La sensación en Chile es de asombro. Armando Fernández Larios, un icónico exagente de la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet (1973-1990), con cinco peticiones de extradición de la justicia chilena por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, fue detenido en Fort Myers, Florida, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). El organismo informó de su captura, junto a otros 41 chilenos, por el cargo de homicidio, el 27 de enero, aunque ocurrió en octubre de 2025.
El exuniformado, responsable del asesinato en Washington en 1976 del excanciller de Allende, Orlando Letelier, huyó a Estados Unidos en 1987 En Chile tiene cinco peticiones de extradición
La sensación en Chile es de asombro. Armando Fernández Larios, un icónico exagente de la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet (1973-1990), con cinco peticiones de extradición de la justicia chilena por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, fue detenido en Fort Myers, Florida, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). El organismo informó de su captura, junto a otros 41 chilenos, por el cargo de homicidio, el 27 de enero, aunque ocurrió en octubre de 2025.
Fernández, exmayor del Ejército chileno, de 76 años, vivía hace casi cuatro décadas en Estados Unidos. Participó del asesinato, en un atentado explosivo en Washington en 1976, del excanciller del mandatario socialista Salvador Allende (1970-1973), Orlando Letelier, y su asistente Ronnie Moffitt. Es considerado un exagente de élite de la dictadura y alguien que, por su cercanía con la cúpula de la DINA, que dirigió el general Manuel Contreras, alias El Mamo, tiene mucha información. El abogado Nelson Caucoto, quien fue parte de la Vicaría de la Solidaridad, una institución que defendió a las víctimas y a sus familiares durante la represión, dice que “era un hombre de confianza de Contreras y Pinochet. Y un tipo que empezó a participar desde el asalto a La Moneda“, el 11 septiembre de 1973.
Fernández es requerido en Chile por el homicidio de la estadounidense Ronnie Moffitt y por el asesinato, en Santiago, en julio de 1976, del ciudadano español y funcionario de la CEPAL, Carmelo Soria, cometido por una brigada de DINA. Francisco Ugás, abogado querellante en el caso, dice a EL PAÍS que hay varios testigos que señalan que “él estuvo en el lugar de detención de Soria”, donde el diplomático fue brutalmente torturado. Ese sitio era una casa de la DINA en Lo Curro, en el sector oriente de Santiago, donde vivía un matrimonio de agentes icónicos: Michael Townley y la escritora Mariana Callejas.
Fernández Larios también es buscado en Chile por el crimen de Manuel Sanhueza Mellado en Pisagua, en el extremo norte chileno, y por su papel en la llamada Caravana de la Muerte, que encabezó el general Sergio Arellano Stark, poco después del golpe de Estado. La comitiva asesinó, en distintas ciudades de Chile, sin juicio, a 73 prisioneros políticos, entre ellos al economista Winston Cabello. Además, en 2005, la justicia chilena pidió su extradición por la desaparición del ingeniero civil David Silberman, en 1973.
En 2003 la Corte Federal de Miami lo declaró responsable legal, tras una demanda civil, del asesinato de Winston Cabello, en octubre de 1973, en Copiapó, en el norte de Chile. Desde entonces no había noticias suyas, hasta que a finales de enero se hizo pública su detención.
Pinochet y la viuda de Letelier
Parte de lo que ha sorprendido en Chile de su detención, en manos de ICE, se debe a que Fernández Larios se encontraba desde 1987, supuestamente, bajo protección legal de Estados Unidos, donde vivía. Ese año huyó de Chile en secreto, en medio de la indagatoria judicial. “Allá entregó mucha información”, dice el abogado de derechos humanos Luciano Foullioux. Con esa cooperación obtuvo beneficios, al declararse culpable como encubridor del asesinato de Letelier y Moffitt, cuando la DINA hizo estallar una bomba en el automóvil en el que viajaban. Estuvo apenas cinco meses detenido y confesó para obtener una pena baja, tal como lo hizo Townley, el autor del doble asesinato en Washington. También tiene protección legal, ratificada en 2015.
Un testigo de ese juicio en Washington, en mayo de 1987, fue el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, quien en 1976, mientras estaba exiliado en Estados Unidos, trabajaba junto a Letelier. Valdés recuerda a EL PAÍS una escena escalofriante ocurrida en el tribunal, cuando el exagente confesó. En la audiencia estaba presente la viuda de Orlando Letelier, Isabel Margarita Morel, a quien Valdés acompañaba. “Era una sala llena de gente. Fernández Larios estaba de pie. De pronto el juez dice: ‘Está aquí la señora Isabel. El acusado ha admitido responsabilidad y participación en el asesinato de su marido y pide que usted lo perdone. E Isabel dijo: ‘Yo soy cristiana y lo perdono. Pero también tengo que decir, señor juez, que el culpable del asesinato de mi marido no está en esta habitación; está en el Palacio de La Moneda y se llama Augusto Pinochet”.
El asesinato de Letelier también fue juzgado en Chile, durante los complejos primeros años de la transición democrática. La investigación la realizó el juez Adolfo Bañados, quien ha muerto, a los 103 años, el pasado 1 de febrero, seis días después de que se conociera la captura de Fernández Larios. En 1993, el magistrado dictó las primeras dos condenas por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, en contra de Contreras y del brigadier Pedro Espinoza, su segundo: ambos entraron, con resistencia, al penal de Punta Peuco en 1995. “El juez Bañados fue un hombre extraordinariamente valiente. Estoy seguro que a Fernández Larios lo habría metido preso y condenado”, dice a este periódico el exsenador socialista Juan Pablo Letelier, hijo del excanciller de Allende.
“Era de los agentes mimados de la DINA”
La captura de Fernández, como a muchos, ha sorprendido a Juan Pablo Letelier. “Él fue uno los agentes mimados y promovidos por la DINA. Era una persona de poca edad para el golpe de Estado [23 años], pero de inmediato entró a los equipos de seguridad y estuvo en la Caravana de la Muerte. Desertó de la DINA y se acogió en Estados Unidos al sistema de protección de testigos, que yo entiendo que es de por vida. Por eso es tan rara su detención”.
El crimen de Letelier fue el segundo de los tres operativos que realizó el departamento exterior de la DINA en los primeros años de la dictadura de Pinochet. En 1975, los agentes intentaron asesinar en Roma a Bernardo Leighton, exministro del Interior del expresidente democristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y a su esposa Anita Fresno: sobrevivieron con graves secuelas. Un año antes, en 1974, la DINA asesinaron en Buenos Aires al excomandante en jefe del Ejército, el general constitucionalista Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert: murieron luego que detonara una bomba en su automóvil. En 2002, la jueza argentina María Servini de Cubría trató de interrogar a Fernández Larios y pidió su extradición, pero no se concretó. En Chile fueron condenados, entre otros, Contreras, Espinoza, Callejas y José Zara, un exmilitar que en agosto de 2025 fue detenido por el caso de Ronnie Moffit. Townley, en tanto, confesó a Servini, en 1999, ser el autor material del atentado en Argentina.
Tras la captura del exagente, Hernán Quezada, abogado de las tres hijas del matrimonio Prats Cuthbert, dice a este periódico que observa con detención el caso. En 2010, el juez chileno Alejandro Solís dictó seis condenas y, en la sentencia, Fernández Larios aparece más de 100 veces mencionado por sus vínculos con el departamento exterior de la DINA.
Desde que se hizo pública su detención, abogados y familiares de las causas por las que se busca en Chile al exagente de la DINA están en alerta. De volver a Chile, además, dice Francisco Ugaz, hay varios otros casos en los que aparece mencionado. Pero, al vivir en Estados Unidos, no se ha podido avanzar judicialmente.
La expectativa de que sea juzgado también tiene Juan Pablo Letelier: “La justicia tarda….Hay muchas familias en Chile que fueron víctimas de la Caravana de la muerte y quieren justicia; en el caso de Carmelo Soria también quieren justicia. Armando Fernández Larios nunca debió haber estado libre en Estados Unidos”.
EL PAÍS
