“Caminar el inmueble es sentir el terror de Estado vivo y en carne propia”, me contó Jorge Freytter cuando le pregunté por las primeras sensaciones que tuvo al ingresar a La Bodega. Su padre, el profesor de la Universidad del Atlántico Jorge Adolfo Freytter Romero, fue llevado a este lugar en agosto de 2001, torturado y posteriormente asesinado. Hasta el momento, la investigación ha identificado al menos otras siete personas que habrían sido sometidas en este predio a tratos crueles e inhumanos por estructuras paramilitares. Tras la visita, se constataron nuevos elementos que profundizan la evidencia sobre la connivencia entre el paramilitarismo, terceros civiles y miembros de la fuerza pública en la región Caribe.
Tras la visita de una Comisión vasca de abogados, investigadores y expertos forenses a La Bodega, un centro de tortura ubicado en el barrio El Prado de Barranquilla, se encontraron cuadernos contables del Bloque Norte de las AUC, mobiliario de la Fuerza Pública, pasaportes, túneles, motocicletas quemadas, documentos del clan familiar de Enilce López ‘La Gata’ y posibles rastros de ADN
“Caminar el inmueble es sentir el terror de Estado vivo y en carne propia”,me contó Jorge Freytter cuando le pregunté por las primeras sensaciones que tuvo al ingresar a La Bodega. Su padre, el profesor de la Universidad del Atlántico Jorge Adolfo Freytter Romero, fue llevado a este lugar en agosto de 2001, torturado y posteriormente asesinado. Hasta el momento, la investigación ha identificado al menos otras siete personas que habrían sido sometidas en este predio a tratos crueles e inhumanos por estructuras paramilitares. Tras la visita, se constataron nuevos elementos que profundizan la evidencia sobre la connivencia entre el paramilitarismo, terceros civiles y miembros de la fuerza pública en la región Caribe.
Los investigadores identificaron estructuras subterráneas que, según lo observado, conectan el inmueble con zonas contiguas y que habrían servido como rutas de resguardo y escape. Se trata de un hallazgo novedoso para este predio en particular, aunque no para la historia de los centros de tortura documentados en el país, donde estaciones de Policía, guarniciones militares e inmuebles adaptados para fines criminales han sido intervenidos arquitectónicamente con fines operativos.
En el lugar también se encontraron pasaportes, cheques bancarios, libretas con registros de manejo de dinero, placas de vehículos, documentos de aseguramiento y mobiliario vinculado a estructuras del Bloque Norte. Estos hallazgos no solo amplían la dimensión operativa del predio —más allá de un espacio de retención y tortura—, sino que aportan evidencia adicional sobre la existencia de una infraestructura organizada que combinaba control territorial, soporte logístico y gestión financiera, una estructura que había sido documentada parcialmente pero que aún no ha sido esclarecida en su totalidad.
La visita abre nuevas líneas de investigación frente a hallazgos que no pueden reducirse a memoria testimonial. Si existen estructuras subterráneas, registros financieros y la posibilidad de restos humanos en un inmueble vinculado a desapariciones forzadas, no estamos ante un recuerdo sino ante evidencia que exige intervención inmediata. Que, más de dos décadas después del asesinato del profesor Freytter -declarado crimen de lesa humanidad-, el lugar no haya sido sometido a una intervención forense integral habla de una inoperancia institucional que trasciende gobiernos y de una impunidad que no es retórica sino verificable en la persistencia material del predio. Un centro de tortura que funcionó en la cuarta ciudad más poblada del país y cuya infraestructura aún interpela a las autoridades.
En 2025, la Asociación Freytter presentó un informe que documentó la utilización de La Bodega como centro clandestino de retención ilegal y señaló la intervención de miembros del GAULA en el secuestro, custodia y posterior abandono del cuerpo del profesor Freytter. La Comisión de la Verdad estableció que, en múltiples casos en la región Caribe, las estructuras paramilitares actuaron con apoyo o aquiescencia estatal. El asesinato del profesor fue analizado dentro de ese patrón de colaboración entre estructuras armadas ilegales y agentes del Estado.
Si la infraestructura del lugar permanece prácticamente intacta y si los hallazgos recientes incluyen documentación, mobiliario y modificaciones estructurales no incorporadas a una investigación técnica exhaustiva, la pregunta deja de ser histórica y pasa a ser forense. La comisión anunció la solicitud de medidas cautelares sobre el inmueble y la necesidad de aplicar el Protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas y el Protocolo de Estambul para la documentación de tortura. También se planteó la recolección de ADN ante la posibilidad de que existan restos humanos en el predio. De confirmarse, La Bodega no sería solo un lugar de memoria pendiente de resignificación, sino una posible escena de crimen que aún requiere intervención integral.
La dimensión más sensible de la visita no es arquitectónica ni documental, sino forense. La solicitud de medidas cautelares busca preservar el inmueble mientras se determina si existen restos humanos en el lugar. La eventual aplicación del Protocolo de Minnesota —estándar internacional para investigar muertes potencialmente ilícitas— y del Protocolo de Estambul para documentar tortura no es un gesto simbólico, sino una obligación cuando hay indicios razonables de desaparición forzada. Si el predio no ha sido intervenido con estos estándares, la omisión no es menor: compromete la posibilidad de esclarecimiento.
El punto no se agota en La Bodega. Si un inmueble ubicado en una de las principales ciudades del país, identificado en procesos judiciales y documentado por una organización de víctimas, aún plantea dudas sobre preservación de evidencia y actuación institucional, la pregunta es más amplia: ¿cuántos lugares utilizados para retención ilegal, tortura o desaparición siguen sin intervención técnica en Colombia?
Para Jorge, el tránsito de Colombia hacia la paz y la reconciliación no puede medirse en declaraciones sino en lo que ocurre en lugares como este. El olor a hierro, los cuadernos contables del paramilitarismo y cada paso dado dentro de La Bodega le recuerdan que no se puede hablar de transición cuando el fenómeno paramilitar no ha sido desmantelado de manera estructural y cuando el Estado no ha logrado desmontar las redes que lo hicieron posible. Lo dice no solo por el asesinato de su padre, sino por las demás víctimas del Bloque Norte y por aquellas que aún no han sido reconocidas.
Si la justicia ordinaria no ha logrado intervenir de manera integral un inmueble vinculado a desapariciones forzadas y tortura más de dos décadas después de los hechos, la responsabilidad recae también en el sistema de justicia transicional. Identificar, preservar e investigar los espacios físicos donde operaron patrones de violencia asociados a la tortura y otras violaciones graves de derechos humanos no es un gesto simbólico: es una condición para el esclarecimiento y contra la impunidad.
La historia del paramilitarismo en la región Caribe no fue marginal ni episódica. Se estructuró con capacidad operativa, soporte logístico y redes económicas cuyas huellas físicas permanecen en el territorio. Si lugares como La Bodega, identificados desde hace años en investigaciones judiciales y documentados por organizaciones de víctimas, aún requieren medidas cautelares y aplicación de protocolos internacionales para determinar si existen restos humanos, la discusión no es sobre memoria sino sobre la capacidad institucional para enfrentar y desestructurar el legado material de esa articulación.
Más de dos décadas después, la infraestructura permanece y las preguntas siguen abiertas. Sin intervención técnica integral, esclarecimiento y desmantelamiento efectivo de las estructuras del paramilitarismo, no es posible afirmar su desmonte como fenómeno y como realidad política en la región Caribe.
EL PAÍS
