Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han alcanzado una estridencia sin precedentes en los ciclos presidenciales de Donald Trump. Luego de seis años de forcejeos, de compresión y descompresión del conflicto político venezolano y de sus implicaciones internacionales, se ha escalado la tensión con el despliegue de buques de guerra en el Caribe y el ataque letal de una lancha con drogas —en el que murieron sus 11 tripulantes—, supuestamente procedente de Venezuela.
Atrás ha quedado la críptica y a la vez intimidante nota en la libreta amarilla del antiguo asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, con el mensaje “5.000 tropas a Colombia” que el polémico funcionario dejó ver en una rueda de prensa en enero de 2019. Fue una chispa bélica en medio de la crisis desatada entonces por la proclamación del opositor Juan Guaidó como presidente encargado para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder. Ahora hay ocho buques de guerra, 4.000 efectivos militares estadounidenses y un submarino nuclear desplegados en la fachada norte de Venezuela. Con el ataque a la embarcación se ha cruzado una línea que marca un hito en las maltrechas relaciones entre ambos países y también en la política exterior de Estados Unidos y lo que es capaz de hacer para imponer su agenda.
Hay que viajar en el tiempo, seis años atrás: 2019. En el final del primer Gobierno de Trump, comenzó a subirse el tono del conflicto entre los países con la suspensión de operaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y el retiro de todo el personal diplomático. También fue el año de la imposición de las primeras sanciones dirigidas específicamente a asfixiar la economía petrolera de Venezuela con penalizaciones a terceros que comercializaran crudo del país sudamericano. La narrativa estadounidense de presión a Maduro, que había sido reelegido un año antes en elecciones consideradas fraudulentas, estaba soportada en la premisa de que “todas las opciones están sobre la mesa”, una frase ambigua con la que el magnate presidente intentaba bajar el codo al chavismo durante el pulso geopolítico del momento, intentando hacer ver que a cualquier costo saldría el poder.
En los últimos seis años, Venezuela ha denunciado una y otra vez supuestas conspiraciones desde Estados Unidos para forzar un cambio de Gobierno. Durante 2019 y 2020 el chavismo desmanteló operaciones que elevaron las tensiones diplomáticas y pusieron al Gobierno de Maduro en un estado de alerta permanente, que le ha permitido desatar una política represiva contra sus críticos que se cuenta en encarcelados, exiliados y manifestantes asesinados, y también en el refuerzo del discurso antiimperialista que contiene al chavismo.
La más acabada de estas escaramuzas fallidas, la llamada Operación Gedeón, fue liderada por un grupo de militares disidentes venezolanos que se encontraban en Colombia y tres integrantes de una fuerza de seguridad privada integrada por antiguos boinas verdes estadounidenses. Intentaron infiltrarse en Venezuela a través de las costas del litoral central para deponer al Gobierno de Maduro. Aunque Estados Unidos y Colombia —gobernada por el presidente Iván Duque— negaron estar involucrados, Venezuela aun así los acusó y el incidente ha servido para reiterar una y otra vez la tesis del chavismo de la conspiración internacional en su contra.
La Administración Biden fue una bisagra de entendimiento y distensión. Se sustituyeron sanciones por licencias petroleras y el chavismo se comprometió a hacer concesiones a la oposición que no se cumplieron. Esta reestructuración de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela naufragó luego de las elecciones presidenciales de 2024, en las que Maduro nuevamente se quedó en el poder en medio de denuncias de fraude de la oposición que publicó las actas de votación que daban por ganador a Edmundo González.
El Trump de este segundo mandato, sin embargo, ha sido más directo. En siete de meses ha ido evolucionando aceleradamente sus mecanismos de presión. De la reunión con el enviado especial Richard Grennel, que propició acuerdos como el intercambio de prisioneros estadounidenses por venezolanos deportados desde Estados Unidos, pasando por la suspensión de la licencia de la petrolera estadounidense Chevron, ahora Maduro se ha convertido en un narcotraficante para Estados Unidos.
Washington le señala de ser líder del llamado Cartel de los Soles, una supuesta organización operada por militares venezolanos para mover drogas hacia Estados Unidos. También lo ha señalado de encabezar el Tren de Aragua, una banda de crimen trasnacional de origen venezolano a la que Trump atribuye últimamente la causa de todos los males de su país. Hace unas semanas se ha elevado de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por su captura y se le ha puesto como uno de los objetivos de la lucha antidrogas estadounidense que ha desplegado en el Caribe, una acusación que el chavismo ha negado y que la oposición aglutinada en torno a María Corina Machado ha convertido en bandera.
Los incidentes de tensión marítima con Venezuela han estado centrados en la interceptación de buques de petroleras extranjeras en las aguas en litigio al oriente del país, en las que Guyana ha iniciado su era petrolera. En el conflicto territorial por el Esequibo y la delimitación de la fachada atlántica que mantienen Caracas y Georgetown, Estados Unidos ha intervenido tangencialmente respaldando la posición de Guyana que defiende su posesión sobre el territorio. Venezuela se ha defendido enérgicamente en el plano diplomático y con presencia de su Armada.
Pero en el escenario actual, luego del ataque letal a una lancha con droga que ha anunciado Estados Unidos, Venezuela ha tomado con cautela la advertencia que ha hecho expresa Trump. En principio no se ha dado por aludidos y han desestimado el ataque asegurando que el video difundido de una lancha explotando con sus tripulantes adentro fue hecho con inteligencia artificial. Pero desde hace semana han hecho llamados de emergencia a la Comunidad Económica Latinoamericana y Caribeña (Celac) y a Naciones Unidas para exigir el retiro de todos los equipos militares de Estados Unidos del Caribe, que han considerado como “la mayor amenaza regional” registrada en el último siglo.
Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han alcanzado una estridencia sin precedentes en los ciclos presidenciales de Donald Trump. Luego de seis años de forcejeos, de compresión y descompresión del conflicto político venezolano y de sus implicaciones internacionales, se ha escalado la tensión con el despliegue de buques de guerra en el Caribe y el ataque letal de una lancha con drogas —en el que murieron sus 11 tripulantes—, supuestamente procedente de Venezuela. Atrás ha quedado la críptica y a la vez intimidante nota en la libreta amarilla del antiguo asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, con el mensaje “5.000 tropas a Colombia” que el polémico funcionario dejó ver en una rueda de prensa en enero de 2019. Fue una chispa bélica en medio de la crisis desatada entonces por la proclamación del opositor Juan Guaidó como presidente encargado para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder. Ahora hay ocho buques de guerra, 4.000 efectivos militares estadounidenses y un submarino nuclear desplegados en la fachada norte de Venezuela. Con el ataque a la embarcación se ha cruzado una línea que marca un hito en las maltrechas relaciones entre ambos países y también en la política exterior de Estados Unidos y lo que es capaz de hacer para imponer su agenda. Hay que viajar en el tiempo, seis años atrás: 2019. En el final del primer Gobierno de Trump, comenzó a subirse el tono del conflicto entre los países con la suspensión de operaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y el retiro de todo el personal diplomático. También fue el año de la imposición de las primeras sanciones dirigidas específicamente a asfixiar la economía petrolera de Venezuela con penalizaciones a terceros que comercializaran crudo del país sudamericano. La narrativa estadounidense de presión a Maduro, que había sido reelegido un año antes en elecciones consideradas fraudulentas, estaba soportada en la premisa de que “todas las opciones están sobre la mesa”, una frase ambigua con la que el magnate presidente intentaba bajar el codo al chavismo durante el pulso geopolítico del momento, intentando hacer ver que a cualquier costo saldría el poder. En los últimos seis años, Venezuela ha denunciado una y otra vez supuestas conspiraciones desde Estados Unidos para forzar un cambio de Gobierno. Durante 2019 y 2020 el chavismo desmanteló operaciones que elevaron las tensiones diplomáticas y pusieron al Gobierno de Maduro en un estado de alerta permanente, que le ha permitido desatar una política represiva contra sus críticos que se cuenta en encarcelados, exiliados y manifestantes asesinados, y también en el refuerzo del discurso antiimperialista que contiene al chavismo. La más acabada de estas escaramuzas fallidas, la llamada Operación Gedeón, fue liderada por un grupo de militares disidentes venezolanos que se encontraban en Colombia y tres integrantes de una fuerza de seguridad privada integrada por antiguos boinas verdes estadounidenses. Intentaron infiltrarse en Venezuela a través de las costas del litoral central para deponer al Gobierno de Maduro. Aunque Estados Unidos y Colombia —gobernada por el presidente Iván Duque— negaron estar involucrados, Venezuela aun así los acusó y el incidente ha servido para reiterar una y otra vez la tesis del chavismo de la conspiración internacional en su contra. La Administración Biden fue una bisagra de entendimiento y distensión. Se sustituyeron sanciones por licencias petroleras y el chavismo se comprometió a hacer concesiones a la oposición que no se cumplieron. Esta reestructuración de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela naufragó luego de las elecciones presidenciales de 2024, en las que Maduro nuevamente se quedó en el poder en medio de denuncias de fraude de la oposición que publicó las actas de votación que daban por ganador a Edmundo González. El Trump de este segundo mandato, sin embargo, ha sido más directo. En siete de meses ha ido evolucionando aceleradamente sus mecanismos de presión. De la reunión con el enviado especial Richard Grennel, que propició acuerdos como el intercambio de prisioneros estadounidenses por venezolanos deportados desde Estados Unidos, pasando por la suspensión de la licencia de la petrolera estadounidense Chevron, ahora Maduro se ha convertido en un narcotraficante para Estados Unidos. Washington le señala de ser líder del llamado Cartel de los Soles, una supuesta organización operada por militares venezolanos para mover drogas hacia Estados Unidos. También lo ha señalado de encabezar el Tren de Aragua, una banda de crimen trasnacional de origen venezolano a la que Trump atribuye últimamente la causa de todos los males de su país. Hace unas semanas se ha elevado de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por su captura y se le ha puesto como uno de los objetivos de la lucha antidrogas estadounidense que ha desplegado en el Caribe, una acusación que el chavismo ha negado y que la oposición aglutinada en torno a María Corina Machado ha convertido en bandera. Los incidentes de tensión marítima con Venezuela han estado centrados en la interceptación de buques de petroleras extranjeras en las aguas en litigio al oriente del país, en las que Guyana ha iniciado su era petrolera. En el conflicto territorial por el Esequibo y la delimitación de la fachada atlántica que mantienen Caracas y Georgetown, Estados Unidos ha intervenido tangencialmente respaldando la posición de Guyana que defiende su posesión sobre el territorio. Venezuela se ha defendido enérgicamente en el plano diplomático y con presencia de su Armada. Pero en el escenario actual, luego del ataque letal a una lancha con droga que ha anunciado Estados Unidos, Venezuela ha tomado con cautela la advertencia que ha hecho expresa Trump. En principio no se ha dado por aludidos y han desestimado el ataque asegurando que el video difundido de una lancha explotando con sus tripulantes adentro fue hecho con inteligencia artificial. Pero desde hace semana han hecho llamados de emergencia a la Comunidad Económica Latinoamericana y Caribeña (Celac) y a Naciones Unidas para exigir el retiro de todos los equipos militares de Estados Unidos del Caribe, que han considerado como “la mayor amenaza regional” registrada en el último siglo. Seguir leyendo
Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han alcanzado una estridencia sin precedentes en los ciclos presidenciales de Donald Trump. Luego de seis años de forcejeos, de compresión y descompresión del conflicto político venezolano y de sus implicaciones internacionales, se ha escalado la tensión con el despliegue de buques de guerra en el Caribe y el ataque letal de una lancha con drogas —en el que murieron sus 11 tripulantes—, supuestamente procedente de Venezuela.
Atrás ha quedado la críptica y a la vez intimidante nota en la libreta amarilla del antiguo asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, con el mensaje “5.000 tropas a Colombia” que el polémico funcionario dejó ver en una rueda de prensa en enero de 2019. Fue una chispa bélica en medio de la crisis desatada entonces por la proclamación del opositor Juan Guaidó como presidente encargado para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder. Ahora hay ocho buques de guerra, 4.000 efectivos militares estadounidenses y un submarino nuclear desplegados en la fachada norte de Venezuela. Con el ataque a la embarcación se ha cruzado una línea que marca un hito en las maltrechas relaciones entre ambos países y también en la política exterior de Estados Unidos y lo que es capaz de hacer para imponer su agenda.
Hay que viajar en el tiempo, seis años atrás: 2019. En el final del primer Gobierno de Trump, comenzó a subirse el tono del conflicto entre los países con la suspensión de operaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y el retiro de todo el personal diplomático. También fue el año de la imposición de las primeras sanciones dirigidas específicamente a asfixiar la economía petrolera de Venezuela con penalizaciones a terceros que comercializaran crudo del país sudamericano. La narrativa estadounidense de presión a Maduro, que había sido reelegido un año antes en elecciones consideradas fraudulentas, estaba soportada en la premisa de que “todas las opciones están sobre la mesa”, una frase ambigua con la que el magnate presidente intentaba bajar el codo al chavismo durante el pulso geopolítico del momento, intentando hacer ver que a cualquier costo saldría el poder.
En los últimos seis años, Venezuela ha denunciado una y otra vez supuestas conspiraciones desde Estados Unidos para forzar un cambio de Gobierno. Durante 2019 y 2020 el chavismo desmanteló operaciones que elevaron las tensiones diplomáticas y pusieron al Gobierno de Maduro en un estado de alerta permanente, que le ha permitido desatar una política represiva contra sus críticos que se cuenta en encarcelados, exiliados y manifestantes asesinados, y también en el refuerzo del discurso antiimperialista que contiene al chavismo.
La más acabada de estas escaramuzas fallidas, la llamada Operación Gedeón, fue liderada por un grupo de militares disidentes venezolanos que se encontraban en Colombia y tres integrantes de una fuerza de seguridad privada integrada por antiguos boinas verdes estadounidenses. Intentaron infiltrarse en Venezuela a través de las costas del litoral central para deponer al Gobierno de Maduro. Aunque Estados Unidos y Colombia —gobernada por el presidente Iván Duque— negaron estar involucrados, Venezuela aun así los acusó y el incidente ha servido para reiterar una y otra vez la tesis del chavismo de la conspiración internacional en su contra.
La Administración Biden fue una bisagra de entendimiento y distensión. Se sustituyeron sanciones por licencias petroleras y el chavismo se comprometió a hacer concesiones a la oposición que no se cumplieron. Esta reestructuración de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela naufragó luego de las elecciones presidenciales de 2024, en las que Maduro nuevamente se quedó en el poder en medio de denuncias de fraude de la oposición que publicó las actas de votación que daban por ganador a Edmundo González.
El Trump de este segundo mandato, sin embargo, ha sido más directo. En siete de meses ha ido evolucionando aceleradamente sus mecanismos de presión. De la reunión con el enviado especial Richard Grennel, que propició acuerdos como el intercambio de prisioneros estadounidenses por venezolanos deportados desde Estados Unidos, pasando por la suspensión de la licencia de la petrolera estadounidense Chevron, ahora Maduro se ha convertido en un narcotraficante para Estados Unidos.
Washington le señala de ser líder del llamado Cartel de los Soles, una supuesta organización operada por militares venezolanos para mover drogas hacia Estados Unidos. También lo ha señalado de encabezar el Tren de Aragua, una banda de crimen trasnacional de origen venezolano a la que Trump atribuye últimamente la causa de todos los males de su país. Hace unas semanas se ha elevado de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por su captura y se le ha puesto como uno de los objetivos de la lucha antidrogas estadounidense que ha desplegado en el Caribe, una acusación que el chavismo ha negado y que la oposición aglutinada en torno a María Corina Machado ha convertido en bandera.
Los incidentes de tensión marítima con Venezuela han estado centrados en la interceptación de buques de petroleras extranjeras en las aguas en litigio al oriente del país, en las que Guyana ha iniciado su era petrolera. En el conflicto territorial por el Esequibo y la delimitación de la fachada atlántica que mantienen Caracas y Georgetown, Estados Unidos ha intervenido tangencialmente respaldando la posición de Guyana que defiende su posesión sobre el territorio. Venezuela se ha defendido enérgicamente en el plano diplomático y con presencia de su Armada.
Pero en el escenario actual, luego del ataque letal a una lancha con droga que ha anunciado Estados Unidos, Venezuela ha tomado con cautela la advertencia que ha hecho expresa Trump. En principio no se ha dado por aludidos y han desestimado el ataque asegurando que el video difundido de una lancha explotando con sus tripulantes adentro fue hecho con inteligencia artificial. Pero desde hace semana han hecho llamados de emergencia a la Comunidad Económica Latinoamericana y Caribeña (Celac) y a Naciones Unidas para exigir el retiro de todos los equipos militares de Estados Unidos del Caribe, que han considerado como “la mayor amenaza regional” registrada en el último siglo.
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