“Hay lugares donde enseñar básicamente significa sacrificar la vida”, nos dijo recientemente un maestro en Norte de Santander, un departamento al noreste de Colombia. A pesar de los acuerdos de paz de 2016 y de las negociaciones en curso entre el Gobierno y los grupos armados no estatales, los ataques contra la educación en las zonas rurales continúan. Solo en los cuatro departamentos cubiertos por nuestra encuesta reciente, documentamos más de 600 ataques contra escuelas, docentes y estudiantes desde 2020. Más de 140 estudiantes y profesores resultaron heridos o muertos en estos ataques.
Algunos de los más comunes fueron tiroteos cerca de escuelas, ocupación de colegios por parte de fuerzas armadas o grupos armados, extorsiones y amenazas contra docentes, y reclutamiento de niños en los caminos hacia la escuela. Alrededor del 20% de los estudiantes tuvo dificultades de aprendizaje tras los ataques, y las niñas fueron más propensas que los niños a abandonar los estudios. Los estudiantes indígenas y afrocolombianos, así como aquellos con discapacidad, también se vieron afectados de manera desproporcionada.
Alrededor del 25% de los docentes reportó síntomas de trastorno de estrés postraumático después de un ataque, con las mujeres ligeramente más afectadas que los hombres. Problemas de sueño, un estado de alerta constante y sentimientos de desesperanza eran demasiado comunes. Muchos docentes también contaron que colegas huyeron de la zona tras un ataque, lo que resultó en menos profesores en las áreas afectadas.
Las niñas fueron más propensas que los niños a abandonar los estudios. Los estudiantes indígenas y afrocolombianos, así como aquellos con discapacidad, también se vieron afectados de manera desproporcionada.
El 9 de septiembre se conmemora el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques. Como recuerda esta fecha, existen muchos pasos concretos que se pueden dar para prevenir y responder a estas violaciones. Pero los maestros afectados deben participar en el diseño de estas respuestas.
Entre la mayoría de los 800 docentes que entrevistamos en áreas rurales afectadas por el conflicto, su principal preocupación para sus escuelas era la inseguridad y la violencia. Esto superó con creces a otras inquietudes, como la capacitación docente, la falta o baja calidad de materiales de aprendizaje, o el descuido de los estudiantes en el hogar. Una profesora en Chocó contó: “Estábamos realizando una actividad de aprendizaje con los estudiantes… cuando, de repente, se desató un tiroteo, obligándonos a refugiarnos detrás de los muros de la escuela. El enfrentamiento duró unas dos horas… Después, los padres vinieron a recoger a sus hijos, que estaban a salvo y sanos”.
Los docentes quisieran ver priorizadas varias preocupaciones. La primera es el apoyo en salud mental. Un profesor de Antioquia señaló que, dado que el conflicto no cambiará de la noche a la mañana, “lo mejor sería contar con apoyo psicosocial continuo en la escuela y para todos los niños”. Una quinta parte de los maestros rurales nos dijo que en sus escuelas no existía ninguna medida de seguridad para los docentes, ni siquiera cerraduras en las puertas. Los profesores piden instalaciones y rutas escolares más seguras, incluidos sistemas de alerta temprana, formación y protocolos de seguridad, y transporte seguro. También es prioridad una reubicación rápida y segura después de recibir una amenaza, además de mayores inversiones en el sistema educativo y en justicia.
Los docentes afectados reclaman cambios estructurales y duraderos que conviertan a las escuelas en centros de construcción de paz y en espacios que promuevan el desarrollo socioemocional y el bienestar de estudiantes y personal.
Tras un ataque, debería priorizarse la reapertura de las escuelas primarias, rurales y las que atienden a estudiantes indígenas. Las escuelas atacadas documentadas en esta encuesta permanecieron cerradas durante miles de días en conjunto, lo que significó que los estudiantes no aprendieran o lo hicieran en condiciones precarias a través de clases virtuales o por radio. El promedio de cierre fue de una semana, pero algunas permanecieron clausuradas durante meses. La diferencia no parecía deberse a mayores daños ni a reparaciones más largas; en cambio, este tipo de escuelas eran las más lentas en reabrir.
Es prioridad una reubicación rápida y segura después de recibir una amenaza, además de mayores inversiones en el sistema educativo y en justicia
Para mantener seguros a los estudiantes y maestros, los actores armados deben abstenerse de ocupar escuelas. No solo porque esto impide que los estudiantes reciban educación de calidad, sino porque también pone al colegio en riesgo de ataque por fuerzas o grupos rivales. En nuestra encuesta se registraron 66 escuelas atacadas mientras estaban ocupadas.
Las estaciones de policía y las bases militares deben ser trasladadas lejos de las escuelas, ya que su cercanía pone en peligro a estudiantes y docentes. Hasta 40 escuelas situadas cerca de bases policiales o militares sufrieron tiroteos en sus alrededores o tuvieron minas sembradas cerca (algunas en múltiples ocasiones), cuando grupos armados no estatales atacaron a las fuerzas de seguridad. Estos ataques obligaron a los estudiantes a refugiarse y, con frecuencia, llevaron al cierre de escuelas. Los docentes han pedido desde hace tiempo que se mantenga el peligro lejos de los colegios, incluyendo el traslado de estaciones de policía. Una maestra de primaria en Nariño dijo que su mayor preocupación por la seguridad de su escuela era su “cercanía a una subestación de policía”.
La comunidad internacional —donantes, gobiernos socios y organizaciones humanitarias— debería apoyar la implementación de estas políticas. Y los docentes que trabajan en contextos afectados por conflictos deben estar involucrados
Colombia ha dado varios pasos importantes para proteger la educación. Además de firmar la Declaración de Escuelas Seguras en 2022, el gobierno elaboró un plan de acción y una política educativa integral para todo tipo de riesgos y amenazas. Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, el plan de acción y la política educativa deben estar en las agendas y presupuestos de los ministerios departamentales, y su implementación local debe ser respaldada por una amplia gama de actores.
La comunidad internacional —donantes, gobiernos socios y organizaciones humanitarias— debería apoyar la implementación de estas políticas. Y los docentes que trabajan en contextos afectados por conflictos deben estar involucrados. Al darles un papel activo en el diseño de protocolos e implementación, podremos desarrollar soluciones localizadas y prácticas que hagan más seguras a las escuelas para niños, maestros y comunidades.
Las cifras compartidas provienen del panel de Colombia en TRACE, lanzado el 9 de septiembre para conmemorar el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques. El Track Attacks on Education Data Portal (TRACE) es una herramienta para periodistas e investigadores, así como para expertos en educación, protección y derecho, que busca visibilizar los ataques y formular mejores respuestas. La encuesta documentó ataques contra la educación utilizando KoboToolbox en áreas afectadas por el conflicto en cuatro departamentos de Colombia. El proyecto fue llevado a cabo por Kobo, en colaboración con LA CID y la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques, y con el apoyo de la Fundación Education Above All.
“Hay lugares donde enseñar básicamente significa sacrificar la vida”, nos dijo recientemente un maestro en Norte de Santander, un departamento al noreste de Colombia. A pesar de los acuerdos de paz de 2016 y de las negociaciones en curso entre el Gobierno y los grupos armados no estatales, los ataques contra la educación en las zonas rurales continúan. Solo en los cuatro departamentos cubiertos por nuestra encuesta reciente, documentamos más de 600 ataques contra escuelas, docentes y estudiantes desde 2020. Más de 140 estudiantes y profesores resultaron heridos o muertos en estos ataques.Algunos de los más comunes fueron tiroteos cerca de escuelas, ocupación de colegios por parte de fuerzas armadas o grupos armados, extorsiones y amenazas contra docentes, y reclutamiento de niños en los caminos hacia la escuela. Alrededor del 20% de los estudiantes tuvo dificultades de aprendizaje tras los ataques, y las niñas fueron más propensas que los niños a abandonar los estudios. Los estudiantes indígenas y afrocolombianos, así como aquellos con discapacidad, también se vieron afectados de manera desproporcionada.Alrededor del 25% de los docentes reportó síntomas de trastorno de estrés postraumático después de un ataque, con las mujeres ligeramente más afectadas que los hombres. Problemas de sueño, un estado de alerta constante y sentimientos de desesperanza eran demasiado comunes. Muchos docentes también contaron que colegas huyeron de la zona tras un ataque, lo que resultó en menos profesores en las áreas afectadas.Las niñas fueron más propensas que los niños a abandonar los estudios. Los estudiantes indígenas y afrocolombianos, así como aquellos con discapacidad, también se vieron afectados de manera desproporcionada.El 9 de septiembre se conmemora el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques. Como recuerda esta fecha, existen muchos pasos concretos que se pueden dar para prevenir y responder a estas violaciones. Pero los maestros afectados deben participar en el diseño de estas respuestas.Entre la mayoría de los 800 docentes que entrevistamos en áreas rurales afectadas por el conflicto, su principal preocupación para sus escuelas era la inseguridad y la violencia. Esto superó con creces a otras inquietudes, como la capacitación docente, la falta o baja calidad de materiales de aprendizaje, o el descuido de los estudiantes en el hogar. Una profesora en Chocó contó: “Estábamos realizando una actividad de aprendizaje con los estudiantes… cuando, de repente, se desató un tiroteo, obligándonos a refugiarnos detrás de los muros de la escuela. El enfrentamiento duró unas dos horas… Después, los padres vinieron a recoger a sus hijos, que estaban a salvo y sanos”.Los docentes quisieran ver priorizadas varias preocupaciones. La primera es el apoyo en salud mental. Un profesor de Antioquia señaló que, dado que el conflicto no cambiará de la noche a la mañana, “lo mejor sería contar con apoyo psicosocial continuo en la escuela y para todos los niños”. Una quinta parte de los maestros rurales nos dijo que en sus escuelas no existía ninguna medida de seguridad para los docentes, ni siquiera cerraduras en las puertas. Los profesores piden instalaciones y rutas escolares más seguras, incluidos sistemas de alerta temprana, formación y protocolos de seguridad, y transporte seguro. También es prioridad una reubicación rápida y segura después de recibir una amenaza, además de mayores inversiones en el sistema educativo y en justicia.Los docentes afectados reclaman cambios estructurales y duraderos que conviertan a las escuelas en centros de construcción de paz y en espacios que promuevan el desarrollo socioemocional y el bienestar de estudiantes y personal.Tras un ataque, debería priorizarse la reapertura de las escuelas primarias, rurales y las que atienden a estudiantes indígenas. Las escuelas atacadas documentadas en esta encuesta permanecieron cerradas durante miles de días en conjunto, lo que significó que los estudiantes no aprendieran o lo hicieran en condiciones precarias a través de clases virtuales o por radio. El promedio de cierre fue de una semana, pero algunas permanecieron clausuradas durante meses. La diferencia no parecía deberse a mayores daños ni a reparaciones más largas; en cambio, este tipo de escuelas eran las más lentas en reabrir.Es prioridad una reubicación rápida y segura después de recibir una amenaza, además de mayores inversiones en el sistema educativo y en justiciaPara mantener seguros a los estudiantes y maestros, los actores armados deben abstenerse de ocupar escuelas. No solo porque esto impide que los estudiantes reciban educación de calidad, sino porque también pone al colegio en riesgo de ataque por fuerzas o grupos rivales. En nuestra encuesta se registraron 66 escuelas atacadas mientras estaban ocupadas.Las estaciones de policía y las bases militares deben ser trasladadas lejos de las escuelas, ya que su cercanía pone en peligro a estudiantes y docentes. Hasta 40 escuelas situadas cerca de bases policiales o militares sufrieron tiroteos en sus alrededores o tuvieron minas sembradas cerca (algunas en múltiples ocasiones), cuando grupos armados no estatales atacaron a las fuerzas de seguridad. Estos ataques obligaron a los estudiantes a refugiarse y, con frecuencia, llevaron al cierre de escuelas. Los docentes han pedido desde hace tiempo que se mantenga el peligro lejos de los colegios, incluyendo el traslado de estaciones de policía. Una maestra de primaria en Nariño dijo que su mayor preocupación por la seguridad de su escuela era su “cercanía a una subestación de policía”.La comunidad internacional —donantes, gobiernos socios y organizaciones humanitarias— debería apoyar la implementación de estas políticas. Y los docentes que trabajan en contextos afectados por conflictos deben estar involucradosColombia ha dado varios pasos importantes para proteger la educación. Además de firmar la Declaración de Escuelas Seguras en 2022, el gobierno elaboró un plan de acción y una política educativa integral para todo tipo de riesgos y amenazas. Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, el plan de acción y la política educativa deben estar en las agendas y presupuestos de los ministerios departamentales, y su implementación local debe ser respaldada por una amplia gama de actores.La comunidad internacional —donantes, gobiernos socios y organizaciones humanitarias— debería apoyar la implementación de estas políticas. Y los docentes que trabajan en contextos afectados por conflictos deben estar involucrados. Al darles un papel activo en el diseño de protocolos e implementación, podremos desarrollar soluciones localizadas y prácticas que hagan más seguras a las escuelas para niños, maestros y comunidades.Las cifras compartidas provienen del panel de Colombia en TRACE, lanzado el 9 de septiembre para conmemorar el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques. El Track Attacks on Education Data Portal (TRACE) es una herramienta para periodistas e investigadores, así como para expertos en educación, protección y derecho, que busca visibilizar los ataques y formular mejores respuestas. La encuesta documentó ataques contra la educación utilizando KoboToolbox en áreas afectadas por el conflicto en cuatro departamentos de Colombia. El proyecto fue llevado a cabo por Kobo, en colaboración con LA CID y la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques, y con el apoyo de la Fundación Education Above All. Seguir leyendo
“Hay lugares donde enseñar básicamente significa sacrificar la vida”, nos dijo recientemente un maestro en Norte de Santander, un departamento al noreste de Colombia. A pesar de los acuerdos de paz de 2016 y de las negociaciones en curso entre el Gobierno y los grupos armados no estatales, los ataques contra la educación en las zonas rurales continúan. Solo en los cuatro departamentos cubiertos por nuestra encuesta reciente, documentamos más de 600 ataques contra escuelas, docentes y estudiantes desde 2020. Más de 140 estudiantes y profesores resultaron heridos o muertos en estos ataques.
Algunos de los más comunes fueron tiroteos cerca de escuelas, ocupación de colegios por parte de fuerzas armadas o grupos armados, extorsiones y amenazas contra docentes, y reclutamiento de niños en los caminos hacia la escuela. Alrededor del 20% de los estudiantes tuvo dificultades de aprendizaje tras los ataques, y las niñas fueron más propensas que los niños a abandonar los estudios. Los estudiantes indígenas y afrocolombianos, así como aquellos con discapacidad, también se vieron afectados de manera desproporcionada.
Alrededor del 25% de los docentes reportó síntomas de trastorno de estrés postraumático después de un ataque, con las mujeres ligeramente más afectadas que los hombres. Problemas de sueño, un estado de alerta constante y sentimientos de desesperanza eran demasiado comunes. Muchos docentes también contaron que colegas huyeron de la zona tras un ataque, lo que resultó en menos profesores en las áreas afectadas.
Las niñas fueron más propensas que los niños a abandonar los estudios. Los estudiantes indígenas y afrocolombianos, así como aquellos con discapacidad, también se vieron afectados de manera desproporcionada.
El 9 de septiembre se conmemora el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques. Como recuerda esta fecha, existen muchos pasos concretos que se pueden dar para prevenir y responder a estas violaciones. Pero los maestros afectados deben participar en el diseño de estas respuestas.
Entre la mayoría de los 800 docentes que entrevistamos en áreas rurales afectadas por el conflicto, su principal preocupación para sus escuelas era la inseguridad y la violencia. Esto superó con creces a otras inquietudes, como la capacitación docente, la falta o baja calidad de materiales de aprendizaje, o el descuido de los estudiantes en el hogar. Una profesora en Chocó contó: “Estábamos realizando una actividad de aprendizaje con los estudiantes… cuando, de repente, se desató un tiroteo, obligándonos a refugiarnos detrás de los muros de la escuela. El enfrentamiento duró unas dos horas… Después, los padres vinieron a recoger a sus hijos, que estaban a salvo y sanos”.
Los docentes quisieran ver priorizadas varias preocupaciones. La primera es el apoyo en salud mental. Un profesor de Antioquia señaló que, dado que el conflicto no cambiará de la noche a la mañana, “lo mejor sería contar con apoyo psicosocial continuo en la escuela y para todos los niños”. Una quinta parte de los maestros rurales nos dijo que en sus escuelas no existía ninguna medida de seguridad para los docentes, ni siquiera cerraduras en las puertas. Los profesores piden instalaciones y rutas escolares más seguras, incluidos sistemas de alerta temprana, formación y protocolos de seguridad, y transporte seguro. También es prioridad una reubicación rápida y segura después de recibir una amenaza, además de mayores inversiones en el sistema educativo y en justicia.
Los docentes afectados reclaman cambios estructurales y duraderos que conviertan a las escuelas en centros de construcción de paz y en espacios que promuevan el desarrollo socioemocional y el bienestar de estudiantes y personal.
Tras un ataque, debería priorizarse la reapertura de las escuelas primarias, rurales y las que atienden a estudiantes indígenas. Las escuelas atacadas documentadas en esta encuesta permanecieron cerradas durante miles de días en conjunto, lo que significó que los estudiantes no aprendieran o lo hicieran en condiciones precarias a través de clases virtuales o por radio. El promedio de cierre fue de una semana, pero algunas permanecieron clausuradas durante meses. La diferencia no parecía deberse a mayores daños ni a reparaciones más largas; en cambio, este tipo de escuelas eran las más lentas en reabrir.
Es prioridad una reubicación rápida y segura después de recibir una amenaza, además de mayores inversiones en el sistema educativo y en justicia
Para mantener seguros a los estudiantes y maestros, los actores armados deben abstenerse de ocupar escuelas. No solo porque esto impide que los estudiantes reciban educación de calidad, sino porque también pone al colegio en riesgo de ataque por fuerzas o grupos rivales. En nuestra encuesta se registraron 66 escuelas atacadas mientras estaban ocupadas.
Las estaciones de policía y las bases militares deben ser trasladadas lejos de las escuelas, ya que su cercanía pone en peligro a estudiantes y docentes. Hasta 40 escuelas situadas cerca de bases policiales o militares sufrieron tiroteos en sus alrededores o tuvieron minas sembradas cerca (algunas en múltiples ocasiones), cuando grupos armados no estatales atacaron a las fuerzas de seguridad. Estos ataques obligaron a los estudiantes a refugiarse y, con frecuencia, llevaron al cierre de escuelas. Los docentes han pedido desde hace tiempo que se mantenga el peligro lejos de los colegios, incluyendo el traslado de estaciones de policía. Una maestra de primaria en Nariño dijo que su mayor preocupación por la seguridad de su escuela era su “cercanía a una subestación de policía”.
La comunidad internacional —donantes, gobiernos socios y organizaciones humanitarias— debería apoyar la implementación de estas políticas. Y los docentes que trabajan en contextos afectados por conflictos deben estar involucrados
Colombia ha dado varios pasos importantes para proteger la educación. Además de firmar la Declaración de Escuelas Seguras en 2022, el gobierno elaboró un plan de acción y una política educativa integral para todo tipo de riesgos y amenazas. Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, el plan de acción y la política educativa deben estar en las agendas y presupuestos de los ministerios departamentales, y su implementación local debe ser respaldada por una amplia gama de actores.
La comunidad internacional —donantes, gobiernos socios y organizaciones humanitarias— debería apoyar la implementación de estas políticas. Y los docentes que trabajan en contextos afectados por conflictos deben estar involucrados. Al darles un papel activo en el diseño de protocolos e implementación, podremos desarrollar soluciones localizadas y prácticas que hagan más seguras a las escuelas para niños, maestros y comunidades.
Las cifras compartidas provienen del panel de Colombia en TRACE, lanzado el 9 de septiembre para conmemorar el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques. El Track Attacks on Education Data Portal (TRACE) es una herramienta para periodistas e investigadores, así como para expertos en educación, protección y derecho, que busca visibilizar los ataques y formular mejores respuestas. La encuesta documentó ataques contra la educación utilizando KoboToolbox en áreas afectadas por el conflicto en cuatro departamentos de Colombia. El proyecto fue llevado a cabo por Kobo, en colaboración con LA CID y laCoalición Global para Proteger la Educación de Ataques, y con el apoyo de la Fundación Education Above All.
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