El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, en cabeza de Germán Ávila, ordenó este martes la suspensión del concurso público de méritos para el nombramiento de notarios, argumentando “limitaciones presupuestales”. Este anuncio se da una semana después de que la Procuraduría General de la Nación emitiera una advertencia sobre presuntas irregularidades que podrían comprometer la legalidad y transparencia del proceso, y horas más tarde de que el presidente Gustavo Petro lanzara acusaciones de presunta corrupción en el proceso. El documento oficial del Ministerio, cuya existencia fue revelada por El Tiempo, ordena frenar la ejecución del contrato firmado con la Universidad Libre —encargada de la logística del concurso— y hace referencia a las denuncias hechas por el organismo de control.
El proceso suspendido es el primero convocado en Colombia en una década. Desde el concurso público de méritos realizado en 2014, no se había abierto una nueva convocatoria para nombrar notarios en propiedad. Esta nueva edición buscaba cubrir cerca de 300 vacantes en todo el país, reemplazar encargos provisionales y permitir el ingreso de nuevos profesionales a la carrera notarial. Pedro Sarmiento, socio de la firma de servicios legales Crowe Colombia, advierte de que “la intervención política en procesos que deberían ser estrictamente técnicos compromete la credibilidad institucional y puede abrir la puerta a nombramientos discrecionales”. En su opinión, el país necesita “reglas claras, procesos blindados y una ciudadanía vigilante” para evitar que estos concursos se conviertan en cuotas de poder.
Para el experto, la suspensión del concurso tiene implicaciones de fondo. Por un lado, “frena el ingreso de nuevos profesionales por mérito, lo que obstaculiza la renovación del cuerpo notarial y debilita la transparencia del sistema”. Por otro, las denuncias de corrupción y la falta de garantías procesales alimentan la desconfianza ciudadana en los mecanismos de selección pública. “El estancamiento del proceso podría generar vacíos en notarías clave, afectando el acceso a trámites civiles, comerciales y de propiedad”, concluye.
Las advertencias se oían desde hace días y el presidente Gustavo Petro ha criticado el proceso desde al menos el 2 de septiembre. Entonces, a través de la red social X, escribió que “[se] habla de recogida de fondos para sobornar por cupos en las notarías. Hasta cenas pagas hay. Funcionarios en el Ministerio de Justicia y la Superintendencia estarían metidos. Se habla de mil millones por cupo”, escribió.
Rumor habla de recogida de fondos para sobornar por cupos en las notarías en el nuevo concurso. Hasta cenas pagas hay
Funcionarios en ministerio de justicia y super, estarían metidos. Se habla de mil millones por cupo.
Le pido al procurador revisar esta corrupción impuesta. Se…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 3, 2025
Petro volvió a pronunciarse el lunes, con más contundencia: “Ojo con el concurso notarial. El procurador solicitó suspender el concurso, extrañamente se aceleró antes de elecciones. Cobran mil millones por cupo y son 700 y preciso, antes de elecciones”, publicó en la noche.
Ojo con el concurso notarial. El procurador solicitó suspender el concurso, extrañamente se aceleró antes de elecciones.
Cobran mil millones por cupo y son 700 y preciso, antes de elecciones.
Los actuales notarios no fueron en su inmensa mayoría puestos por mi, pero no me…
Más Noticias— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 9, 2025
“Sin fechas no había concurso”, advirtió César Lorduy, expresidente del Consejo Nacional Electoral, en su cuenta de X. Según explicó, desde el 3 de septiembre “la Procuraduría había informado a la Superintendencia de Notariado que, a 8 de septiembre, no existían fechas oficiales para el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial”. Para Lorduy, este vacío en el cronograma es suficiente para frenar el proceso: “Sin fechas, no hay garantías, no hay transparencia, no hay concurso”.
La falta de calendario se suma a una serie de advertencias que la Procuraduría General de la Nación hizo llegar al superintendente Roosvelt Rodríguez Rengifo, en una comunicación urgente. El organismo de control revisó el proceso de selección y los documentos publicados en la plataforma oficial de contratación pública (SECOP II), y encontró varios problemas que podrían comprometer la legalidad del concurso.
Uno de los más graves, según la Procuraduría, es que los aspirantes no tienen cómo defenderse si consideran que fueron excluidos injustamente o mal calificados. “Los participantes quedan sin posibilidad alguna de ejercer su derecho fundamental a la defensa contra las decisiones sobre listas de admitidos, calificaciones de prueba y entrevista”, señala el documento. Esto se debe a que el diseño actual del concurso no permite presentar recursos ni apelaciones contra las decisiones del operador (la Universidad Libre) ni contra las del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN).
Además, el CSCN define qué se puede o no cuestionar, lo que, según la Procuraduría, limita el acceso a la justicia y vulnera el debido proceso. El organismo revisó las actas de las últimas sesiones del Consejo y encontró posibles violaciones al principio de legalidad. Ahora, la Superintendencia tiene dos días hábiles para entregar la información solicitada por la Procuraduría, incluyendo fechas, documentos y actos de delegación, y debe publicar ese requerimiento en SECOP II para garantizar transparencia y control ciudadano.
La decisión frena la primera convocatoria en una década. Puede perpetuar la politización del sistema y debilitar la confianza en los procesos de selección pública
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, en cabeza de Germán Ávila, ordenó este martes la suspensión del concurso público de méritos para el nombramiento de notarios, argumentando “limitaciones presupuestales”. Este anuncio se da una semana después de que la Procuraduría General de la Nación emitiera una advertencia sobre presuntas irregularidades que podrían comprometer la legalidad y transparencia del proceso, y horas más tarde de que el presidente Gustavo Petro lanzara acusaciones de presunta corrupción en el proceso. El documento oficial del Ministerio, cuya existencia fue revelada por El Tiempo, ordena frenar la ejecución del contrato firmado con la Universidad Libre —encargada de la logística del concurso— y hace referencia a las denuncias hechas por el organismo de control.
El proceso suspendido es el primero convocado en Colombia en una década. Desde el concurso público de méritos realizado en 2014, no se había abierto una nueva convocatoria para nombrar notarios en propiedad. Esta nueva edición buscaba cubrir cerca de 300 vacantes en todo el país, reemplazar encargos provisionales y permitir el ingreso de nuevos profesionales a la carrera notarial. Pedro Sarmiento, socio de la firma de servicios legales Crowe Colombia, advierte de que “la intervención política en procesos que deberían ser estrictamente técnicos compromete la credibilidad institucional y puede abrir la puerta a nombramientos discrecionales”. En su opinión, el país necesita “reglas claras, procesos blindados y una ciudadanía vigilante” para evitar que estos concursos se conviertan en cuotas de poder.
Para el experto, la suspensión del concurso tiene implicaciones de fondo. Por un lado, “frena el ingreso de nuevos profesionales por mérito, lo que obstaculiza la renovación del cuerpo notarial y debilita la transparencia del sistema”. Por otro, las denuncias de corrupción y la falta de garantías procesales alimentan la desconfianza ciudadana en los mecanismos de selección pública. “El estancamiento del proceso podría generar vacíos en notarías clave, afectando el acceso a trámites civiles, comerciales y de propiedad”, concluye.
Las advertencias se oían desde hace días y el presidente Gustavo Petro ha criticado el proceso desde al menos el 2 de septiembre. Entonces, a través de la red social X escribió que “[se] habla de recogida de fondos para sobornar por cupos en las notarías. Hasta cenas pagas hay. Funcionarios en el Ministerio de Justicia y la Superintendencia estarían metidos. Se habla de mil millones por cupo”, escribió.
Petro volvió a pronunciarse el lunes, con más contundencia: “Ojo con el concurso notarial. El procurador solicitó suspender el concurso, extrañamente se aceleró antes de elecciones. Cobran mil millones por cupo y son 700 y preciso, antes de elecciones”, publicó en la noche.
“Sin fechas no había concurso”, advirtió el César Lorduy, expresidente del Consejo Nacional Electoral, en su cuenta de X. Según explicó, desde el 3 de septiembre “la Procuraduría le había informado a la Superintendencia de Notariado que, a 8 de septiembre, no existían fechas oficiales para el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial”. Para Lorduy, este vacío en el cronograma es suficiente para frenar el proceso: “Sin fechas, no hay garantías, no hay transparencia, no hay concurso”.
La falta de calendario se suma a una serie de advertencias que la Procuraduría General de la Nación hizo llegar al superintendente Roosvelt Rodríguez Rengifo, en una comunicación urgente. El organismo de control revisó el proceso de selección y los documentos publicados en la plataforma oficial de contratación pública (SECOP II), y encontró varios problemas que podrían comprometer la legalidad del concurso.
Uno de los más graves, según la Procuraduría, es que los aspirantes no tienen cómo defenderse si consideran que fueron excluidos injustamente o mal calificados. “Los participantes quedan sin posibilidad alguna de ejercer su derecho fundamental a la defensa contra las decisiones sobre listas de admitidos, calificaciones de prueba y entrevista”, señala el documento. Esto se debe a que el diseño actual del concurso no permite presentar recursos ni apelaciones contra las decisiones del operador (la Universidad Libre) ni contra las del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN).
Además, el CSCN define qué se puede o no cuestionar, lo que, según la Procuraduría, limita el acceso a la justicia y vulnera el debido proceso. El organismo revisó las actas de las últimas sesiones del Consejo y encontró posibles violaciones al principio de legalidad. Ahora, la Superintendencia tiene dos días hábiles para entregar la información solicitada por la Procuraduría, incluyendo fechas, documentos y actos de delegación, y debe publicar ese requerimiento en SECOP II para garantizar transparencia y control ciudadano.
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