La alerta llegó desde una escuela de Quito. Una niña de doce años mostraba signos de abuso sexual en su casa. Lo que vino después fue una revelación espeluznante, relata Geraldina Guerra, presidenta de ALDEA, la organización que mapea los femicidios en Ecuador: “El peritaje forense identificó a doce agresores sexuales, todos amigos del hermano y a él mismo, que son integrantes de una banda criminal que opera en el sector”, explica Guerra, que atendió la alerta. La violencia de género en el país sudamericano se multiplica, se ensaña y adquiere formas más crueles, más perversas. Y sus víctimas son cada vez más jóvenes.
En este escenario, el presidente Daniel Noboa ha tomado una decisión que ha encendido las alarmas entre organizaciones feministas y de derechos humanos. El mandatario fusionó el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el de Gobierno. La medida fue parte del “machetazo” anunciado por el Ejecutivo el 25 de julio, dentro de un plan de recorte institucional para cumplir con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, (FMI) que redujo de 20 a 14 los ministerios.
La medida diluye la única entidad estatal encargada de velar por los derechos de las mujeres y que tenía como misión dirigir el sistema de protección de derechos de género. Todo esto ocurre justo cuando la violencia alcanza nuevos hitos.
Solo en el primer semestre del año, más de 200 mujeres fueron asesinadas por razones de género; al menos 12 de ellas eran niñas o adolescentes. Se tratan de las cifras más altas desde que se tipificó este delito. “La violencia ha sido constante, pero lo que vivimos ahora no tiene precedente”, dice Guerra. “Es tan alarmante el aumento que ni siquiera alcanzamos a registrar todos los casos”. La respuesta institucional, sin embargo, se reduce. La política pública se repliega justo cuando más se la necesita, dejando a miles de mujeres en un estado de abandono estructural que, cada día, se traduce en nuevas víctimas.
Desde el inicio, el Gobierno de Daniel Noboa dio señales de su intención de desmantelar lo poco que se ha construido en materia de protección de derechos de las mujeres, reflexiona la activista. Una de las primeras alertas fue la reducción del 23% del presupuesto destinado al Ministerio de la Mujer en 2024. Pasó de 17 millones de dólares a 13,2, una cifra insuficiente incluso para sostener los programas básicos de prevención de la violencia de género.
“Hemos retrocedido 30 años. Ahora tenemos que volver a pelear por lo básico: que los derechos de las mujeres sean una prioridad”, denuncia Guerra, visiblemente preocupada por el colapso de los sistemas de protección. No hay suficientes servicios para atender a las víctimas, y los pocos que quedan apenas logran sostenerse.
El caso de la niña de doce años que fue explotada sexualmente por su hermano lo evidencia con crudeza. “El juez tuvo que devolverla al mismo hogar donde estaba su agresor. Las casas de acogida estaban colapsadas y no podían recibirla. No le quedó otra opción que dictaminar la reinserción familiar”, explica. El sistema, que había reaccionado desde la escuela con un protocolo de emergencia, quedó en riesgo frente a un caso de alta peligrosidad. La niña, sus docentes y quienes la protegieron quedaron expuestos a represalias por parte de la pandilla que la violentó.
Y no es un caso aislado. En Sucumbíos, una provincia amazónica golpeada por el narcotráfico, Amparo Peñafiel dirige una casa de acogida que sobrevive con presupuestos mínimos. Allí llegó una mujer que tuvo que ser incluida en el sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía porque su agresor era cabecilla de una organización criminal. “Tenía tanto miedo que no hablaba. Sabía que su vida estaba en riesgo y que al hablar podía poner en peligro también a todas las mujeres que compartían la casa”, relata Peñafiel.
Desde que se anunció la fusión del Ministerio de la Mujer con el de Gobierno, colectivos feministas han salido a las calles a protestar. Exigen claridad sobre cómo funcionará ahora el sistema que debía protegerlas. Este periódico solicitó información al Ministerio de Gobierno y a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, las casas de acogida llevan ya 59 días sin recibir los recursos públicos que les asigna el Estado. Sin fondos, la atención a mujeres sobrevivientes de violencia está en riesgo. En un país donde cada día hay una nueva víctima, la falta de política pública puede ser tan letal como los agresores.
La fusión del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos ha encendido las protestas contra los recortes del presidente
La alerta llegó desde una escuela de Quito. Una niña de doce años mostraba signos de abuso sexual en su casa. Lo que vino después fue una revelación espeluznante, relata Geraldina Guerra, presidenta de ALDEA, la organización que mapea los femicidios en Ecuador: “El peritaje forense identificó a doce agresores sexuales, todos amigos del hermano y a él mismo, que son integrantes de una banda criminal que opera en el sector”, explica Guerra, que atendió la alerta. La violencia de género en el país sudamericano se multiplica, se ensaña y adquiere formas más crueles, más perversas. Y sus víctimas son cada vez más jóvenes.
En este escenario, el presidente Daniel Noboa ha tomado una decisión que ha encendido las alarmas entre organizaciones feministas y de derechos humanos. El mandatario fusionó el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el de Gobierno. La medida fue parte del “machetazo” anunciado por el Ejecutivo el 25 de julio, dentro de un plan de recorte institucional para cumplir con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, (FMI) que redujo de 20 a 14 los ministerios.
La medida diluye la única entidad estatal encargada de velar por los derechos de las mujeres y que tenía como misión dirigir el sistema de protección de derechos de género. Todo esto ocurre justo cuando la violencia alcanza nuevos hitos.
Solo en el primer semestre del año, más de 200 mujeres fueron asesinadas por razones de género; al menos 12 de ellas eran niñas o adolescentes. Se tratan de las cifras más altas desde que se tipificó este delito. “La violencia ha sido constante, pero lo que vivimos ahora no tiene precedente”, dice Guerra. “Es tan alarmante el aumento que ni siquiera alcanzamos a registrar todos los casos”. La respuesta institucional, sin embargo, se reduce. La política pública se repliega justo cuando más se la necesita, dejando a miles de mujeres en un estado de abandono estructural que, cada día, se traduce en nuevas víctimas.
Desde el inicio, el Gobierno de Daniel Noboa dio señales de su intención de desmantelar lo poco que se ha construido en materia de protección de derechos de las mujeres, reflexiona la activista. Una de las primeras alertas fue la reducción del 23% del presupuesto destinado al Ministerio de la Mujer en 2024. Pasó de 17 millones de dólares a 13,2, una cifra insuficiente incluso para sostener los programas básicos de prevención de la violencia de género.
“Hemos retrocedido 30 años. Ahora tenemos que volver a pelear por lo básico: que los derechos de las mujeres sean una prioridad”, denuncia Guerra, visiblemente preocupada por el colapso de los sistemas de protección. No hay suficientes servicios para atender a las víctimas, y los pocos que quedan apenas logran sostenerse.
El caso de la niña de doce años que fue explotada sexualmente por su hermano lo evidencia con crudeza. “El juez tuvo que devolverla al mismo hogar donde estaba su agresor. Las casas de acogida estaban colapsadas y no podían recibirla. No le quedó otra opción que dictaminar la reinserción familiar”, explica. El sistema, que había reaccionado desde la escuela con un protocolo de emergencia, quedó en riesgo frente a un caso de alta peligrosidad. La niña, sus docentes y quienes la protegieron quedaron expuestos a represalias por parte de la pandilla que la violentó.
Y no es un caso aislado. En Sucumbíos, una provincia amazónica golpeada por el narcotráfico, Amparo Peñafiel dirige una casa de acogida que sobrevive con presupuestos mínimos. Allí llegó una mujer que tuvo que ser incluida en el sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía porque su agresor era cabecilla de una organización criminal. “Tenía tanto miedo que no hablaba. Sabía que su vida estaba en riesgo y que al hablar podía poner en peligro también a todas las mujeres que compartían la casa”, relata Peñafiel.
Desde que se anunció la fusión del Ministerio de la Mujer con el de Gobierno, colectivos feministas han salido a las calles a protestar. Exigen claridad sobre cómo funcionará ahora el sistema que debía protegerlas. Este periódico solicitó información al Ministerio de Gobierno y a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, las casas de acogida llevan ya 59 días sin recibir los recursos públicos que les asigna el Estado. Sin fondos, la atención a mujeres sobrevivientes de violencia está en riesgo. En un país donde cada día hay una nueva víctima, la falta de política pública puede ser tan letal como los agresores.
EL PAÍS
