A 180 días de que asuma un nuevo gobierno, el mercado del trabajo, donde la tasa de desempleo acaba de cumplir 31 meses sobre el 8%, situándose hoy en las inmediaciones del 9%, seguramente el empleo no estará en los haberes del ‘legado’ de la Administración de Gabriel Boric. Mientras economistas como David Bravo y Andrea Repetto debaten si la situación laboral actual es o no de crisis, el diagnóstico de base oficialista es que las cifras de empleo son un “desastre”, como señaló Luis Eduardo Escoba, jefe del equipo económico de la candidata presidencial del bloque de la izquierda Jeannette Jara, o “mayor desafío del gobierno”, como acaba de decir el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Esta compleja situación del mercado laboral fue, justamente, la que llevó al equipo económico de gobierno a poner en escena el lunes 1 de septiembre la instalación de una mesa tripartita, a la usanza de los años 90, donde la autoridad, junto a las mayores organizaciones sindical y empresarial del país, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), trabajarían mancomunadamente en la búsqueda de medidas efectivas para revertir las malas cifras.
Y si bien las imágenes de prensa de la actividad de entrada no parecían reflejar mucho entusiasmo o convicción, lo declarado por el ministro del Trabajo Giorgio Boccardo en esa oportunidad, en cuanto a que la autoridad cumplirá el compromiso de avanzar en la instauración de la negociación colectiva ramal o multinivel que asumió el presidente Boric en su Cuenta Pública presidencial de 2024, puso una nota de aún mayor contrición en los rostros de los invitados, una gesta ya amagada por la dudosa capacidad de cambiar el estado de cosas del mercado del trabajo en una economía que en lo sustantivo no ha visto por más de una década un punto de inflexión en su magra capacidad de crecer.
Sería ingenuo pensar que en el fuero interno de los invitados a la actividad la refrendación del compromiso presidencial no sea sino una suerte de saludo a la bandera y, en esa medida, algo más bien inocuo. Sin embargo, el momento y lugar escogidos para instalar la debatida medida de la negociación por ramas en la lista de prioridades gubernamentales, hace que la vista del bosque, un mercado laboral en emergencia, quede nuevamente difuminado.
Rigidez y encarecimiento del mercado laboral son dos diagnósticos que suman consensos entre los expertos a medida que se dictan nuevas regulaciones, varias de las cuales han estado afectando en mayor grado a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Un reciente estudio de Banco de Crédito e Inversiones (Bci) asegura que los costos laborales de las pymes han experimentado variaciones porcentuales más profundas que las grandes empresas, estimando que las empresas medianas y pequeñas han visto subir estos costos sobre 9% y hasta cerca de 10%, mientras que las grandes en menos de 8%.
Y aunque los promotores de la negociación por ramas de actividad o multinivel pueden enarbolar estudios de la OIT que dan cuenta de los positivos resultados de esta modalidad en economías como las de Dinamarca, Noruega, Suecia y Países Bajos, las advertencias de quienes conocen la realidad económica local alertan que la aplicación de este modelo supondría un impacto mayor para las pequeñas empresas, grandes generadoras de empleo, pero que han debido sobrevivir con dificultad en un país que promedia un 1,75% de expansión del Imacec en los últimos 41 meses.
Pasos en la dirección correcta, como la aprobación definitiva de la Ley de Permisos Sectoriales (que acaba de superar el control de constitucionalidad) o la prometedora entrega de un informe de expertos al ministerio de Hacienda, que se encuentra diseñando la Ley de Presupuestos 2026, de un set de medidas que podrían permitir ahorros al Estado de hasta 2.000 millones de dólares pierden prestancia cuando, aunque sólo sean palabras al viento, las autoridades insisten en declaraciones que buscan poner checks sin sustancia y de última hora en la lista de compromisos de un programa de gobierno que hace bastante que quedó atrás.
Hay un dicho que dice que más vale tarde que nunca. Un dicho que en el fondo es bastante tormentoso en términos psicológicos, porque en quien decide actuar tardíamente queda instalada la duda sobre cómo hubieran evolucionado las cosas, si las decisiones acertadas se hubiesen adoptado en el momento oportuno.
Con la tasa de desempleo en aumento, la solución que tiene el Gobierno para manejar la crisis es avanzar en la instauración de la negociación colectiva ramal o multinivel. Sin embargo, con la emergencia en el mercado laboral, esto podría ser una decisión inoportuna
A 180 días de que asuma un nuevo gobierno, el mercado del trabajo, donde la tasa de desempleo acaba de cumplir 31 meses sobre el 8%, situándose hoy en las inmediaciones del 9%, seguramente el empleo no estará en los haberes del ‘legado’ de la Administración de Gabriel Boric. Mientras economistas como David Bravo y Andrea Repetto debaten si la situación laboral actual es o no de crisis, el diagnóstico de base oficialista es que las cifras de empleo son un “desastre”, como señaló Luis Eduardo Escoba, jefe del equipo económico de la candidata presidencial del bloque de la izquierda Jeannette Jara, o “mayor desafío del gobierno”, como acaba de decir el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Esta compleja situación del mercado laboral fue, justamente, la que llevó al equipo económico de gobierno a poner en escena el lunes 1 de septiembre la instalación de una mesa tripartita, a la usanza de los años 90, donde la autoridad, junto a las mayores organizaciones sindical y empresarial del país, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), trabajarían mancomunadamente en la búsqueda de medidas efectivas para revertir las malas cifras.
Y si bien las imágenes de prensa de la actividad de entrada no parecían reflejar mucho entusiasmo o convicción, lo declarado por el ministro del Trabajo Giorgio Boccardo en esa oportunidad, en cuanto a que la autoridad cumplirá el compromiso de avanzar en la instauración de la negociación colectiva ramal o multinivel que asumió el presidente Boric en su Cuenta Pública presidencial de 2024, puso una nota de aún mayor contrición en los rostros de los invitados, una gesta ya amagada por la dudosa capacidad de cambiar el estado de cosas del mercado del trabajo en una economía que en lo sustantivo no ha visto por más de una década un punto de inflexión en su magra capacidad de crecer.
Sería ingenuo pensar que en el fuero interno de los invitados a la actividad la refrendación del compromiso presidencial no sea sino una suerte de saludo a la bandera y, en esa medida, algo más bien inocuo. Sin embargo, el momento y lugar escogidos para instalar la debatida medida de la negociación por ramas en la lista de prioridades gubernamentales, hace que la vista del bosque, un mercado laboral en emergencia, quede nuevamente difuminado.
Rigidez y encarecimiento del mercado laboral son dos diagnósticos que suman consensos entre los expertos a medida que se dictan nuevas regulaciones, varias de las cuales han estado afectando en mayor grado a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Un reciente estudio de Banco de Crédito e Inversiones (Bci) asegura que los costos laborales de las pymes han experimentado variaciones porcentuales más profundas que las grandes empresas, estimando que las empresas medianas y pequeñas han visto subir estos costos sobre 9% y hasta cerca de 10%, mientras que las grandes en menos de 8%.
Y aunque los promotores de la negociación por ramas de actividad o multinivel pueden enarbolar estudios de la OIT que dan cuenta de los positivos resultados de esta modalidad en economías como las de Dinamarca, Noruega, Suecia y Países Bajos, las advertencias de quienes conocen la realidad económica local alertan que la aplicación de este modelo supondría un impacto mayor para las pequeñas empresas, grandes generadoras de empleo, pero que han debido sobrevivir con dificultad en un país que promedia un 1,75% de expansión del Imacec en los últimos 41 meses.
Pasos en la dirección correcta, como la aprobación definitiva de la Ley de Permisos Sectoriales (que acaba de superar el control de constitucionalidad) o la prometedora entrega de un informe de expertos al ministerio de Hacienda, que se encuentra diseñando la Ley de Presupuestos 2026, de un set de medidas que podrían permitir ahorros al Estado de hasta 2.000 millones de dólares pierden prestancia cuando, aunque sólo sean palabras al viento, las autoridades insisten en declaraciones que buscan poner checks sin sustancia y de última hora en la lista de compromisos de un programa de gobierno que hace bastante que quedó atrás.
Hay un dicho que dice que más vale tarde que nunca. Un dicho que en el fondo es bastante tormentoso en términos psicológicos, porque en quien decide actuar tardíamente queda instalada la duda sobre cómo hubieran evolucionado las cosas, si las decisiones acertadas se hubiesen adoptado en el momento oportuno.
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