El grupo español Keralty ha recuperado el control de Sanitas, la segunda Entidad Promotora de Salud (EPS) más grande de Colombia, tras 17 meses de intervención estatal. Así lo ha informado este lunes en un comunicado en el que también ha arremetido contra el Gobierno de Gustavo Petro, que debió devolver la entidad afiliadora de 5,7 millones de personas por un fallo que la Corte Constitucional dictó en junio. “Iniciamos la ardua tarea de reconstrucción, pero debemos ser francos: el daño causado por la intervención ilegal y la actuación irresponsable del Gobierno es devastador”, ha denunciado Keralty.
El empalme entre la Superintendencia de Salud y el grupo español comenzó el martes de la semana pasada y culminó el viernes. Una relatoría, filtrada a la revista Semana, señala que los delegados de las dos partes abordaron la precaria situación financiera que aún enfrenta la EPS: no cumple con los requisitos de patrimonio técnico, patrimonio mínimo ni reservas técnicas. El documento reconoce que hay pérdidas generadas por “el mayor crecimiento del costo [de los servicios] frente al crecimiento de los ingresos operacionales”.
Keralty, que en enero demandó internacionalmente a Colombia por la intervención, ha asegurado en su comunicado de este lunes que recibió la EPS en un estado calamitoso. “Fue un ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos”, ha considerado. Ha hecho referencia a problemas que vienen desde antes de la intervención y que la medida buscaba corregir, como la falta de medicamentos y el colapso de las redes de atención. Ha exigido, además, “una reparación efectiva e inmediata” por la intervención: “El daño causado, en muchos casos irreparable, no puede quedar en la impunidad”.
El presidente del área de salud de Keralty, Juan Pablo Rueda, ha agregado en Blu Radio que aún no tienen clara la situación en la que recuperan la EPS. “En cuatro días de entrega no alcanzamos a explorar cada detalle. Se requiere una auditoría para entender lo que ha ocurrido y cuáles son las causas verdaderas”, ha comentado. Sin embargo, ha señalado que las quejas de los pacientes aumentaron en un 40% y que las tutelas se duplicaron. “Entendemos que ha habido un deterioro muy importante”, ha enfatizado.
De fondo, persiste la disputa por el financiamiento: el Gobierno insiste en que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que les gira anualmente a las EPS por cada afiliado es suficiente, mientras que las aseguradoras señalan que el Ejecutivo las asfixia de manera intencional. Rueda ha hecho referencia a esta controversia, en la que la Corte Constitucional respaldó a las EPS, al comentar que los problemas de Sanitas persistirán: “No la vamos a poder llevar al estado inicial previo a la intervención ni a la situación ideal hasta que el Gobierno concurra o participe en lo que es su responsabilidad”. Ha asegurado que los privados “ya aportaron muchísimo” y que el Ejecutivo “tiene recursos y posibilidades” de aumentar el giro de recursos.
El Gobierno no se ha pronunciado tras el comunicado de Keralty. Sin embargo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, criticó a mediados de agosto el fallo de la Corte Constitucional, en declaraciones a periodistas. “Me parece que no es correcto. No analizaron por qué se intervino Sanitas y por qué no cumple ni con [los requisitos] de capital ni con reservas”, dijo en referencia a los problemas que motivaron la medida y que el Ejecutivo atribuye a malos manejos que requieren de más tiempo para resolverse. Según él, la Administración de Petro le ha cumplido a las EPS “con absolutamente todo” en términos financieros y no les debe “un solo peso”.
La Corte Constitucional falló a favor de Keralty el pasado 26 de junio tras considerar que la intervención tuvo vicios de trámite. Entonces, el grupo español adoptó un tono similar al de este lunes: dijo que Sanitas estaba “devastada” y que la intervención había sido parte de “una estrategia premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada” del Ejecutivo. Consideró, además, que la decisión judicial “no borra el daño moral, institucional, financiero y humano” que supuestamente le causó el Gobierno.
El presidente Petro, en tanto, ha elegido a Keralty como uno de sus principales adversarios en su objetivo de transformar el sistema de salud y quitarle funciones a los privados. Tras el fallo de la Corte, dijo que acataba la decisión, pero que el sistema está diseñado para que los propietarios de las EPS “devoren” el dinero público. Unas semanas después, acusó al presidente de Keralty, el español Joseba Grajales, de ser “un criminal” que debía abandonar Colombia por haber financiado campañas de congresistas opositores. El grupo le respondió con una demanda por calumnia y discriminación.
El grupo español vuelve a operar la segunda EPS más grande de Colombia tras un fallo que la Corte Constitucional dictó a su favor en junio
El grupo español Keralty ha recuperado el control de Sanitas, la segunda Entidad Promotora de Salud (EPS) más grande de Colombia, tras 17 meses de intervención estatal. Así lo ha informado este lunes en un comunicado en el que también ha arremetido contra el Gobierno de Gustavo Petro, que debió devolver la entidad afiliadora de 5,7 millones de personas por un fallo que la Corte Constitucional dictó en junio. “Iniciamos la ardua tarea de reconstrucción, pero debemos ser francos: el daño causado por la intervención ilegal y la actuación irresponsable del Gobierno es devastador”, ha denunciado Keralty.
El empalme entre la Superintendencia de Salud y el grupo español comenzó el martes de la semana pasada y culminó el viernes. Una relatoría, filtrada a la revista Semana, señala que los delegados de las dos partes abordaron la precaria situación financiera que aún enfrenta la EPS: no cumple con los requisitos de patrimonio técnico, patrimonio mínimo ni reservas técnicas. El documento reconoce que hay pérdidas generadas por “el mayor crecimiento del costo [de los servicios] frente al crecimiento de los ingresos operacionales”.
Keralty, que en enero demandó internacionalmente a Colombia por la intervención, ha asegurado en su comunicado de este lunes que recibió la EPS en un estado calamitoso. “Fue un ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos”, ha considerado. Ha hecho referencia a problemas que vienen desde antes de la intervención y que la medida buscaba corregir, como la falta de medicamentos y el colapso de las redes de atención. Ha exigido, además, “una reparación efectiva e inmediata” por la intervención: “El daño causado, en muchos casos irreparable, no puede quedar en la impunidad”.
El presidente del área de salud de Keralty, Juan Pablo Rueda, ha agregado en Blu Radio que aún no tienen clara la situación en la que recuperan la EPS. “En cuatro días de entrega no alcanzamos a explorar cada detalle. Se requiere una auditoría para entender lo que ha ocurrido y cuáles son las causas verdaderas”, ha comentado. Sin embargo, ha señalado que las acciones de tutela, una señal de problemas en proveer los servicios, aumentaron en un 40%. “Entendemos que ha habido un deterioro muy importante”, ha enfatizado.
De fondo, persiste la disputa por el financiamiento: el Gobierno insiste en que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que les gira anualmente a las EPS por cada afiliado es suficiente, mientras que las aseguradoras señalan que el Ejecutivo las asfixia de manera intencional. Rueda ha hecho referencia a esta controversia, en la que la Corte Constitucional respaldó a las EPS, al comentar que los problemas de Sanitas persistirán: “No la vamos a poder llevar al estado inicial previo a la intervención ni a la situación ideal hasta que el Gobierno concurra o participe en lo que es su responsabilidad”. Ha asegurado que los privados “ya aportaron muchísimo” y que el Ejecutivo “tiene recursos y posibilidades” de aumentar el giro de recursos.
El Gobierno no se ha pronunciado tras el comunicado de Keralty. Sin embargo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, criticó a mediados de agosto el fallo de la Corte Constitucional, en declaraciones a periodistas. “Me parece que no es correcto. No analizaron por qué se intervino Sanitas y por qué no cumple ni con [los requisitos] de capital ni con reservas”, dijo en referencia a los problemas que motivaron la medida y que el Ejecutivo atribuye a malos manejos que requieren de más tiempo para resolverse. Según él, la Administración de Petro le ha cumplido a las EPS “con absolutamente todo” en términos financieros y no les debe “un solo peso”.
La Corte Constitucional falló a favor de Keralty el pasado 26 de junio tras considerar que la intervención tuvo vicios de trámite. Entonces, el grupo español adoptó un tono similar al de este lunes: dijo que Sanitas estaba “devastada” y que la intervención había sido parte de “una estrategia premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada” del Ejecutivo. Consideró, además, que la decisión judicial “no borra el daño moral, institucional, financiero y humano” que supuestamente le causó el Gobierno.
El presidente Petro, en tanto, ha elegido a Keralty como uno de sus principales adversarios en su objetivo de transformar el sistema de salud y quitarle funciones a los privados. Tras el fallo de la Corte, dijo que acataba la decisión, pero que el sistema está diseñado para que los propietarios de las EPS “devoren” el dinero público. Unas semanas después, acusó al presidente de Keralty, el español Joseba Grajales, de ser “un criminal” que debía abandonar Colombia por haber financiado campañas de congresistas opositores. El grupo le respondió con una demanda por calumnia y discriminación.
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