A partir del viernes 1 de mayo, Colombia estrena modelo de pasaporte y esquema de producción. La Imprenta Nacional le ha tomado el relevo a la empresa privada Thomas Greg & Sons, en un convenio tripartito con el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Casa de la Moneda de Portugal, por un valor de 1,3 billones de pesos, alrededor de 300 millones de dólares.
A partir del 1 de mayo, la Imprenta Nacional asume la expedición del documento de identidad tras la salida de Thomas Greg & Sons. Sin embargo, un informe de la Procuraduría revela que casi el 90% de las libretas proceden de Francia, no de Portugal, y que el Estado no puede certificar su origen
A partir del viernes 1 de mayo, Colombia estrena modelo de pasaporte y esquema de producción. La Imprenta Nacional le ha tomado el relevo a la empresa privada Thomas Greg & Sons, en un convenio tripartito con el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Casa de la Moneda de Portugal, por un valor de 1,3 billones de pesos, alrededor de 300 millones de dólares.
El nuevo documento llega con un rediseño completo que incluye 32 composiciones visuales que retratan la biodiversidad de Colombia, con referencias al realismo mágico de Gabriel García Márquez —incluidas las mariposas amarillas de Cien Años de Soledad—, imágenes del cóndor de los Andes, colibríes, santuarios y comunidades indígenas.
La cubierta mantiene el usual color vino tinto, aunque con un tono ligeramente más intenso, e incorpora un chip y nuevos sellos de seguridad certificados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). La transición hacia el nuevo pasaporte se dará de manera gradual, y los documentos del modelo anterior seguirán emitiéndose hasta agotar el stock de unas 80.000 libretas.
El hallazgo de la Procuraduría: libretas hechas en Francia
La controversia ha crecido antes del estreno oficial del pasaporte. El pasado 23 de abril, la Procuraduría General visitó la sede de la Imprenta Nacional y documentó hallazgos que contradicen el discurso oficial sobre el origen de las libretas. La revista Cambio ha revelado el informe, que señala que, en la bóveda de la institución, había 66.400 libretas en blanco: unas 59.000 despachadas desde el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, y solo 7.400 desde Lisboa, Portugal. Otras 130.000 estarían próximas a llegar, también desde Francia.
Según las pesquisas, cerca del 90% de las libretas provendría de IN Groupe, una empresa estatal francesa que en el contrato solo debe intervenir como contingencia ante una catástrofe en Colombia, según la cláusula novena del Convenio 010 de 2025.
Pero el hallazgo más crítico ha sido que Viviana León, gerente de la Imprenta Nacional, ha admitido ante los procuradores que no podía certificar el origen real de las libretas, pues solo contaba con guías de embarque con salida desde París. Hasta el momento, solo se han producido 1.500 ejemplares de muestra en territorio colombiano, sin validez oficial y sin distribución a la ciudadanía. Esto contradice las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirma que los pasaportes se producen en territorio colombiano.
La serie de antecedentes de corrupción y el ciberataque al sistema
La participación de la compañía francesa IN Groupe ha añadido otro flanco de riesgo al tema de los pasaportes. Su filial Surys se encuentra bajo supervisión de las autoridades francesas desde julio de 2024 tras aceptar una multa de 18 millones de euros por corrupción y lavado de activos vinculados a la fabricación de pasaportes para Ucrania.
El convenio colombiano ha sido firmado apenas 20 días después de dicha sanción. Además, el sistema Sitac —encargado de gestionar los datos del documento— ha sufrido un ciberataque solo una semana antes de la reinspección de la Procuraduría.
El Senado de Colombia pide explicaciones y el Gobierno se defiende
El senador conservador y opositor Nicolás Echeverry ha advertido de una “improvisación” en el proceso de fabricación de los pasaportes, que ha pasado por un largo y complejo proceso legal, y ha exigido garantías de eficiencia y calidad del documento. La canciller Rosa Villavicencio ha defendido el esquema y ha asegurado que la emisión del documento avanza “sin contratiempos”, con una certificación internacional vigente.
Además, la canciller ha aseverado que en diez años, Colombia tendrá autonomía total en la producción del documento. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha analizado las demandas y posibles medidas cautelares que podrían suspender el convenio para la fabricación del documento, envuelto en una larga polémica desde que el presidente ordenara a su primer canciller, Álvaro Leyva, suspender la licitación para el contrato por rechazara que lo recibiría Thomas Greg, la única empresa avalada en ese proceso. El político conservador obedeció pese a las alertas legales, Thomas Greg demandó y finalmente llegó a un acuerdo con el Gobierno. EL excanciller, convertido en crítico de Petro, ahora enfrenta un juicio penal por su decisión.
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