La Alcaldía de Bogotá ha reabierto el debate de la gestión del espacio público en la capital al expedir un decreto que cambia las reglas de las ventas en la calle y con el comienzo de la aplicación de la ley que regula a nivel nacional el uso de bicicletas y patinetas eléctricas, o scooters. Con ello, la Administración de Carlos Fernando Galán busca equilibrar el derecho al trabajo de los vendedores informales y el derecho al acceso al espacio público.
Varias prohibiciones para los vendedores ambulantes y la regulación de las patinetas eléctricas redefinen quién puede ocupar la calle y bajo qué condiciones
La Alcaldía de Bogotá ha reabierto el debate de la gestión del espacio público en la capital al expedir un decreto que cambia las reglas de las ventas en la calle y con el comienzo de la aplicación de la ley que regula a nivel nacional el uso de bicicletas y patinetas eléctricas, o scooters. Con ello, la Administración de Carlos Fernando Galán busca equilibrar el derecho al trabajo de los vendedores informales y el derecho al acceso al espacio público.
El decreto 177 de 2026, que la semana pasada introdujo zonificaciones, permisos temporales y mayores controles para los vendedores informales, un sector con el que el Distrito ha mantenido tensiones por años, en la búsqueda del equilibrio entre ambos derechos. “Esto no es contra las personas vulnerables que hacen venta informal en espacio público”, ha explicado este lunes el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.
Sin embargo, la medida no ha caído bien en parte de los vendedores, que han organizado protestas y bloqueos en varios puntos de la ciudad. “Desde que llegó él (Galán), ha atacado al vendedor informal. Es aporofóbico, le tiene fobia a las personas humildes que salimos a buscar el sustento”, ha dicho a la prensa local Óscar Riveros, uno de los vendedores presentes en las concentraciones. “Quieren el espacio público libre de vendedores informales para arrendarlo a grandes empresas”, ha añadido Esmeralda Moreno, otra vendedora.
El decreto establece que la ocupación del espacio público estará sujeta a estudios técnicos de capacidad que definirán dónde se puede vender, dónde habrá restricciones y qué zonas serán consideradas áreas de “manejo especial”, donde la actividad estará prohibida. También fija condiciones sobre el tipo de estructuras, el tamaño de los puestos y su impacto en la movilidad, especialmente en relación con peatones y personas con discapacidad. Además, prohíbe actividades como el trabajo infantil, la venta de sustancias ilegales o la realización de procedimientos como tatuajes en la vía pública, y regula el uso de cilindros de gas, que se utilizan en puestos de comida que cocinan diferentes productos en chazas en los andenes o plazas. Ahora, por el riesgo que conllevan, solo podrán usarse bajo autorización expresa.
En medio del debate, la administración ha hecho un énfasis en que busca aumentar “el orden y la seguridad”. “Vamos a combatir las mafias que existen en el espacio público y que ejercen algún tipo de economía ilegal”, ha dicho Quintero, en un discurso que ha generado rechazo entre vendedores, que denuncian que produce estigmatización. Sin embargo, las autoridades sostienen que parte de la actividad informal está permeada por dinámicas como la extorsión o el microtráfico, algo que se ha estudiado en el pasado. El secretario también ha defendido la medida como respuesta a una demanda ciudadana: “La ciudadanía ha pedido organizar el espacio público”.
Desde la oposición, sin embargo, se ha cuestionado ese enfoque. Una concejal del partido izquierdista Pacto Histórico, Quena Ribadeneira, ha cargado contra el decreto: “No organiza el espacio público: castiga a quienes viven del trabajo honesto en el espacio público y pone en riesgo el sustento de más de 95.000 familias”, ha escrito en sus redes sociales. Asimismo, ha negado que la Alcaldía tenga la voluntad de concertar con los vendedores ambulantes y ha afirmado que desde el Concejo se propusieron espacios de diálogo que la Administración no atendió. Sin embargo, otros concejales han celebrado la medida. Sandra Forero, del derechista Centro Democrático, ha dicho que se trata de “un avance para el manejo del espacio público”, aunque ha dicho que la ciudad enfrenta todavía “retos enormes”. Y la cristiana Clara Lucía Sandoval, del tradicional Partido Liberal, la ha calificado de “un gana-gana” para vendedores, peatones y la ciudad.
La norma también endurece las herramientas de control. Toda actividad en el espacio público requerirá una autorización previa, que será temporal, y todos los vendedores deben estar en el registro del Instituto para la Economía Social (IPES), aunque eso no otorga por sí mismo el derecho a ocupar el espacio público y, aun con el registro, un vendedor puede ser desalojado si no cumple las reglas. Asimismo, el decreto establece un marco más claro para las intervenciones de la Policía, que ya estaba autorizada para realizarlas. La norma establece condiciones y situaciones para imponer sanciones que van desde multas hasta el retiro de los puestos.
Antes de cualquier intervención, el Distrito deberá identificar y caracterizar a los vendedores afectados, y ofrecerles alternativas como la reubicación, el acceso a empleo o programas de emprendimiento. Se trata de un esfuerzo que Bogotá ha aprendido en el pasado, especialmente en las alcaldías de Enrique Peñalosa, con resultados mixtos.
Las alcaldías locales y la Secretaría de Desarrollo Económico tendrán un papel clave en este proceso. Su titular, María del Pilar López, ha señalado que es necesario entender las distintas realidades de esta población y ha destacado que “un buen porcentaje” de los 100.904 vendedores informales que hay en la ciudad, según el Instituto Distrital para la Economía Social con corte a diciembre de 2025, buscan un empleo formal. Según ha dicho, ya han articulado esfuerzos con entidades distritales como la empresa Metro o el IDU para vincular a vendedores como operarios. En todo caso, López ha reconocido que esa oferta no sería suficiente y ha enfatizado la importancia de trabajar con el sector privado. También se impulsarán ferias distritales y la adecuación de terrenos públicos para actividades económicas.
Desde 2024, el comienzo de la administración Galán, se han registrado 19.061 nuevos vendedores informales en la ciudad. López ha asegurado que se trata de un fenómeno estructural: “El problema no solo es de Bogotá”, ha dicho, asegurando que el debilitamiento del mercado laboral a nivel nacional empuja a la informalidad. A ello, agrega, se suman el envejecimiento de la población (alrededor del 50% de los vendedores tiene más de 50 años) y la intensificación de dinámicas como el desplazamiento forzado.
Esa reorganización del espacio público coincide con la entrada en vigor de la Ley 2485 de 2025, que regula la operación de vehículos eléctricos livianos, como patinetas, motos y scooters. La norma los define como vehículos de uso individual con potencia máxima de 1.000 watts y los ubica en una categoría distinta a la de los automotores: no les exige requisitos como matrícula, SOAT ni licencia de conducción.
Establece que deben circular principalmente por ciclorrutas y, en su ausencia, por vías autorizadas, con límites de velocidad de hasta 25 km/h en infraestructura ciclista y 40 km/h en la vía. También prohíbe su tránsito por andenes —los espacios que busca liberar el decreto de espacio público—, exige usar casco y tener luces y elementos reflectivos, restringe su uso a una sola persona y fija una edad mínima de 16 años para usarlos. Además, reconoce a sus usuarios como sujetos de protección en la vía, obligando a los vehículos motorizados a respetar su prioridad en la vía junto con peatones y ciclistas.
La norma, sin embargo, ha generado críticas. La Asociación Colombiana de Salud Pública advirtió en julio de 2025 que, aunque está de acuerdo con la promoción de alternativas sostenibles de movilidad, “tal como está formulada podría representar riesgos” para actores vulnerables como peatones, niños, personas mayores o con discapacidad. Específicamente, la organización pidió reconsiderar la exención del SOAT, la licencia y la matrícula; la obligación de transitar por ciclorruta, pues no “considera los riesgos asociados a velocidades potenciales superiores a 40 kilómetros por hora” que desarrollan esos vehículos; la falta de un enfoque diferencial y de género en la norma; y su “contradicción con […] estándares internacionales”.
EL PAÍS
