Redacción Nacionales @DiarioCoLatino La defensora de derechos humanos y exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Perla de Anaya, expresó su “profundo rechazo” a la reforma constitucional que abre la puerta a la implementación de la cadena perpetua en El Salvador, al considerar que la medida representa un retroceso en materia de derechos fundamentales …
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La defensora de derechos humanos y exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Perla de Anaya, expresó su “profundo rechazo” a la reforma constitucional que abre la puerta a la implementación de la cadena perpetua en El Salvador, al considerar que la medida representa un retroceso en materia de derechos fundamentales y contradice principios establecidos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por el país.
Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, la jurista sostuvo que la iniciativa debe analizarse en el contexto del informe presentado recientemente por el Grupo de Expertos Independientes sobre El Salvador, el cual documenta posibles crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública.
Perla señaló que, entre las principales recomendaciones de ese informe, figura el restablecimiento del Estado de derecho, incluyendo la recuperación de la independencia judicial, lo cual —según afirmó— contrasta con reformas que buscan endurecer el sistema penal sin garantizar previamente el debido proceso.
Cuestionamientos a la constitucionalidad
La exmagistrada sostuvo que la Constitución salvadoreña establece como finalidad del Estado la protección integral de la vida; lo que, a su juicio, entra en conflicto con la introducción de penas como la cadena perpetua.
“El Estado está obligado a garantizar condiciones para la vida, no para la muerte”, afirmó. Explicó que tanto el artículo 1 como el artículo 2 de la Constitución establecen obligaciones claras en materia de protección de la persona humana, y recordó que la prohibición de la pena de muerte y de la cadena perpetua responde a procesos históricos vinculados a la superación de prácticas represivas del pasado.
Según Perla, la discusión actual representa también un retroceso respecto de avances logrados tras los Acuerdos de Paz, especialmente en materia de justicia juvenil y reinserción social.
Preocupación por aplicación a menores de edad
Uno de los aspectos que más inquietud genera, según la exmagistrada, es la posibilidad de aplicar la cadena perpetua a menores de edad. Advirtió que la Convención sobre los Derechos del Niño establece obligaciones específicas para los Estados en cuanto al tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley, priorizando la reeducación y la reintegración social.
“El Estado está obligado a garantizar la reinserción de las personas menores de edad dentro de su entorno familiar y social”, señaló.
En ese sentido, afirmó que la introducción de penas permanentes para menores contraviene estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, Perla también cuestionó la situación actual del sistema judicial salvadoreño, señalando que existen serias dudas sobre la independencia de instituciones clave como la Fiscalía General de la República y la Sala de lo Constitucional.
Según explicó, la falta de garantías de investigación técnica y científica en los procesos penales impide asegurar que las personas acusadas de delitos graves reciban juicios justos. “No existe garantía del debido proceso ni investigaciones profundas que permitan establecer responsabilidades individuales con certeza”, sostuvo.
La jurista vinculó estas preocupaciones con el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, bajo el cual miles de personas han sido detenidas sin sentencia firme. De acuerdo con estimaciones oficiales citadas durante la entrevista, más de 90,000 personas han sido capturadas en ese período, de las cuales alrededor de 8,000 habrían sido liberadas posteriormente tras determinarse “errores” en su detención.
Informe internacional y recomendaciones
La exmagistrada defendió la validez del informe del Grupo de Expertos Independientes para El Salvador, frente a cuestionamientos realizados por sectores oficialistas. Indicó que el documento contiene información verificada, con fechas, lugares y casos específicos, y que sus recomendaciones incluyen la derogación del régimen de excepción, la restitución de la independencia judicial y la revisión de detenciones realizadas sin garantías procesales.
Entre las recomendaciones citadas destacan: restablecer el Estado de derecho, diseñar políticas de seguridad compatibles con estándares internacionales, derogar legislación penal vinculada a medidas de emergencia. Asimismo, solicitan restaurar garantías constitucionales restringidas y revisar destituciones y nombramientos de jueces y magistrados.
Perla enfatizó que el informe no plantea la liberación automática de personas detenidas, sino la revisión individual de los casos para garantizar el debido proceso.
La defensora de derechos humanos también expresó preocupación por la prolongación del régimen de excepción durante cuatro años consecutivos, señalando que organismos internacionales han recomendado su derogación.
A su juicio, la continuidad de esta medida limita derechos fundamentales como la inviolabilidad de las comunicaciones y el acceso a defensa jurídica efectiva. Asimismo, mencionó casos de personas detenidas —incluyendo abogados, sindicalistas y defensores de derechos humanos— que, según afirmó, permanecen privadas de libertad sin sentencia judicial firme.
Rol de la Sala de lo Constitucional
Perla cuestionó además el papel de la Sala de lo Constitucional en recientes reformas aprobadas en el país, señalando que debería garantizar el respeto de las disposiciones constitucionales y de las denominadas cláusulas pétreas.
Recordó que cambios relacionados con la estructura del Estado o la forma de gobierno requieren procesos constitucionales específicos, como la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
“La Sala de lo Constitucional ha permitido reformas que contradicen principios fundamentales de la Constitución”, afirmó.
Finalmente, la exmagistrada sostuvo que el respeto al marco constitucional y a los tratados internacionales de derechos humanos es esencial para garantizar la convivencia democrática en el país y evitar retrocesos institucionales en materia de libertades fundamentales.
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