en el combate al crimen”. El complejo entramado creado por el PCC reducía el dinero en efectivo —siempre complicado de almacenar y, en estos tiempos, de blanquear— y la necesidad de paraísos fiscales para moverlo.
EL PAÍS
