Tras reunirse con los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos del caso Ayotzinapa y volver a escuchar quejas por los pocos avances de la investigación, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha pedido que se inicie la búsqueda de perfiles para un nuevo grupo de investigadores independientes. Y para ello, México acudirá a la ONU. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de iniciar esa aproximación para encontrar posibles especialistas que reconfiguren un grupo independiente de investigación, una de las peticiones recurrentes de los parientes en sus reuniones con el Gobierno. El anterior grupo se desintegró en 2023 por la imposibilidad de seguir avanzando en su trabajo ante la negativa del Ejército de compartir más información.
Los padres y madres de los normalistas desaparecidos en 2014 insistieron en la necesidad de volver a integrar a los expertos del GIEI en las investigaciones como garantía de imparcialidad y de buenas prácticas en las pesquisas. En el último informe que entregaron los investigadores, que colaboraban en el caso en paralelo al trabajo del Gobierno, señalaban una y otra vez las implicaciones del Ejército en el crimen de Estado acontecido en Iguala. Ante la negativa de la institución de compartir más información de sus movimientos aquella noche, decidieron abandonar el caso en señal de protesta. Ahora, la presidenta Sheinbaum abre la posibilidad de que regrese el grupo, aunque matiza que no serán los mismos. “No será el GIEI porque todos sabemos qué problemas tuvo y muchos ni están interesados en regresar a la investigación”, ha sentenciado.
La ONU ha estado pendiente del caso Ayotzinapa desde el principio. En varias ocasiones, Naciones Unidas ha criticado el papel del Gobierno en las investigaciones por sus “conductas omisivas” y ha apoyado abiertamente al GIEI cuando ha acusado al Estado de obstrucción. El último enfrentamiento fue en abril pasado, cuando el alto comisionado para los Derechos Humanos aseguró que las desapariciones en México son “sistemáticas y generalizadas” y recomendó detener la militarización del país, lo que forzó a Sheinbaum a defender su estrategia. “En México no hay desaparición forzada desde el Estado”, zanjó con voz de hierro pese a las cifras de 133.000 desaparecidos que ponen en evidencia la política de seguridad.
Ahora, la presidenta mexicana recurrirá a la ONU para la búsqueda de nuevos investigadores para la masacre que este 26 de septiembre cumple 11 años que estén especializados en las líneas de investigación por las que apuesta ella y el nuevo fiscal al frente del caso, Mauricio Pazarán. Los nuevos métodos suponen una aproximación más científica a las pruebas recogidas en el expediente, con el análisis tecnológico de dispositivos móviles y datos de llamadas de los teléfonos de dos estudiantes que se mantuvieron activos días después de la matanza. Sheinbaum insiste en que estas rutas “no se habían utilizado hasta ahora”.
Aun así, los familiares de los estudiantes aseguran que no hay información nueva derivada de esta metodología e insisten en que no se desechen las líneas de investigación que venían trabajando en la última década basadas en testimonios. Sheinbaum no esconde su optimismo por una aproximación más científica y multidisciplinar que alumbre un caso que lleva estancado una década y que consiga “un conocimiento mayor de la verdad y de dónde están los jóvenes”.
Respecto a las reacciones de decepción que mostraron las familias al salir de la reunión con Presidencia este jueves, Sheinbaum ha explicado que el fiscal necesita más tiempo para obtener pruebas y analizarlas 11 años después de que ocurriera el crimen. La estrategia es atar bien los resultados que arroje la nueva aproximación del fiscal para conseguir órdenes de aprehensión y de vinculación sólidas antes de presentarlas ante un juez, ha justificado la mandataria.
Sheinbaum atiende la petición de los familiares de los estudiantes desaparecidos de volver a formar un grupo de investigadores independientes
Sheinbaum atiende la petición de los familiares de los estudiantes desaparecidos de volver a formar un grupo de investigadores independientes
Tras reunirse con los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos del caso Ayotzinapa y volver a escuchar quejas por los pocos avances de la investigación, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha pedido que se inicie la búsqueda de perfiles para un nuevo grupo de investigadores independientes. Y para ello, México acudirá a la ONU. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de iniciar esa aproximación para encontrar posibles especialistas que reconfiguren un grupo independiente de investigación, una de las peticiones recurrentes de los parientes en sus reuniones con el Gobierno. El anterior grupo se desintegró en 2023 por la imposibilidad de seguir avanzando en su trabajo ante la negativa del Ejército de compartir más información.
Los padres y madres de los normalistas desaparecidos en 2014 insistieron en la necesidad de volver a integrar a los expertos del GIEI en las investigaciones como garantía de imparcialidad y de buenas prácticas en las pesquisas. En el último informe que entregaron los investigadores, que colaboraban en el caso en paralelo al trabajo del Gobierno, señalaban una y otra vez las implicaciones del Ejército en el crimen de Estado acontecido en Iguala. Ante la negativa de la institución de compartir más información de sus movimientos aquella noche, decidieron abandonar el caso en señal de protesta. Ahora, la presidenta Sheinbaum abre la posibilidad de que regrese el grupo, aunque matiza que no serán los mismos. “No será el GIEI porque todos sabemos qué problemas tuvo y muchos ni están interesados en regresar a la investigación”, ha sentenciado.
La ONU ha estado pendiente del caso Ayotzinapa desde el principio. En varias ocasiones, Naciones Unidas ha criticado el papel del Gobierno en las investigaciones por sus “conductas omisivas” y ha apoyado abiertamente al GIEI cuando ha acusado al Estado de obstrucción. El último enfrentamiento fue en abril pasado, cuando el alto comisionado para los Derechos Humanos aseguró que las desapariciones en México son “sistemáticas y generalizadas” y recomendó detener la militarización del país, lo que forzó a Sheinbaum a defender su estrategia. “En México no hay desaparición forzada desde el Estado”, zanjó con voz de hierro pese a las cifras de 133.000 desaparecidos que ponen en evidencia la política de seguridad.
Ahora, la presidenta mexicana recurrirá a la ONU para la búsqueda de nuevos investigadores para la masacre que este 26 de septiembre cumple 11 años que estén especializados en las líneas de investigación por las que apuesta ella y el nuevo fiscal al frente del caso, Mauricio Pazarán. Los nuevos métodos suponen una aproximación más científica a las pruebas recogidas en el expediente, con el análisis tecnológico de dispositivos móviles y datos de llamadas de los teléfonos de dos estudiantes que se mantuvieron activos días después de la matanza. Sheinbaum insiste en que estas rutas “no se habían utilizado hasta ahora”.
Aun así, los familiares de los estudiantes aseguran que no hay información nueva derivada de esta metodología e insisten en que no se desechen las líneas de investigación que venían trabajando en la última década basada en testimonios. Sheinbaum no esconde su optimismo por una aproximación más científica y multidisciplinar que alumbre un caso que lleva estancado una década, y que consiga con los nuevos métodos “un conocimiento mayor de la verdad y de donde están los jóvenes”.
Respecto a las reacciones de decepción que mostraron las familias al salir de la reunión con Presidencia este jueves, Sheinbaum ha explicado que el fiscal necesita más tiempo para obtener pruebas y analizarlas después de 11 años desde que ocurrió el crimen. La estrategia es atar bien los resultados que arrojen la nueva aproximación del fiscal para conseguir órdenes de aprensión y de vinculación sólidas antes de presentarlas ante un juez, ha justificado la mandataria.
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Sobre la firma
Es periodista de EL PAÍS en Ciudad de México. Nacida en Argentina y criada en Valencia, España. Graduada en la carrera de Periodismo en la Universitat Jaume I y máster de Periodismo en EL PAÍS. Escribe sobre derechos humanos, sociedad y cultura.
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