El Gobierno de Javier Milei atraviesa un nuevo escándalo por presunta corrupción, esta vez por la concesión de créditos millonarios a altos funcionarios y legisladores de la Administración ultraderechista. Las denuncias judiciales y los pedidos de informes al Ejecutivo ya presentados señalan posibles irregularidades e incompatibilidades en los préstamos, otorgados con fondos de la misma banca pública que, según la prédica oficial, la motosierra de Milei se proponía destruir o privatizar.
Las presentaciones ante la justicia y el Congreso señalan posibles irregularidades en préstamos hipotecarios
El Gobierno de Javier Milei atraviesa un nuevo escándalo por presunta corrupción, esta vez por la concesión de créditos millonarios a altos funcionarios y legisladores de la Administración ultraderechista. Las denuncias judiciales y los pedidos de informes al Ejecutivo ya presentados señalan posibles irregularidades e incompatibilidades en los préstamos, otorgados con fondos de la misma banca pública que, según la prédica oficial, la motosierra de Milei se proponía destruir o privatizar.
Los créditos hipotecarios o prendarios investigados fueron adjudicados por el Banco de la Nación Argentina entre 2024 y 2025, es decir, cuando ya gobernaba Milei. Los montos involucrados oscilan entre los 100 millones y los 527 millones de pesos (entre 71.000 y 376.000 dólares, al cambio actual), a pagar en plazos de hasta 30 años y con una tasa del 4,5%, supeditada, además, a la inflación.
“Los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”, plantea una de las denuncias presentadas ante los tribunales, en este caso con la firma de los diputados Esteban Paulón (Partido Socialista) y Mónica del Frade (Coalición Cívica). Las presentaciones judiciales apuntan contra las autoridades del Banco Nación y también contra los receptores de los préstamos por eventual comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público.
Los beneficiarios son al menos 22 personas ligadas al Gobierno. Entre ellos figuran altos funcionarios vinculados directamente con la gestión económica: Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del Ministerio de Economía, con una deuda de 373 millones de pesos; Federico Furiase, secretario de Finanzas nacional, con 367 millones; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central de la República, con 510 millones. En otras áreas aparecen Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital de la Presidencia; el director de la secretaría privada de la Cámara de Diputados, Sharif Menem; Emiliano José Mongilardi, director de la petrolera YPF; y los diputados de La Libertad Avanza Santiago Santurio, Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, entre otros.
El Gobierno de Milei intentó durante las últimas horas defender la legalidad de los préstamos. “Las tasas y condiciones ofrecidas son para todos los que cumplen las condiciones del banco”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. También el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que los beneficiarios “no tienen ventaja respecto del resto” de las personas. “No hay nada ilegal ni inmoral”, añadió.
La solidez de los argumentos del Ejecutivo crujió cuando se conoció el despido de uno de los beneficiados con los préstamos. El jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, fue echado de su cargo el jueves pasado por la ministra Sandra Pettovello, luego de que trascendiera que integraba la lista de quienes recibieron créditos del Banco Nación. Milei y otros voceros oficiales sostuvieron más tarde que su despido no tenía relación con el escándalo, pero el propio Massaccesi defendió en redes sociales la legalidad del préstamo recibido y lamentó su salida intempestiva del Gobierno.
Los cuestionamientos a los funcionarios y legisladores no solo señalan posibles incumplimientos en las condiciones y exigencias bancarias. También destacan que los beneficios del Banco Nación para empleados públicos no deberían extenderse a cargos políticos, que carecen de estabilidad. Además, enfatizan la incongruencia entre un discurso ultra que reniega del Estado y, a la vez, usufructúa sus favores mientras se ejerce la función pública.
“No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él”, advirtió Rodolfo Aguiar, el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los sindicatos de empleados públicos. Como protesta, ATE llamó a sus delegados y afiliados de todo el país a solicitar préstamos similares a los obtenidos por altos funcionarios y legisladores. “Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación”, agregó.
El escándalo llega en un mal momento para Milei. La economía argentina se mantiene estancada en las áreas que sostienen el empleo y el consumo, mientras la inflación, el gran fantasma que asedia al país, vuelve a acelerar a un ritmo del 3% mensual. Las encuestas de opinión coinciden en que la imagen del presidente ultra está en su peor momento, roída por casos de corrupción como la presunta estafa con la criptomoneda $Libra, difundida por Milei mismo; las irregularidades en la compra de medicamentos para la Agencia de Discapacidad, que involucran a su hermana, Karina Milei; y el posible enriquecimiento ilícito de uno de sus principales colaboradores, Manuel Adorni, jefe del Gabinete de ministros.
EL PAÍS
