Gustavo Petro ha hecho una nueva movida económica más polémica a solo meses de las elecciones legislativas de este año: decretar la última semana de diciembre un aumento del salario mínimo para el 2026 de un 23%, para que quedara en 2 millones de pesos, un poco más de 500 dólares. Es una cifra muy superior a la inflación de Colombia en 2025, el 5,1%, y a lo que el sector privado y los sindicatos habían propuesto a finales del 2025, 9% y 15% respectivamente, en una mesa de concertación donde el Gobierno suele sentarse como árbitro entre ellos, no como el actor que sube la apuesta. Los gremios criticaron fuertemente la decisión, y muchas voces alertaron del riesgo de aumentar la inflación y profundizar el ya alto déficit fiscal. El decreto del salario mínimo recibió múltiples demandas y el Consejo de Estado, la semana pasada, lo suspendió. También pidió al Gobierno una mejor argumentación y le dio ocho días para emitir un nuevo decreto. Pese a esos ruidos, la movida económica de Petro le ha dado una victoria política. Tanto los gremios como las cabezas de la derecha ahora piden mantener ese aumento del 23%.
El ministro de Trabajo anuncia que la mayoría de los gremios acepta el aumento del 23% que el presidente decretó de forma unilateral en diciembre
Gustavo Petro ha hecho una nueva movida económica más polémica a solo meses de las elecciones legislativas de este año: decretar la última semana de diciembre un aumento del salario mínimo para el 2026 de un 23%, para que quedara en 2 millones de pesos, un poco más de 500 dólares. Es una cifra muy superior a la inflación de Colombia en 2025, el 5,1%, y a lo que el sector privado y los sindicatos habían propuesto a finales del 2025, 9% y 15% respectivamente, en una mesa de concertación donde el Gobierno suele sentarse como árbitro entre ellos, no como el actor que sube la apuesta. Los gremios criticaron fuertemente la decisión, y muchas voces alertaron del riesgo de aumentar la inflación y profundizar el ya alto déficit fiscal. El decreto del salario mínimo recibió múltiples demandas y el Consejo de Estado, la semana pasada, lo suspendió. También pidió al Gobierno una mejor argumentación y le dio ocho días para emitir un nuevo decreto. Pese a esos ruidos, la movida económica de Petro le ha dado una victoria política. Tanto los gremios como las cabezas de la derecha ahora piden mantener ese aumento del 23%.
Esencialmente, candidatos en la derecha argumentan que el Ejecutivo puede dar alivios tributarios al empresariado que debe pagar ese salario. Algo similar ha dicho el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce Mac Master, el gremio más grande de Colombia. “El país se tiene que volcar a tratar de contrarrestar los inmensos efectos que sobre inflación y empleo se han generado”, añadió el viernes pasado, tras conocer la decisión judicial. El presidente y sus seguidores convocaron a manifestaciones, el próximo jueves, para también mostrar el apoyo popular al aumento.
El Gobierno también convocó a un encuentro de la mesa de concertación este lunes, para escuchar las posiciones de empresarios y trabajadores sobre la suspensión. “Fue una conversación fluida, respetuosa, franca”, dijo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al salir de la reunión. “Hemos constatado que del lado de los empresarios hay una opinión mayoritaria en favor: [dicen] que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23,7%”. Las centrales sindicales, como era lo esperado, tampoco quieren modificar la cifra, contó el político de izquierdas. El ministro insistió en que se refería a “la mayoría”, puesto que la Federación Nacional de Comerciantes o Fenalco, ha insistido con que el incremento del 23% implica la pérdida de 773.000 empleos. Su cabeza, el antiguo congresista conservador Jaime Alberto Cabal, se negó el año pasado a mantener las negociaciones ante lo que consideraba una solicitud excesiva de los sindicatos.
El Gobierno ahora debe emitir el decreto que cumpla con los requisitos que exige el Consejo de Estado, que es esencialmente una nueva argumentación. Los críticos del Gobierno señalan que el presidente sustentó el decreto en un inédito argumento de crear un “salario vital familiar”, el monto que necesita una unidad familiar para vivir dignamente según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, y dejó de lado factores como la productividad o la inflación, que exige la ley que regula los incrementos.
“Los trabajadores y trabajadoras no viven solos, viven en su familia”, ha dicho el jefe de Estado cuando lanzó su decreto en diciembre, en defensa de su aumento, que parte del concepto de salario vital que ha defendido la Corte Constitucional. Según ese cálculo del presidente, en promedio hay 3,4 personas por familia, y de ellas 1,5 son trabajadores. La canasta familiar es un poco más de tres millones de pesos, por eso el Gobierno considera que se cubriría ese mínimo vital familiar con 2 millones de pesos de salario por cada trabajador. Reconoció que es un aumento que genera “presión sobre los precios”, en referencia al temor de que suba la inflación, pero quería “democratizar la riqueza para que la mayoría de la gente que trabaja viva mejor”.
Un mes y medio después, y dado el resultado de la comisión tripartita, lo más probable es que Petro reitere el aumento del 23,7% con el nuevo decreto. Aunque ahora tenga la tarea de ponderar los demás elementos en una argumentación distinta, ya ha logrado que los gremios empresariales y la derecha acepten su aumento, una victoria política clave para el primer mandatario de izquierdas de la Colombia contemporánea. Es una victoria también para sus candidatos al Congreso, que llegarán a las urnas en menos de tres semanas con el viento de haber logrado un histórico aumento del salario mínimo, de más de 18 puntos porcentuales por encima de la inflación.
EL PAÍS
