La Secretaría de Marina (Semar) forjó por años la reputación de ser la institución más fiable en la lucha contra el crimen organizado, principalmente, por una característica en su estructura: era, se creía, incorruptible. Gobierno tras gobierno, de Felipe Calderón, impulsor de la guerra contra el narco, a Andrés Manuel López Obrador, los marinos ganaron protagonismo en la seguridad pública, en gran parte con la anuencia de Washington. Hace unos años, gracias al auspicio de López Obrador, la Marina desplazó a la autoridad civil que administraba las aduanas portuarias y se hizo con el control de esos puntos de acceso estratégicos. El argumento del expresidente era, nuevamente, el supuesto blindaje de la Marina contra la corrupción. No obstante, el desmantelamiento este fin de semana de una red de huachicol en la que estaban implicados mandos navales desgarra el fino velo que cubría el rostro de la dependencia armada.
El traspaso del control aduanal desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), una dependencia civil dependiente del Ejecutivo, se dio entre 2020 y 2021, casi a mitad del sexenio de López Obrador. “Se decidió que sea la Secretaría de Marina la encargada de los puertos. Y no es militarizar, es reforzar la vigilancia”, explicó entonces el presidente. “Imaginemos si solo los servidores públicos pueden resistir las presiones de la delincuencia organizada, el ‘plata o plomo’. Se requiere por eso del respaldo de una institución fundamental del Estado mexicano”, indicó. La decisión del mandatario provocó la protesta, y después la dimisión, del entonces titular de la SICT, Javier Jiménez Espriú, que no estuvo de acuerdo con el enroque. “Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle [a López Obrador] mi convicción y mi preocupación sobre la grave trascendencia que considero tiene esta medida para el presente y futuro de México, tanto en lo económico como en lo político”, escribió el funcionario en su carta de renuncia
López Obrador tenía mucha confianza en las Fuerzas Armadas (la Semar y la Secretaría de la Defensa), y a lo largo de su Gobierno encomendó a ambas instituciones tareas de administración y gestión de bienes públicos más allá de la seguridad: aeropuertos, puertos, trenes. El exmandatario solía destacar que, gracias a la asignación de las aduanas a la Marina —el Ejército también comenzó a controlar algunas aduanas terrestres—, se había incrementado la recaudación de impuestos y el decomiso de drogas. Pero el combate al huachicol siguió un derrotero diferente. López Obrador aseguraba que el robo de combustible de Pemex había caído a mínimos históricos en su sexenio, pero la historia de este fin de semana muestra el fortalecimiento de otra vertiente del lucrativo negocio: el contrabando de combustible a través de las aduanas haciéndolo pasar por otro tipo de producto libre de gravamen.
El politólogo Carlos Pérez-Ricart señala que, contrario al diagnóstico de López Obrador sobre la invulnerabilidad de la Semar, el verticalismo de la dependencia propició su corrupción. En principio, el especialista en seguridad considera que fue un grave error haber entregado a la Marina la administración de la “manzana envenenada” que son las aduanas, una función completamente alejada de su función principal. “La gestión de las aduanas impone un reto a la no cooptación de las instituciones. El caso más reciente es resultado más de la función que se le dio a la Marina que de la propia estructura de la institución”, explica. “Una vez que se infiltra la corrupción, llega hasta lo más alto. El Ejército y la Marina tienen una verticalidad que no se da en la Policía ni en otro lado, y por lo tanto es más complicado que se infiltren, pero, una vez que se contaminan, esa contaminación viene de lo más alto a lo más bajo”, agrega.
De los 14 funcionarios capturados por el Gobierno de Claudia Sheinbaum como parte de la red de huachicol, seis eran marinos. Uno de ellos era el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino de quien fuera el secretario de la Marina de López Obrador, Rafael Ojeda Durán. Pese a la vinculación familiar, la Administración de Sheinbaum ha sido muy enfática en desligar al almirante Ojeda de cualquier nexo criminal con la red de sus parientes. “Las aduanas son la mayor instancia de corrupción imaginable. Al entrar la Marina, la institución cambia muchos de sus incentivos iniciales, su estructura. Esto tiene efectos brutales sobre cualquier organización, y los ha tenido evidentemente sobre la Marina”, expone Pérez-Ricart. “Entonces, más allá del lugar común de que esto demuestra que López Obrador estaba equivocado porque la Marina no es inmune, lo que señala es el resultado natural de descomposición que significa que una institución tan vertical y organizada entre a este tipo de operaciones. Aquí la corrupción no sucede sin que los mandos estén de acuerdo”, agrega.
La Marina es considerada por los mexicanos como la institución de seguridad más efectiva y confiable, según la última encuesta del Inegi sobre Victimización y Percepción de la Seguridad. La mala imagen se mueve negativamente hacia el Ejército, la Guardia Nacional y las policías estatales. Durante la guerra contra el narco de Felipe Calderón, algunos de los operativos más cruciales fueron encabezados por la Semar, caso del abatimiento de Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes, en Cuernavaca (Morelos) en 2009, y la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40, líder de Los Zetas, en 2013, entre Coahuila y Tamaulipas. Particularmente, el Gobierno destacó que la detención del Z-40 se efectuó sin “un solo disparo”, parte del discurso oficial que buscaba enaltecer la pericia, la limpieza y la puntualidad de la Armada.
Estados Unidos incentivó mucho la cooperación y el intercambio de inteligencia con la Marina, partiendo de la desconfianza hacia el Ejército por el riesgo de fugas de información sensible. “Está completamente estudiado que, para la CIA, la DEA y el Pentágono, la Marina era la institución menos susceptible de ser infiltrada. Ahí operaban y operan los grupos de élite certificados por la Embajada de Estados Unidos. La Marina, al ser más pequeña, era menos burocrática, más moldeable, capaz, y lo sigue siendo”, señala Pérez-Ricart. El académico observa que el reciente desmantelamiento de la red de huachicol señala un compromiso más claro de Sheinbaum frente a la corrupción que el de su antecesor en la presidencia. “En este caso va a haber más cambio que continuidad. Esto tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado y el objetivo de mejorar las condiciones de mejorar la recaudación del Estado. El huachicol fiscal comparte ambas dimensiones”, detalla.
La institución armada acumuló durante años influencia en la vida pública, al punto de que López Obrador le entregó el control de las aduanas, dada su convicción de que los marinos eran incorruptibles
La Secretaría de Marina (Semar) forjó por años la reputación de ser la institución más fiable en la lucha contra el crimen organizado, principalmente, por una característica en su estructura: era, se creía, incorruptible. Gobierno tras gobierno, de Felipe Calderón, impulsor de la guerra contra el narco, a Andrés Manuel López Obrador, los marinos ganaron protagonismo en la seguridad pública, en gran parte con la anuencia de Washington. Hace unos años, gracias al auspicio de López Obrador, la Marina desplazó a la autoridad civil que administraba las aduanas portuarias y se hizo con el control de esos puntos de acceso estratégicos. El argumento del expresidente era, nuevamente, el supuesto blindaje de la Marina contra la corrupción. No obstante, el desmantelamiento este fin de semana de una red de huachicol en la que estaban implicados mandos navales desgarra el fino velo que cubría el rostro de la dependencia armada.
El traspaso del control aduanal desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), una dependencia civil dependiente del Ejecutivo, se dio entre 2020 y 2021, casi a mitad del sexenio de López Obrador. “Se decidió que sea la Secretaría de Marina la encargada de los puertos. Y no es militarizar, es reforzar la vigilancia”, explicó entonces el presidente. “Imaginemos si solo los servidores públicos pueden resistir las presiones de la delincuencia organizada, el ‘plata o plomo’. Se requiere por eso del respaldo de una institución fundamental del Estado mexicano”, indicó. La decisión del mandatario provocó la protesta, y después la dimisión, del entonces titular de la SICT, Javier Jiménez Espriú, que no estuvo de acuerdo con el enroque. “Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle [a López Obrador] mi convicción y mi preocupación sobre la grave trascendencia que considero tiene esta medida para el presente y futuro de México, tanto en lo económico como en lo político”, escribió el funcionario en su carta de renuncia
López Obrador tenía mucha confianza en las Fuerzas Armadas (la Semar y la Secretaría de la Defensa), y a lo largo de su Gobierno encomendó a ambas instituciones tareas de administración y gestión de bienes públicos más allá de la seguridad: aeropuertos, puertos, trenes. El exmandatario solía destacar que, gracias a la asignación de las aduanas a la Marina —el Ejército también comenzó a controlar algunas aduanas terrestres—, se había incrementado la recaudación de impuestos y el decomiso de drogas. Pero el combate al huachicol siguió un derrotero diferente. López Obrador aseguraba que el robo de combustible de Pemex había caído a mínimos históricos en su sexenio, pero la historia de este fin de semana muestra el fortalecimiento de otra vertiente del lucrativo negocio: el contrabando de combustible a través de las aduanas haciéndolo pasar por otro tipo de producto libre de gravamen.
El politólogo Carlos Pérez-Ricart señala que, contrario al diagnóstico de López Obrador sobre la invulnerabilidad de la Semar, el verticalismo de la dependencia propició su corrupción. En principio, el especialista en seguridad considera que fue un grave error haber entregado a la Marina la administración de la “manzana envenenada” que son las aduanas, una función completamente alejada de su función principal. “La gestión de las aduanas impone un reto a la no cooptación de las instituciones. El caso más reciente es resultado más de la función que se le dio a la Marina que de la propia estructura de la institución”, explica. “Una vez que se infiltra la corrupción, llega hasta lo más alto. El Ejército y la Marina tienen una verticalidad que no se da en la Policía ni en otro lado, y por lo tanto es más complicado que se infiltren, pero, una vez que se contaminan, esa contaminación viene de lo más alto a lo más bajo”, agrega.
De los 14 funcionarios capturados por el Gobierno de Claudia Sheinbaum como parte de la red de huachicol, seis eran marinos. Uno de ellos era el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino de quien fuera el secretario de la Marina de López Obrador, Rafael Ojeda Durán. Pese a la vinculación familiar, la Administración de Sheinbaum ha sido muy enfática en desligar al almirante Ojeda de cualquier nexo criminal con la red de sus parientes. “Las aduanas son la mayor instancia de corrupción imaginable. Al entrar la Marina, la institución cambia muchos de sus incentivos iniciales, su estructura. Esto tiene efectos brutales sobre cualquier organización, y los ha tenido evidentemente sobre la Marina”, expone Pérez-Ricart. “Entonces, más allá del lugar común de que esto demuestra que López Obrador estaba equivocado porque la Marina no es inmune, lo que señala es el resultado natural de descomposición que significa que una institución tan vertical y organizada entre a este tipo de operaciones. Aquí la corrupción no sucede sin que los mandos estén de acuerdo”, agrega.
La Marina es considerada por los mexicanos como la institución de seguridad más efectiva y confiable, según la última encuesta del Inegi sobre Victimización y Percepción de la Seguridad. La mala imagen se mueve negativamente hacia el Ejército, la Guardia Nacional y las policías estatales. Durante la guerra contra el narco de Felipe Calderón, algunos de los operativos más cruciales fueron encabezados por la Semar, caso del abatimiento de Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes, en Cuernavaca (Morelos) en 2009, y la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40, líder de Los Zetas, en 2013, entre Coahuila y Tamaulipas. Particularmente, el Gobierno destacó que la detención del Z-40 se efectuó sin “un solo disparo”, parte del discurso oficial que buscaba enaltecer la pericia, la limpieza y la puntualidad de la Armada.
Estados Unidos incentivó mucho la cooperación y el intercambio de inteligencia con la Marina, partiendo de la desconfianza hacia el Ejército por el riesgo de fugas de información sensible. “Está completamente estudiado que, para la CIA, la DEA y el Pentágono, la Marina era la institución menos susceptible de ser infiltrada. Ahí operaban y operan los grupos de élite certificados por la Embajada de Estados Unidos. La Marina, al ser más pequeña, era menos burocrática, más moldeable, capaz, y lo sigue siendo”, señala Pérez-Ricart. El académico observa que el reciente desmantelamiento de la red de huachicol señala un compromiso más claro de Sheinbaum frente a la corrupción que el de su antecesor en la presidencia. “En este caso va a haber más cambio que continuidad. Esto tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado y el objetivo de mejorar las condiciones de mejorar la recaudación del Estado. El huachicol fiscal comparte ambas dimensiones”, detalla.
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