Pocos temas generan tantas discusiones como una reforma laboral en Argentina, y más en estos días en que el Gobierno llevó su propuesta al Congreso. Mientras que Milei la impulsa como el motor necesario para el despegue de la economía, surgen dudas sobre su efectividad real en un contexto de crisis prolongada.
El riesgo es que, más que como motor de despegue del empleo, los cambios funcionen como una transferencia regresiva de recursos hacia las grandes empresas
Pocos temas generan tantas discusiones como una reforma laboral en Argentina, y más en estos días en que el Gobierno llevó su propuesta al Congreso. Mientras que Milei la impulsa como el motor necesario para el despegue de la economía, surgen dudas sobre su efectividad real en un contexto de crisis prolongada.
Antes de analizar las principales propuestas de la reforma, resulta necesario examinar la situación del mercado laboral para entender el contexto en el que se enmarca la discusión. Contrario a la percepción común, el desafío estructural de Argentina no es la desocupación, cuya tasa se ha mantenido estable en torno al 6-7%. El problema real es la incapacidad de la economía para generar empleo registrado genuino: el país cuenta hoy con la misma cantidad de puestos formales que hace una década.
¿Cómo se explica entonces que, si no hay creación de empleo, la desocupación no se incremente? La respuesta yace en la informalidad. La población que no accede al sector formal se refugia en el sector “en negro”, desprovista de derechos laborales, cobertura médica y aportes jubilatorios. La informalidad ha venido creciendo sistemáticamente en los últimos años y en la actualidad se ubica en el nivel más alto de su historia reciente. Si bien estos dos problemas —falta de creación de puestos registrados y aumento de la informalidad— están vinculados, sus causas son distintas.
Lo primero que hay que advertir es que el motivo principal por el cual una empresa contrata trabajadores es para aumentar su producción. Dicho de otra manera, la causa fundamental que está por detrás de la falta de creación de empleo registrado es el estancamiento de la actividad económica.
Este hecho, que a primera vista resulta evidente, es clave para refutar uno de los argumentos que siempre está asociado con la reforma laboral, que es la idea de que sirve para “generar empleo” (como, por ejemplo, recientemente ha afirmado el secretario de Trabajo, Julio Cordero). Para generar empleo la economía tiene que crecer de manera sostenida. Una reforma laboral puede hacer poco y nada en ese sentido (como veremos más adelante).
Para comprender la informalidad, es crucial distinguir entre coste salarial y carga laboral. El coste salarial representa la porción del coste que le representa a la empresa el pago de la remuneración que efectivamente recibe el trabajador, mientras que la carga laboral está compuesta por todos los costes en que incurre una empresa a la hora de contratar a un trabajador registrado. Estos costes incluyen obviamente a dicho salario, pero se le suman las cargas sociales (aportes para las jubilaciones), PAMI, Asignaciones Familiares, Obra Social y ART, entre otras. Estas cargas representan el 66% del salario. Específicamente, el coste previsional (35%) ubica al país tercero en un ranking mundial, muy por encima del promedio de la OCDE (21,6%), según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
La distinción entre el salario de bolsillo y la carga salarial total es crucial para entender la gran diferencia entre contratar a un trabajador registrado (en blanco) o no registrado (en negro). Al no registrarlo, la empresa se “ahorra” toda la carga laboral.
¿Cuál es la principal causa por detrás de este comportamiento? Como surge de este trabajo de Fundar, el 90% del empleo no registrado es realizado por microempresas (se denominan así porque tienen entre uno y cinco trabajadores) y por pequeñas empresas (que tienen entre seis y 25 trabajadores). El principal motivo es la muy baja productividad de estas empresas, que lleva a que no puedan formalizar a los trabajadores (la baja productividad, sumado al coste de tenerlos “en blanco”, hace que su precio sea mucho más elevado y que no puedas competir en el mercado).
En muchos de estos casos la palabra “empresa” es engañosa, porque nos da la idea literal de una empresa cuando, en realidad, es más probable que sea un emprendimiento individual o de muy pocas personas (un jardinero, una costurera, una cooperativa muy pequeña, recolectores de residuos reciclables, entre otros).
Por el contrario, la evasión no parece ser un gran problema para las medianas empresas (26 a 200 trabajadores) y para las grandes empresas (más de 200), donde la tasa de no registro es del 13% y del 6%, respectivamente. Esto se explica principalmente por el hecho de que se hace bastante difícil para empresas de esa envergadura la evasión (y en las que efectivamente lo hacen ahí lo que falla es la fiscalización del Estado, no el coste laboral).
Lo que sí afecta su decisión a la hora de ver si contratan a un nuevo trabajador o no es el riesgo que eso implica, en particular la posibilidad de tener que afrontar un juicio laboral, una práctica muy recurrente en Argentina. Por ejemplo, si bien Argentina y España tienen una tasa de accidentes laborales similar (32,6 accidentes laborales por cada millón de trabajadores y 30,6, respectivamente), en Argentina hay 114 juicios por cada 10.000 trabajadores, mientras que en España solo 9,5.
Las propuestas del Gobierno
Para el problema de la informalidad plantean tres instrumentos. En primer lugar, una reducción de tres puntos en las contribuciones patronales que pagan las empresas a la hora de contratar a un trabajador. Acá lo llamativo es que la reducción sea para todas las empresas. Si realmente el objetivo es atacar la informalidad, lo lógico hubiera sido que la reducción sea solo para las micro y las pequeñas empresas (lo que además hubiera permitido que la rebaja sea mayor). Al hacerlo de esta manera, se está beneficiando con una reducción de impuestos a medianas y —sobre todo— grandes empresas que no tienen este problema.
En segundo lugar, la creación de un banco de horas. Esto significa que la empresa se puede poner de acuerdo con los trabajadores para repartir las horas de trabajo en función de las necesidades de producción y evitar el pago de lo que se conoce como “la hora extra”, que es mucho más cara. A cambio, los trabajadores podrían disponer de esas horas para utilizarlas como les convenga (para asistir a un evento escolar de los hijos, ir al médico, hacer un trámite, etcétera).
Por ejemplo, si por cuestiones de estacionalidad o de mayor demanda la empresa necesita aumentar la producción (y por ende las horas trabajadas), eso llevaría a que aumente el banco de horas disponible para que los trabajadores las usen cuando quieran. Desde ya, para que esto funcione como un beneficio mutuo se debería observar que los trabajadores efectivamente puedan disponer de esas horas como les convenga sin que las empresas influyan en esa decisión, lo cual seguramente sea mucho más probable si existe un sindicato de por medio que se encargue de velar para que esto suceda.
En tercer lugar, un régimen de incentivo a la formalización laboral. Por cada nuevo trabajador que una empresa contrate (o blanquee), en lugar de pagar el 15% de contribuciones, durante cuatro años solo van a pagar el 2%. O sea, a una empresa que decide registrar a un trabajador que tenía en negro, no solo le perdonan las deudas y las multas, sino que le rebajan las contribuciones que paga por los próximos cuatro años. Acá nuevamente aplica la objeción anterior: dado que la mayor parte de la informalidad se concentra en las micro y pequeñas empresas, el régimen de incentivo debería haberse diseñado sólo para este tipo de establecimientos y no para todos.
Yendo al tema de la litigiosidad y los costes de salida, el proyecto reduce sensiblemente la indemnización (elimina del cálculo el aguinaldo y otros adicionales) y amplía el período de prueba de un trabajador de tres a seis meses (si en ese lapso de tiempo decide despedirlo no lo tiene que indemnizar). Esto último también ya estaba incluido en la Ley Bases, pero ahora se extiende al empleo doméstico.
Además, crea el fondo de cese laboral, en el que las empresas van a aportar todos los meses un porcentaje del salario de cada trabajador (1% para grandes empresas y 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas), de modo de ir acumulando un reservorio que será utilizado precisamente para el pago de las indemnizaciones, con el objetivo de generar más previsibilidad y suavizar en el tiempo ese pago (en lugar de tener que pagarlo todo junto cuando se efectiviza el despido sin causa).
Lo alarmante es el mecanismo de financiamiento propuesto: para incentivar a las empresas a adoptar este fondo (que ya existía desde la sanción de la Ley Bases y tuvo nula adhesión previa), el Gobierno ofrece una reducción del 3% en sus contribuciones jubilatorias. Esto puede traer grandes problemas en las futuras jubilaciones, dado que en los hechos quien va a financiar la indemnización de los trabajadores son precisamente los fondos de la seguridad social y no las empresas (el 3% que pagan se compensa con el 3% que dejar de pagar por los aportes).
La otra parte controversial es que limita severamente la potestad de los trabajadores de hacer huelga, un derecho constitucional. El proyecto define ciertas actividades como “de importancia trascendental” y establece que, en caso de paro, se debe asegurar como mínimo un 50% de cobertura en la prestación de esa actividad. El tema es que en esta lista están prácticamente todas las actividades: la industria alimenticia, la actividad bancaria, el comercio electrónico, la construcción, hasta la radio y la televisión.
En suma, la iniciativa ataca el problema de la informalidad y toca puntos sensibles como la “industria del juicio”, cuestiones que sin duda afectan las decisiones de contratación. Sin embargo, las medidas —al no identificar correctamente dónde se producen las contrataciones en negro— les otorgan un beneficio innecesario a las grandes empresas, beneficio que sale del financiamiento a las jubilaciones. Por otro lado, el problema de fondo es el estancamiento de la economía, algo que esta reforma no puede resolver. Por eso, el riesgo de estas propuestas es que terminen funcionando más como una transferencia regresiva de recursos desde el Estado y los trabajadores hacia las empresas que como un motor de creación de empleo.
EL PAÍS
