Un juez federal ha determinado que existen pruebas suficientes para sostener que la noche de 2014 en la que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecieron, el entonces gobernador, Ángel Aguirre, recibió unos videos cruciales para la investigación que ordenó destruir. El político ha sido vinculado a proceso por desaparición forzada y ocultamiento de evidencias y deberá seguir su proceso en prisión preventiva por el momento. Su abogado, Guillermo Barradas, ha declarado ante los medios que la defensa presentó pruebas de que el exgobernador estaba fuera de Chilpancingo aquel día y que se encontraba reunido en Ciudad de México con el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong cuando supuestamente le entregaron los videos.
El juez considera que hay pruebas suficientes para demostrar que el político ocultó evidencias, aunque su defensa argumenta que estaba reunido cuando le entregaron los videos que presuntamente ordenó destruir
El juez considera que hay pruebas suficientes para demostrar que el político ocultó evidencias, aunque su defensa alega que estaba reunido cuando le entregaron los videos que presuntamente ordenó destruir
Un juez federal ha determinado que existen pruebas suficientes para sostener que la noche de 2014 en la que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecieron, el entonces gobernador, Ángel Aguirre, recibió unos videos cruciales para la investigación que ordenó destruir. El político ha sido vinculado a proceso por desaparición forzada y ocultamiento de evidencias y deberá seguir su proceso en prisión preventiva por el momento. Su abogado, Guillermo Barradas, ha declarado ante los medios que la defensa presentó pruebas de que el exgobernador estaba fuera de Chilpancingo aquel día y que se encontraba reunido en Ciudad de México con el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong cuando supuestamente le entregaron los videos.
Después de una audiencia que ha durado casi 14 horas y concluyó a las tres de la madrugada, la Justicia ha determinado que la hipótesis del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa tiene sustento, por lo que Aguirre deberá continuar el proceso judicial desde el CEFERESO número 1 del Altiplano. Esta teoría, desarrollada a partir de dos testigos, apunta a que la noche en la que desaparecieron los estudiantes el 29 de septiembre, el gobernador mandó a destruir las grabaciones de dos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, que mostraban cómo policías municipales y estatales detuvieron uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas. En las imágenes, supuestamente se vería la ruta que tomaron los policías y los estudiantes antes de perderles el rastro.
El juez Mario Elizondo Martínez ha dado un plazo de cuatro meses a la Fiscalía General de la República para concluir su investigación complementaria. Mientras tanto, Aguirre estará bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa bajo los cargos de obstrucción a la justicia por ocultamiento de pruebas y por desaparición forzada de personas.
El abogado Barragas ha denunciado que la decisión del juez es una señal de “la fragilidad del sistema de justicia” y ha advertido que apelarán la resolución. La defensa de Aguirre ha presentado un paquete con varias decenas de pruebas, en el que se incluyen dos testimonios que contradicen las declaraciones de los testigos que aseguran que esa noche se le entregaron los videos al gobernador y que este mandó a destruirlos a funcionarios estatales. Uno de esos testimonios es el del excoordinador de Seguridad y Transporte, quien alega que esa noche llevó al exgobernador hasta Polanco, en la capital, para que se reuniera con Osorio Chong a las 18.00 para regresar a Chilpancingo a las 23.00.
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