La última dictadura argentina fue tan atroz que unió a los argentinos en uno de los pocos consensos que resisten la polarización: Nunca Más. Este martes, cuando se cumplen 50 años del último golpe de Estado, miles de personas saldrán a las calles para repudiar el terrorismo de Estado, exigir a los militares que digan dónde están los desaparecidos y reivindicar un proceso judicial que ha condenado a más de 1.200 represores por crímenes de lesa humanidad y sigue abierto. A contramano de la justicia, Javier Milei cuestiona la existencia de un plan sistemático para secuestrar, torturar, desaparecer, asesinar y robar bebés. Defiende, en cambio, que “durante los setenta hubo una guerra” entre el régimen militar y las organizaciones guerrilleras en la que las Fuerzas Armadas “cometieron excesos”. Su reinterpretación del pasado inquieta a quienes ven en ella una señal de la deriva autoritaria de un Gobierno de ultraderecha que criminaliza la disidencia.
Organismos de derechos humanos e historiadores advierten de la deriva autoritaria del Gobierno de ultraderecha argentino
La última dictadura argentina fue tan atroz que unió a los argentinos en uno de los pocos consensos que resisten la polarización: Nunca Más. Este martes, cuando se cumplen 50 años del último golpe de Estado, miles de personas saldrán a las calles para repudiar el terrorismo de Estado, exigir a los militares que digan dónde están los desaparecidos y reivindicar un proceso judicial que ha condenado a más de 1.200 represores por crímenes de lesa humanidad y sigue abierto. A contramano de la justicia, Javier Milei cuestiona la existencia de un plan sistemático para secuestrar, torturar, desaparecer, asesinar y robar bebés. Defiende, en cambio, que “durante los setenta hubo una guerra” entre el régimen militar y las organizaciones guerrilleras en la que las Fuerzas Armadas “cometieron excesos”. Su reinterpretación del pasado inquieta a quienes ven en ella una señal de la deriva autoritaria de un Gobierno de ultraderecha que criminaliza la disidencia.
A diferencia de España, donde el 21% de la población considera que los años del franquismo fueron buenos o muy buenos, en Argentina, solo el 7% tiene una imagen positiva del régimen militar impuesto el 24 de marzo de 1976, según una encuesta de Pulsar, el Observatorio de la Universidad de Buenos Aires, especializado en el estudio de la opinión pública. Es fácil de entender el rechazo generalizado: en siete años, la dictadura argentina diezmó una generación y multiplicó por cinco la pobreza. Dejó un país más desigual, más endeudado y con una industria destruida.
En 2023, tras recurrentes crisis económicas y una inflación descontrolada que superó el 211% ese año, los argentinos votaron por un Gobierno con políticas económicas ultraliberales similares a las que entonces se impusieron por la fuerza y que ahora Milei presenta como la única solución posible frente a una población desesperada por estabilidad.
“La lucha contra la subversión fue la excusa; ellos querían romper el Estado del bienestar, cambiar el sistema económico”, afirma el historiador Marcelo Larraquy, autor de una docena de libros sobre el periodo militar. Detalla que a mitad de 1977 ya no quedaban células activas ni del Ejército Revolucionario del Pueblo ni de Montoneros, las dos principales organizaciones armadas argentinas de los años setenta. La mayoría de sus integrantes fueron asesinados y unos pocos se exiliaron.
“El 33% de los desaparecidos fueron obreros”, continúa Larraquy. En la primera mitad de los años setenta se realizaron grandes huelgas fabriles en busca de mejores condiciones salariales y laborales a las que el régimen militar puso fin de la noche a la mañana. “Lo que estamos viendo en la Argentina de hoy ya se veía en la dictadura: el cierre de empresas, miles de personas sin trabajo, el ataque al capitalismo industrial para transformarlo en un capitalismo financiero…”, enumera. La diferencia, destaca, es que en ese momento se hizo a través de la represión ilegal y ahora no.
Violencia estatal
La sombra de la dictadura sobrevuela también las políticas de seguridad del Gobierno de Milei, con leyes que han endurecido las penas, mano dura en las calles y represión de las manifestaciones. Según la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi), desde 1983 hasta hoy 10.181 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad de Argentina y un 10% de los casos se registraron durante el Gobierno de Milei, el más letal desde el regreso de la democracia.
Su primera ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la autora de un protocolo que autoriza la represión de los manifestantes que cortan una calle como forma de protesta, impulsó la ley que bajó la edad de imputabilidad penal a los 16 años y defiende el accionar policial incluso en casos investigados por la Justicia, como el disparo al fotorreportero Pablo Grillo que casi le cuesta la vida. Su sucesora, Alejandra Monteoliva, ha mantenido la misma línea política y denunció por terrorismo ante la Justicia a manifestantes acusados de arrojar piedras y bombas molotov frente al Congreso durante la protesta contra la reforma laboral. “Una bomba molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, declaró Monteoliva para justificar la denuncia por un delito que implica una investigación federal, detenciones sin excarcelación inmediata y penas mucho más severas que la tipificación habitual por daños simples o atentado contra la autoridad.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos de derechos humanos más reconocidos de Argentina, advierten que en el Gobierno de Milei confluyen “posiciones negacionistas, relativistas y reivindicativas de la dictadura”, según su directora ejecutiva, Paula Litvachky. Les inquieta esa mirada sobre el pasado, pero más todavía “la legitimación de la violencia estatal” hacia la disidencia política y social que trae recuerdos de esa época oscura. “El engranaje represivo de la dictadura y el de hoy no es el mismo, de ninguna manera, pero sí vemos que es un gobierno de derecha radical que, como en otros países, transita por las vías de la excepción para debilitar derechos y garantías”, señala la titular del CELS.
La historiadora Marina Franco coincide en que el discurso para justificar el terrorismo de Estado “habla menos del pasado que del presente”. Lo vincula con “una concepción de orden social autoritaria donde no hay espacio para la protesta” y que ha cambiado los tanques en la Plaza de Mayo de hace medio siglo “por formas contemporáneas de dominación”.
Franco cree que es compatible condenar la dictadura y apoyar a Milei: “La gente vive en el presente, no en el pasado, y no le importa el negacionismo de Milei si cumple la promesa de estabilidad económica”. Ante el fracaso de los gobiernos anteriores, “decidieron probar con él, no es que le dieron carta blanca”, advierte.
Esta historiadora considera inquietante la escasa reacción a recortes gubernamentales a áreas sensibles como las universidades públicas, discapacidad e incluso al hospital pediátrico de referencia del país, Garrahan. “Después de 20 años de estudiar la dictadura, por primera vez creo entender cómo funcionó el consenso: hubo indiferencia, un dejar hacer, como están dejando hacer a Milei”, opina.
Pacto de silencio
El 24 de marzo es una de las fechas más importantes del calendario argentino. El golpe de 1976 fue un antes y un después en la historia de este país sudamericano que había sufrido dictaduras antes, pero ninguna tan sanguinaria como la que encabezó Jorge Rafael Videla. El número exacto de víctimas nunca se ha podido determinar por el pacto de silencio de los responsables del terrorismo de Estado, pero las organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra ronda los 30.000. “No fueron 30.000”, ha refutado Milei en distintas ocasiones. Las únicas víctimas que reconoce el presidente argentino son las 8.961 incluidas en el informe Nunca Más que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) redactó en 1984.
“¿Qué están queriendo decir cuando dicen que no fueron 30.000?”, se cuestiona Larraquy. “Es un discurso para minimizar la represión, pero además es a las víctimas que digan cuántos son, cuando la pregunta a día de hoy sigue siendo: ¿Dónde están los desaparecidos? Es una pregunta que nunca han contestado y que ha obligado a los familiares, a las organizaciones de derechos humanos, a los antropólogos forenses a buscarlos”, continúa Larraquy.
Esa búsqueda es una tarea hercúlea. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a 12 víctimas la semana pasada en el centro clandestino La Perla, en Córdoba, en el centro del país. “Ya no soy hija de un desaparecido”, dijo, conmocionada hasta las lágrimas, María Soledad Nívoli, cuando recibió la noticia de que habían encontrado los restos de su padre, Mario Alberto Nívoli, secuestrado el 14 de febrero de 1977. Pasaron 49 años.
Miles de familias siguen sin saber, al igual que las Abuelas de Plaza de Mayo, que buscan con sus últimas fuerzas los nietos que les robaron al nacer. Estiman que cerca de 500 bebés fueron apropiados por la dictadura y criados por familias que les ocultaron su verdadera identidad, de los que se han recuperado 140.
El periodista y abogado argentino Pablo Llonto señala que Argentina conmemora el 50 aniversario del golpe envuelta en una paradoja. “Tenemos un Gobierno negacionista y sabemos que el 24 saldrán a decir barbaridades, como el año pasado, pero no creo que se atrevan a indultar a los genocidas porque creo que olfatean el clima que hay en Argentina”, opina. El rumor de un posible indulto circula desde hace semanas, sin ninguna confirmación oficial hasta el momento. “La encuesta de Pulsar dice que el 70% repudia la dictadura y está a favor del Juicio a las Juntas y de los juicios que siguieron, y eso implica un orgullo para quienes estamos en el movimiento de derechos humanos. Significa que la lucha permanente ha valido la pena”, subraya Llonto.
Este abogado denuncia que el Gobierno de Milei ha desarmado los equipos especializados que rastreaban documentos y archivos en busca de pruebas para los juicios y también a los que impulsaban causas desde la Secretaría de Derechos Humanos. “Los juicios siguen, pero van más lentos”, admite. Ante la falta de empuje estatal, el peso vuelve a recaer en los familiares.
La Iglesia católica se sumó en los últimos días a la preocupación de quienes ven un retroceso democrático en Argentina. “Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo”, advirtió la Conferencia Episcopal Argentina en un comunicado. “¡Del insulto de cada día al que piensa distinto, líbranos, Señor!”, dijeron los obispos antes de llamar a “renunciar a todo tipo de violencia, sabiendo que su espiral comienza con el discurso y escala hacia la acción”. El estilo agresivo de Milei incluye insultos frecuentes que deshumanizan a sus opositores, como ratas, mandriles, kukas (por cucarachas) y primates, entre otros.
En el 50º aniversario del golpe de 1976, Argentina vuelve a mirar a su pasado para repensar su presente. La discusión está lejos de ser solo histórica. Es, sobre todo, una disputa por qué democracia quiere ser.
EL PAÍS
