La derrota de la reforma político-electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados no solo abrió una grieta en la coalición gobernante, también detonó el recrudecimiento de una ofensiva política que, en cuestión de horas, derivó en una campaña de linchamiento mediático contra aquellos legisladores del PT, del PVEM y de Morena que se atrevieron a romper la disciplina del bloque oficialista. El capítulo que ha seguido a la muerte de la enmienda constitucional es una ola de reproches a quienes votaron en contra. La “guerra negra”, de la que hablaron los petistas con EL PAÍS, se ha intensificado mientras el Gobierno empuja un plan B que espera, ahora sí, que tenga el aval de sus socios políticos.
El primer revés legislativo de la presidenta desata una ofensiva política contra el PT, Verde y morenistas que votaron en contra. Este es el clima que rodea el futuro del “plan B” de la mandataria
La derrota de la reforma político-electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados no solo abrió una grieta en la coalición gobernante, también detonó el recrudecimiento de una ofensiva política que, en cuestión de horas, derivó en una campaña de linchamiento mediático contra aquellos legisladores del PT, del PVEM y de Morena que se atrevieron a romper la disciplina del bloque oficialista. El capítulo que ha seguido a la muerte de la enmienda constitucional es una ola de reproches a quienes votaron en contra. La “guerra negra”, de la que hablaron los petistas con EL PAÍS, se ha intensificado mientras el Gobierno empuja un plan B que espera, ahora sí, que tenga el aval de sus socios políticos.
Desde tribunas políticas, mensajes en redes sociales y presión política ha comenzado a instalarse la narrativa de “traición”. Los legisladores que votaron en contra fueron señalados de obstaculizar una reforma que, según la Administración de Sheinbaum, buscaba reducir los costos del sistema electoral y combatir privilegios políticos como la designación de legisladores de representación proporcional por listas. La propia presidenta ha lamentado que algunos legisladores se negaran a renunciar a esos privilegios, en referencia al financiamiento público y al diseño actual del sistema de partidos. “No es un asunto de castigar o no”, lanzó la mandataria al día siguiente del fracaso de su iniciativa.
La votación del 11 de marzo ha dejado heridas en la coalición difíciles de sanar: por primera vez en lo que va del sexenio, una iniciativa de reforma constitucional de autoría presidencial naufragó en el Congreso. Con 259 votos a favor y 234 en contra, la propuesta quedó lejos de la mayoría calificada indispensable para modificar la Constitución. Los votos de rechazo vinieron, como se había anticipado, del bloque opositor, PAN, PRI y MC, pero también de los socios políticos de la agrupación guinda, Partido del Trabajo (PT), del PVEM, así como un puñado de diputados de Morena que decidieron no respaldarla por ser contraria a sus intereses. El proyecto buscaba transformar el sistema electoral mexicano: reducir el número de senadores, recortar el 25% del financiamiento público a partidos y modificar las reglas de representación proporcional y del sistema electoral mexicano.
Sin embargo, lo que comenzó como un debate legislativo terminó convertido en una batalla política. Las horas y días siguientes a la muerte de la propuesta presidencial, los legisladores que votaron en contra, incluidos tres diputados de Morena, 48 de la bancada del PT y 49 del Verde, se convirtieron en blanco de una campaña de descalificación pública que ha incluido acusaciones de traición, presiones políticas y desplegados. En Oaxaca, Estado gobernado por el morenista Salomón Jara, que arrastra una relación tensa con el PT ya desde antes del debate de la reforma, apareció desplegada una manta con los rostros de los seis diputados petistas y oaxaqueños que votaron en contra de la propuesta. “Traidores a la patria”, se lee. Esto ha provocado la reacción de los petistas, que han reforzado sus acusaciones de que la guerra en su contra es fuego amigo. “Este tipo de acciones representan un intento de intimidación política y un grave atentado contra la vida democrática”, ha dicho la diputada por Oaxaca Aracely Cruz, una de las aludidas.
El tono del PT ha ido en ascenso. Los legisladores han sostenido que esta estrategia replica los métodos de los grupos del crimen organizado que despliegan mantas en las vías de comunicación más transitadas con mensajes intimidatorios para amedrentar a sus objetivos. La petista los ha llamado públicamente “los narcopolíticos emanados de Morena”, una declaración delicada que secunda la retórica de la oposición, pero que procede de los socios de la coalición gobernante. Mientras, en otro frente, en el de la dirigencia petista, incluso algunos morenistas sostienen que la campaña negra se cocina desde los despachos de Jesús Ramírez Cuevas, asesor de la presidencia, de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, y del vocero de la bancada guinda en la Cámara baja, Arturo Ávila. El primero ha negado rotundamente las acusaciones.
El naufragio de la enmienda aupada por la mandataria ha potencializado las tensiones que se habían acumulado durante semanas dentro del bloque oficialista. El PT, aliado histórico de Morena, había criticado desde el primer día el proyecto presidencial al considerar que debilitaba el federalismo, implicaba un retroceso democrático que regresaba al partido hegemónico al poner en vilo la representación proporcional de los partidos minoritarios, los puntos más espinosos que ninguna de las partes estuvo dispuesta a negociar. Esto ha resultado en el primer gran revés legislativo desde que Sheinbaum asumió el poder. La disciplina del oficialista se ha roto y amaga con repetirse en el Plan B.
“¡Las 3 diputadas de Morena que hoy votaron con el PRIAN para rechazar la reforma política son plurinominales! ¡Aquí sus nombres y caras para que no se les olvide!“, se lee en uno de las decenas de mensajes que navegan en redes sociales. Las publicaciones vienen acompañadas de nombres y fotografías de las legisladoras Giselle Arellano, Alejandra Chedraui y Santy Montemayor, las tres morenistas que rompieron el cierre de filas anunciado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y la dirigente nacional del partido. La diputada Olga Sánchez Cordero, quien un día antes había dado su voto a favor en comisiones legislativas, pero terminó posicionándose en contra y se ausentó el día de la votación en el pleno, ha corrido con la misma suerte. “Debe ser sujeta a una investigación por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena”, ha dicho Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena.
La dificultad para aceptar las discrepancias dentro de las propias filas del oficialismo se ha puesto en evidencia, así como las consecuencias de romper la disciplina. Las cuentas en redes sociales han amplificado el conflicto y han dado combustible para construir un relato con dos protagonistas: los defensores de la reforma y los “traidores” que la han sepultado.
EL PAÍS
