El caso Ayotzinapa es un agujero negro que devora todo lo que se le aproxima en busca de la verdad. El manoseo y manipulación a las investigaciones desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y la férrea oposición del Ejército a ser investigado en el periodo de Andrés Manuel López Obrador han sido algunos de los obstáculos para desenmarañar el asunto, que se reduce a algunas cuestiones medulares: ¿qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero y quiénes fueron los responsables de su trágico destino? López Obrador prometió a las familias de las víctimas que haría todo por que se conociera la verdad, al tiempo que abogó por la inocencia del Ejército, a contrapelo de investigaciones independientes que apuntaban a un grado de participación de elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala en los hechos, y también en contra de los anhelos de las familias de los normalistas.
El organismo defiende sus investigaciones, que apuntan a autoridades estatales y municipales, y carga contra la “campaña” de organizaciones y expertos
El caso Ayotzinapa es un agujero negro que devora todo lo que se le aproxima en busca de la verdad. El manoseo y manipulación a las investigaciones desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y la férrea oposición del Ejército a ser investigado en el periodo de Andrés Manuel López Obrador han sido algunos de los obstáculos para desenmarañar el asunto, que se reduce a algunas cuestiones medulares: ¿qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero y quiénes fueron los responsables de su trágico destino? López Obrador prometió a las familias de las víctimas que haría todo por que se conociera la verdad, al tiempo que abogó por la inocencia del Ejército, a contrapelo de investigaciones independientes que apuntaban a un grado de participación de elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala en los hechos, y también en contra de los anhelos de las familias de los normalistas.
A tono con el expresidente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mantuvo una distancia prudente del Ejército. La titular del organismo, Rosario Piedra, es muy cercana al exmandatario y al partido oficialista, Morena. La presidenta Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador, ratificó a Piedra al frente de la comisión en 2024. Desde allí, la ombudsperson ha materializado la posición del oficialismo. El pasado 2 de julio, la CNDH emitió la recomendación 208VG/2026, en la que, en resumen, señala que la mayor responsabilidad del crimen recae en las corporaciones policiacas de los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Taxco, Ixcateopan y Tepecoacuilco, coludidas con la organización criminal Guerreros Unidos.
De la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la recomendación de cerca de 900 páginas afirma que no existen pruebas directas que acrediten que esa institución o el 27 Batallón diseñaran, ordenaran o ejecutaran un plan de desaparición o exterminio de los normalistas. El informe concede que mandos del Ejército tuvieron conocimiento de la masacre mientras ocurría, e incluso reconoce la presencia de varios elementos en algunos puntos cruciales, como se ha documentado en el pasado, pero afirma que ello derivaría en omisiones individuales de los soldados, no en una responsabilidad institucional.
“Para encontrar la verdad llana, y la justicia, ha sido igual de nociva la narrativa de la ‘Verdad Histórica’ como la narrativa de la ‘Anti-Verdad Histórica’. Porque mientras en la narrativa de la ‘Verdad Histórica’ se sostenía que la Normal de Ayotzinapa estaba infiltrada por grupos del crimen organizado, puesto que toda la carga estaba en estos últimos y en los policías municipales; en la narrativa de la ‘Anti-Verdad Histórica’, como la carga se ha querido trasladar al Ejército como una ‘acción de Estado’, luego entonces, este tenía militares infiltrados entre los estudiantes y ese fue el detonante de los hechos”, dice el informe, en referencia al normalista que estaba enrolado en la Sedena, Julio César López Patolzin.
La recomendación se dirigió a varias instituciones municipales, estatales y federales, a excepción de la Sedena. Por su postura favorable al Ejército, el informe de la CNDH fue ampliamente criticado por académicos y organizaciones civiles, y directamente por integrantes del GIEI, comisión internacional de especialistas a la que el Gobierno mexicano encargó una indagatoria independiente, y en la que los familiares de los normalistas tienen mucha confianza. Frente a los cuestionamientos, la CNDH ha salido este domingo a defender el sentido de su recomendación y a cargar contra la “campaña” de los críticos. En un largo y airado alegato, el organismo afirma que los señalamientos resultan “ridículos”, “absurdos”, “risibles”, “malintencionados” o “capciosos”.
La CNDH niega que haya omitido investigar exhaustivamente el rol del Ejército o del Batallón de Iguala. “El proyecto de recomendación se inició a partir del imperativo de investigar la responsabilidad institucional del Ejército. Incluso partiendo del supuesto, ampliamente difundido, de que era el verdadero responsable de los hechos […] se buscó, pues, la existencia de un plan específico de exterminio contra los normalistas de Ayotzinapa, como de hecho sí había tenido el Ejército en algunos casos documentados por nosotros en el pasado”, explica. La CNDH o destaca además las tres causas penales que están actualmente abiertas contra elementos de la Sedena. “Miente quien dice que es el Ejército el beneficiario de esta recomendación, son las víctimas”, sostiene.
El organismo carga contra algunas organizaciones implicadas en la investigación del caso o que prestaron defensa legal a los familiares de las víctimas. “¿No debería ser objeto también de investigación cuánto dinero ha fluido a organizaciones y ‘defensores’ en nombre del Caso Ayotzinapa? Nosotros creemos que sí, y eso es lo que se plantea en la recomendación, porque mientras a ellos se han ido muchos recursos, la mayoría de las víctimas han tenido que padecer carencias, desatención, incluso abusos y criminalización real, al grado de que algunas de ellas han fallecido en condiciones lamentables”, reclama.
Para botón de muestra, el comunicado denuncia que al GIEI se han destinado más de 67 millones de pesos. “Son ya más de 11 años. ¿Cuánto dinero (millones de dólares) ha llegado a las ONG y a abogados en todos esos años a costa del caso, y cuanto a las víctimas y a las normales?”, señala. La cuestionada recomendación ha desencadenado reacciones en la política, caso del Congreso federal, donde Movimiento Ciudadano (MC) ha exigido la comparecencia de Rosario Piedra. Es previsible que el oficialismo cerrará filas con ella, como hizo ya al ratificar su reelección al frente de la comisión a instancias de la presidenta Sheinbaum en 2024.
EL PAÍS
