El departamento colombiano de Córdoba afronta una anomalía climática que ha quebrado su columna vertebral productiva. Lo que el puesto de mando unificado califica como una “emergencia atípica” —lluvias torrenciales en plena temporada seca— ha puesto en jaque el 12,6% del PIB departamental. Con el embalse de Urrá descargando 1.200 metros cúbicos por segundo (casi el doble del límite permitido), la inundación se traduce en un choque sistémico que se cuenta por billones. Álvaro Sepúlveda, presidente de la Cámara de Comercio de Montería, advierte a EL PAÍS que la parálisis es total. “Se ha roto la cadena de abastecimiento, la logística y la producción”, comenta. La factura económica se calcula en torno a los 3,85 billones de pesos en activos –más de 1.000 millones de dólares–, y otros 3,89 billones de pesos en ingresos empresariales evaporados durante lo que resta del primer semestre del año.
El departamento pierde 3,8 billones de pesos en ingresos empresariales, y 32.000 puestos están en riesgo de desaparecer, mientras la reactivación logística se prevé en al menos seis meses
El departamento colombiano de Córdoba afronta una anomalía climática que ha quebrado su columna vertebral productiva. Lo que el puesto de mando unificado califica como una “emergencia atípica” —lluvias torrenciales en plena temporada seca— ha puesto en jaque el 12,6% del PIB departamental. Con el embalse de Urrá descargando 1.200 metros cúbicos por segundo (casi el doble del límite permitido), la inundación se traduce en un choque sistémico que se cuenta por billones. Álvaro Sepúlveda, presidente de la Cámara de Comercio de Montería, advierte a EL PAÍS que la parálisis es total. “Se ha roto la cadena de abastecimiento, la logística y la producción”, comenta. La factura económica se calcula en torno a los 3,85 billones de pesos en activos –más de 1.000 millones de dólares–, y otros 3,89 billones de pesos en ingresos empresariales evaporados durante lo que resta del primer semestre del año.
El impacto económico total del desastre se sitúa entre los 2.000 y 2.500 millones de dólares, según las cifras que maneja Lorenzo Volpi, número dos de la firma británica Leadenhall Capital Partners LLP. Los cálculos son similares a los que maneja la Cámara de Comercio de Montería, aunque Volpi agrega una circunstancia de mercado: “El coste de las indemnizaciones será probablemente retenido por las aseguradoras locales”.
Para Mallory Medina la tragedia es más que una cifra. En su restaurante, ubicado en la urbanización Vallejo, en Montería, discurre el silencio del agua empozada. “No tengo claridad de cuándo volver a abrir, no hay un plan de reconstrucción”, dice por teléfono. Su negocio familiar está paralizado, con los 12 empleados damnificados, y hasta sus abuelos desplazados a otra zona para sobrevivir. Medina aporta el rostro de otra dura estadística en medio de la tragedia: según la Cámara de Comercio de Montería, 32.152 puestos de trabajo están en riesgo de desaparecer tras el rastro del fango.
La radiografía del colapso entregada por la entidad gremial revela que el 34,8% del tejido empresarial de los municipios afectados está en situación crítica: de las 19.390 empresas activas en la zona, 8.389 han dejado de operar. En el campo, el escenario es de descomposición. Mallory relata una emergencia sanitaria inminente: “El ganado y los animales murieron; el agua estancada se está pudriendo”. Su testimonio conecta con la crisis ganadera que reporta la Federación Colombiana de Ganaderos: 450.564 bovinos comprometidos y cerca de 300.000 hectáreas de pasturas bajo el agua. Una devastación que, según el presidente del gremio, José Félix Lafaurie, costará al menos 900.000 millones de pesos para recuperar. “La restauración tomará al menos seis meses una vez los terrenos se estabilicen”, agrega Lafaurie en diálogo con este diario.
La agricultura tampoco escapa al temporal. Los registros de la Cámara de Comercio de Montería calculan que la emergencia climática ya deja 30.225 hectáreas de cultivos oficialmente perdidas en Córdoba, un impacto directo sobre la producción de alimentos en la región. Sepúlveda acota que “los rubros más golpeados son el Comercio (14.8% del PIB) y el sector Agropecuario (14% del PIB), esenciales para la estabilidad de la región”. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres (UNGRD), dirigida por Carlos Carrillo, cifra en 157.000 las hectáreas afectadas, calculadas con sobrevuelos y mapas satelitales.
En términos generales, las mediciones apuntan a que las actividades económicas más golpeadas por la emergencia son las asociaciones comunitarias —fundaciones, cooperativas y organizaciones solidarias— y el comercio minorista que sostiene la vida diaria: tiendas de barrio, farmacias, expendios de bebidas y de comidas preparadas, junto con el comercio de prendas de vestir. “A este panorama se suma el corazón productivo del departamento: la ganadería, la agricultura y la piscicultura, todos arrasados por el agua”, ahonda el presidente de la Cámara de Comercio local.
El balance humano de las autoridades departamentales es desolador: 170.013 damnificados y 1.838 viviendas destruidas. “Se reportan daños en 143 colegios y 28 centros de salud”, complementa el informe técnico entregado a este diario. Más allá de los escombros, queda la incertidumbre empresarial. Para dueños de negocios como Medina, la pérdida fue total: no hubo tiempo de rescatar enseres y el cierre es indefinido. Según las proyecciones de la Cámara de Comercio, la reactivación logística tardará al menos seis meses. Córdoba aguarda a que baje el nivel del río Sinú y, con ello, mantiene la esperanza de que la reconstrucción sea una respuesta estructural que impida que un tercio de sus empresas se ahoguen bajo el agua.
EL PAÍS
