Juanita Goebertus: Redacción Nacionales @DiarioCoLatino Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), destacó que las reformas aprobadas por el oficialismo a la Constitución de la República fue el último paso “en un proceso de varios años para desmantelar el Estado de derecho en El Salvador”. El 31 de julio de este …
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Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), destacó que las reformas aprobadas por el oficialismo a la Constitución de la República fue el último paso “en un proceso de varios años para desmantelar el Estado de derecho en El Salvador”.
El 31 de julio de este año, un día antes de vacaciones y en menos de 12 horas, Nuevas Ideas modificó la Carta Magna para que el periodo presidencial sea de 6 años, que la reelección presidencial sea indefinida, que se elimine la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.
A juicio de Goebertus, “la democracia en El Salvador “se está muriendo” y la comunidad internacional ha guardado silencio sobre este tema. “La comunidad internacional, escudándose en los altos niveles de aprobación del presidente Nayib Bukele, sus políticas de seguridad punitivas e intereses geopolíticos, en gran medida ha permanecido en silencio”.
Una de las excepciones ha sido la Unión Europea, que ha expresado su preocupación por el deterioro de la situación de derechos humanos en El Salvador. En cambio, “el gobierno de Donald Trump ha sido un aliado abierto de Bukele y se ha mostrado dispuesto a respaldar a su gobierno en el debilitamiento de normas democráticas”, planteó Juanita Goebertus.
De hecho, Goebertus recordó que la administración Trump deportó en marzo pasado a más de 250 venezolanos y 20 salvadoreños al CECOT en El Salvador, a pesar de la evidencia creíble de tortura y otros abusos en sus prisiones.
La directora señaló que las primeras señales “del giro autoritario” de Bukele se produjeron tan solo ocho meses después de su llegada a la presidencia. El 9 de febrero de 2020 Bukele ingresó a la fuerza en la Asamblea Legislativa acompañado de soldados armados y exigió la aprobación de un préstamo para financiar el Plan Control Territorial. Tras una puesta en escena en la que rezó en el pleno, afirmó que Dios le había pedido paciencia y dio a los legisladores una semana para aprobar los fondos.
“Esa burda intimidación a los diputados fue una señal importante. Aun así, la reacción internacional resultó, en su mayoría, débil y complaciente. Lo que siguió fue la erosión de las instituciones democráticas”, enfatizó Goebertus.
En 2021, cuando Nuevas Ideas, el partido de Bukele obtuvo una mayoría de dos tercios en la Asamblea, los legisladores destituyeron y reemplazaron a los cinco magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general que estaba investigando a funcionarios del gobierno de Bukele por corrupción y negociaciones con pandillas. Posteriormente, aprobaron leyes que permitieron la destitución de jueces y fiscales de menor rango.
Acto seguido, planteó Goebertus, la nueva Sala Constitucional decidió que Bukele podía presentarse a la reelección para un mandato adicional en 2024, a pesar de la prohibición constitucional de la reelección inmediata.
En marzo de 2022, tras una ola de asesinatos cometidos por pandillas, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción “que abrió las puertas a detenciones masivas en el marco de la -guerra contra las pandillas- del gobierno”.
“Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias basadas en pruebas falsas o sin corroborar, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y tortura y malos tratos durante la detención, incluso, contra niños, niñas y adolescentes”, comentó Goebertus.
Todo el desmantelamiento de los controles al poder de Bukele también le ha permitido perseguir a sus críticos, aseguró Juanita Goebertus Estrada, pues en mayo de este año, las autoridades detuvieron a Ruth López, abogada de derechos humanos de la reconocida organización de derechos humanos Cristosal, y a Enrique Anaya, abogado constitucionalista y crítico del gobierno. Ambos casos se encuentran bajo reserva.
A juicio de Goebertus “es posible que la represión apenas esté comenzando”, ya que, en mayo, la Asamblea aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que otorga al gobierno “poderes para restringir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes que reciben financiamiento internacional”.
Sobre la reciente reforma a la Constitución de El Salvador, Goebertus señaló que, en menos de un día, los oficialistas aprobaron y ratificaron las enmiendas. “La prohibición de la reelección presidencial se consideró durante mucho tiempo una piedra angular de la Constitución salvadoreña, una ´cláusula pétrea´ que no podía modificarse”.
De hecho, señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal de derechos humanos de la región, ha dictaminado que la reelección indefinida, o la ausencia de límites a los mandatos, “contraviene” las obligaciones regionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, “la Asamblea bajo Bukele eliminó esta prohibición de la Constitución en cuestión de horas”.
“La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene tanto el mandato como la responsabilidad de actuar. No obstante, el Consejo Permanente de la OEA ha evitado debatir la situación en El Salvador”, lamentó Juanita Goebertus Estrada.
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