Cada cuatro días un nuevo proceso judicial o administrativo se abre, en promedio, en México en contra de algún periodista o medio de comunicación, como una medida de acoso y de censura en contra de su labor. La organización Artículo 19 ha documentado “un preocupante aumento sostenido” del acoso judicial contra periodistas: entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, registraron 51 casos, que incluyen a 39 periodistas —28 hombres y 11 mujeres— y 12 medios de comunicación que han sido notificados de procesos legales en su contra. “Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”, dicen en el reporte Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México, publicado este martes.
El texto enfatiza en el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), diseñada originalmente para combatir la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en México. “Esta figura se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder”, aseguran en el reporte.
La organización había alertado desde 2016 sobre el aumento de esta tendencia en casos legales contra periodistas, pero señalan que en solo los siete meses que van de 2025 —no cuentan todavía con los casos de agosto— el número de víctimas registradas supera por mucho el de cualquiera de los años anteriores. “El peor año de acoso judicial y aún no se termina”, dice Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.
Estos procesos judiciales, administrativos o ministeriales en contra de los periodistas apuestan por provocar un desgaste en la persona hacia la que van dirigidos, incluyendo también el desgaste económico, emocional, físico y mental que conllevan este tipo de procedimientos. El propósito es que las investigaciones, notas periodísticas e incluso publicaciones en redes sociales, sean borradas, revertidas o sancionadas, y mandar así el mensaje de que hay temas “prohibidos” o que se pueden remover o eliminar discursos incómodos que dañan los intereses económicos o políticos.
De los 51 casos documentados hasta julio, 26 fueron por la vía electoral (50,98%), 14 por la vía penal (27,45%), y 11 civiles (21,57%). Además, los perpetradores de acoso judicial son, en su mayoría, personas con poder público: De los casos documentados, 23 (45,10%) fueron personas funcionarias públicas (varias de ellas en proceso reelección de su puesto o en proceso de candidatura de uno nuevo), seguido de 18 particulares (35,29%), y 10 (19,61%) con procesos iniciados por partidos políticos y candidaturas (sin un puesto como persona funcionaria al momento de la agresión).
De las 23 autoridades que comenzaron procesos contra periodistas, la mayoría fueron en el ámbito estatal: 14 casos (60,87%); seguido de autoridades federales, sobre todo personas candidatas en el proceso de elecciones judiciales de este año (5 casos, 21,74%); y por último, autoridades municipales (4 casos, 17,39%).
De todos los procesos documentados, 25 acusaron a la prensa de VPEG, lo que resulta en uno de cada dos procesos de acoso judicial contra la prensa en México empezaron abusando de la normativa de esa figura.
Además, por entidad federativa, Artículo 19 apunta que los casos han sido documentados en 17 estados, los tres con más procesos son Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, Campeche, Oaxaca y Puebla.
Los casos con más proyección
El reporte menciona el caso del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, que en enero pasado llamó a los periodistas “sicarios de la comunicación” y “sicarios en las redes”, y que se refirió a los comunicadores como unos agresores hacia su gobierno. También el caso de la periodista Lourdes Mendoza, que desde enero de 2025 fue notificada de una demanda de daño moral interpuesta por Adrián Rubalcava, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de Ciudad de México. “Como parte de este proceso, la periodista tuvo que responder un interrogatorio de aproximadamente tres horas, y ha tenido que mantener exigencias activas tanto en sus redes sociales como en espacios periodísticos para reivindicar su imagen y mantener un debido proceso en su caso”, dicen.
Además, mencionan las denuncias por VPEG al periodista Jorge Luis González, en Campeche, también enfrenta procesos penales (por el supuesto delito de odio), y civiles por daño moral, promovidos por la gobernadora de ese Estado, Layda Sansores y la dirección de Comunicación Social. Así como los casos del columnista Hernán Gómez, junto con la editorial Penguin Random House, que enfrentan una serie de litigios por su libro Traición en Palacio: el negocio de la justicia en la 4T.
O las personas que han sido denunciadas por VPEG, como Ruby Soriano, en Puebla, notificada por el Instituto Estatal Electoral de Puebla (IEE); Héctor de Mauleón, por el Instituto Electoral de Tamaulipas; e incluso, la ciudadana Karla Estrella, en Sonora, sancionada por el INE y el TEPJF tras publicar un tuit que cuestionaba posible nepotismo en beneficio de la diputada Diana Karina Barreras.
El informe hace un llamado a las autoridades apara atender la problemática desde los distintos poderes e instituciones: “El acoso judicial se ha convertido en una nueva forma de censura en México: Si bien la violencia física y digital aún es parte de la vida de periodistas y medios en el país, ahora hay un uso frecuente e intensivo de demandas, denuncias y medidas cautelares para silenciar a periodistas y medios. Si esta tendencia continúa, el espacio para el periodismo crítico se reducirá aún más”, advierten.
Hasta el 31 de julio, la organización documenta 51 casos que incluyen a 39 periodistas y 12 medios de comunicación notificados de algún procedimiento legal en su contra
Cada cuatro días un nuevo proceso judicial o administrativo se abre, en promedio, en México en contra de algún periodista o medio de comunicación, como una medida de acoso y de censura en contra de su labor. La organización Artículo 19 ha documentado “un preocupante aumento sostenido” del acoso judicial contra periodistas: entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, registraron 51 casos, que incluyen a 39 periodistas —28 hombres y 11 mujeres— y 12 medios de comunicación que han sido notificados de procesos legales en su contra. “Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”, dicen en el reporte Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México, publicado este martes.
El texto enfatiza en el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), diseñada originalmente para combatir la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en México. “Esta figura se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder”, aseguran en el reporte.
La organización había alertado desde 2016 sobre el aumento de esta tendencia en casos legales contra periodistas, pero señalan que en solo los siete meses que van de 2025 —no cuentan todavía con los casos de agosto— el número de víctimas registradas supera por mucho el de cualquiera de los años anteriores. “El peor año de acoso judicial y aún no se termina”, dice Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.
Estos procesos judiciales, administrativos o ministeriales en contra de los periodistas apuestan por provocar un desgaste en la persona hacia la que van dirigidos, incluyendo también el desgaste económico, emocional, físico y mental que conllevan este tipo de procedimientos. El propósito es que las investigaciones, notas periodísticas e incluso publicaciones en redes sociales, sean borradas, revertidas o sancionadas, y mandar así el mensaje de que hay temas “prohibidos” o que se pueden remover o eliminar discursos incómodos que dañan los intereses económicos o políticos.
De los 51 casos documentados hasta julio, 26 fueron por la vía electoral (50,98%), 14 por la vía penal (27,45%), y 11 civiles (21,57%). Además, los perpetradores de acoso judicial son, en su mayoría, personas con poder público: De los casos documentados, 23 (45,10%) fueron personas funcionarias públicas (varias de ellas en proceso reelección de su puesto o en proceso de candidatura de uno nuevo), seguido de 18 particulares (35,29%), y 10 (19,61%) con procesos iniciados por partidos políticos y candidaturas (sin un puesto como persona funcionaria al momento de la agresión).
De las 23 autoridades que comenzaron procesos contra periodistas, la mayoría fueron en el ámbito estatal: 14 casos (60,87%); seguido de autoridades federales, sobre todo personas candidatas en el proceso de elecciones judiciales de este año (5 casos, 21,74%); y por último, autoridades municipales (4 casos, 17,39%).
De todos los procesos documentados, 25 acusaron a la prensa de VPEG, lo que resulta en uno de cada dos procesos de acoso judicial contra la prensa en México empezaron abusando de la normativa de esa figura.
Además, por entidad federativa, Artículo 19 apunta que los casos han sido documentados en 17 estados, los tres con más procesos son Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, Campeche, Oaxaca y Puebla.
Los casos con más proyección
El reporte menciona el caso del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, que en enero pasado llamó a los periodistas “sicarios de la comunicación” y “sicarios en las redes”, y que se refirió a los comunicadores como unos agresores hacia su gobierno. También el caso de la periodista Lourdes Mendoza, que desde enero de 2025 fue notificada de una demanda de daño moral interpuesta por Adrián Rubalcava, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de Ciudad de México. “Como parte de este proceso, la periodista tuvo que responder un interrogatorio de aproximadamente tres horas, y ha tenido que mantener exigencias activas tanto en sus redes sociales como en espacios periodísticos para reivindicar su imagen y mantener un debido proceso en su caso”, dicen.
Además, mencionan las denuncias por VPEG al periodista Jorge Luis González, en Campeche, también enfrenta procesos penales (por el supuesto delito de odio), y civiles por daño moral, promovidos por la gobernadora de ese Estado, Layda Sansores y la dirección de Comunicación Social. Así como los casos del columnista Hernán Gómez, junto con la editorial Penguin Random House, que enfrentan una serie de litigios por su libro Traición en Palacio: el negocio de la justicia en la 4T.
O las personas que han sido denunciadas por VPEG, como Ruby Soriano, en Puebla, notificada por el Instituto Estatal Electoral de Puebla (IEE); Héctor de Mauleón, por el Instituto Electoral de Tamaulipas; e incluso, la ciudadana Karla Estrella, en Sonora, sancionada por el INE y el TEPJF tras publicar un tuit que cuestionaba posible nepotismo en beneficio de la diputada Diana Karina Barreras.
El informe hace un llamado a las autoridades apara atender la problemática desde los distintos poderes e instituciones: “El acoso judicial se ha convertido en una nueva forma de censura en México: Si bien la violencia física y digital aún es parte de la vida de periodistas y medios en el país, ahora hay un uso frecuente e intensivo de demandas, denuncias y medidas cautelares para silenciar a periodistas y medios. Si esta tendencia continúa, el espacio para el periodismo crítico se reducirá aún más”, advierten.
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