Emma Gabriela Molina sufrió las violencias más aterradoras a las que una mujer en México se puede enfrentar. Estuvo casada durante 16 años con el empresario y político priista tabasqueño Martín Alberto Medina Sonda. Tuvo tres hijos y junto con ellos vivieron durante mucho tiempo violencia física, psicológica, económica y patrimonial. Cuando Emma logró divorciarse, su expareja, haciendo uso de todo su poder y de su cercanía con el entonces gobernador de Tabasco, Andrés Granier, ordenó su secuestro y detención. Emma estuvo presa durante cuatro meses. Después, Medina secuestró a sus hijos, a quienes les impidió ver a su madre durante dos años. Emma Gabriela murió por las 11 puñaladas que recibió afuera de su casa, en Mérida, Yucatán, el 27 de marzo de 2017. Su exmarido la mandó asesinar desde la cárcel.
El cuerpo sin vida del empresario tabasqueño Medina Sonda fue encontrado el pasado lunes en su celda del Centro de Reinserción Social (CRESET) de Tabasco. El gobernador Javier May fue quien dio la noticia a los medios de comunicación y aclaró que la investigación sobre lo sucedido apenas comenzaba: “Todo parece que fue suicidio”. El empresario y político cumplía una condena de 50 años por el feminicidio de Emma Gabriela y otra de más de 12 años por desvío de recursos públicos, desde 2014.
Muy pronto, una ola de suspicacia en torno al otrora poderoso empresario ligado al PRI comenzó a inundar las redes sociales, pero también la conversación pública. Ligia Canto, la madre de Emma, solicitó a las autoridades que la dejaran verificar personalmente la muerte del hombre.
Canto, convertida como miles de mujeres en México en una activista social tras el feminicidio de su hija, se enteró de la muerte del empresario al ver las noticias el lunes y en medio de una oleada de mensajes que le llegaron a su teléfono preguntando si ya se había enterado de todo. La mujer viajó a Tabasco, en donde pudo comprobar la muerte de Medina Sonda. “Siento que hay uno menos en ese ajedrez de maldad y perversidad. Sin embargo, todavía faltan muchos”, cuenta a este periódico por teléfono.
Canto se refiere a todo el aparato familiar, empresarial y político que hizo posible el acoso no solo a Emma Gabriela —Gabi, como ella le llama a su hija— sino a toda su familia. Ella misma estuvo presa durante 10 días en el penal federal de Puente Grande, en Jalisco, después de que en agosto de 2014 agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la interceptaran en una carretera de Yucatán, y la trasladaran directamente al centro penitenciario. La acusaron de violar la Ley de Instituciones de Crédito por una presunta clonación de tarjetas de crédito. Un caso que incluía a sus hijos, y que, después, gracias a la presión de activistas y medios de comunicación, fue desechado por la justicia al no encontrar pruebas.
Ligia recuerda que esa fue una de las estrategias que usaron para tratar de intimidar a la familia entera y para que Gabi, quien había recuperado entonces la custodia limitada de sus hijos —pero que permanecía en Yucatán sin poder salir del Estado por órdenes judiciales—, saliera de su casa y fuera nuevamente encarcelada. También, Canto denuncia que parte de los recursos económicos destinados a asediar a su hija salieron de depósitos de una de las muchas empresas vinculadas al político, sobre todo denuncia a la española Fundación Heres, de la que, asegura, salieron recursos pagados a uno de los asesinos materiales para que vigilara a Gabi. Asimismo, ya era de conocimiento público que en mayo de 2012, Gabi había sido secuestrada por agentes judiciales de Tabasco, quienes la agredieron y golpearon brutalmente y la condujeron a la cárcel, donde pasó cuatro meses acusada de robo de autos. Luego se demostró que los cargos eran falsos.
“Nunca nos dejaron tranquilos”
Desde 2007, Emma Gabriela comenzó a sufrir una violencia extrema por parte de su marido. Se divorció y después de ser secuestrada en 2012, su expareja aprovechó para sustraer a sus tres hijos, a quienes mantuvo escondidos durante dos años. En ese tiempo, Gabi, con sus apariciones y manifestaciones públicas, plantada afuera de las instituciones de Gobierno, se convirtió en una activista que pedía desesperadamente le ayudaran a recuperar a sus hijos.
Lo consiguió en 2015, pero las amenazas aumentaron. El 27 de marzo de 2017, dos sicarios contratados por Medina Sonda, quien ya estaba dentro de la cárcel cumpliendo la pena por desvío de recursos públicos, asesinaron a Gabi. El acoso a la familia tampoco se detuvo. Y aún hoy, después de la muerte de Martín Alberto Medina Sonda, Ligia Canto asegura que jamás ha cesado el asedio por parte de la familia del empresario. “Nunca nos dejaron tranquilos. Siempre teníamos gente que nos vigilaba. Sobre todo desde que Gabi recuperó a sus hijos”, recuerda.
En 2019, Medina Sonda fue hallado culpable como autor intelectual del feminicidio de Gabi. Fue condenado a 50 años de prisión, años que se sumaban a los que ya cumplía. “La de Emma fue una muerte anunciada”, decía unos meses después del feminicidio, una senadora de Yucatán, el Estado al que Emma se refugió con sus hijos, antes de ser asesinada.
Su madre y su familia coinciden. El acoso judicial y las amenazas que recibió Emma Gabriela fueron de conocimiento público. Incluso, Gabi y su madre confrontaron en dos ocasiones al presidente Enrique Peña Nieto en visitas que hizo el mandatario a Yucatán. Le entregaron su expediente, y un año después fueron informadas de que su caso se había turnado al Instituto Nacional de Mujeres.
También la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en 2014 a las autoridades federales y estatales para que garantizaran la seguridad de Emma y su familia, y pidió que fueran inscritos en el Registro Nacional de Víctimas. Las autoridades no respondieron. Ella no recibió ninguna medida de protección.
Ligia Canto se encarga de la crianza y manutención de sus tres nietos, que ahora son mayores de edad. Ella pide que haya una reparación del daño y denuncia un absoluto abandono por parte de las autoridades, en un proceso legal que ha tenido que sostener económicamente sin ayuda y que ha dejado “en la miseria” a su familia. Desea que el feminicidio anunciado de su hija sirva de ejemplo para ayudar a las mujeres que se atreven a denunciar.
El empresario tabasqueño y político priista cumplía condenas por desvío de recursos y por el asesinato de su exesposa
Emma Gabriela Molina sufrió las violencias más aterradoras a las que una mujer en México se puede enfrentar. Estuvo casada durante 16 años con el empresario y político priista tabasqueño Martín Alberto Medina Sonda. Tuvo tres hijos y junto con ellos vivieron durante mucho tiempo violencia física, psicológica, económica y patrimonial. Cuando Emma logró divorciarse, su expareja, haciendo uso de todo su poder y de su cercanía con el entonces gobernador de Tabasco, Andrés Granier, ordenó su secuestro y detención. Emma estuvo presa durante cuatro meses. Después, Medina secuestró a sus hijos, a quienes les impidió ver a su madre durante dos años. Emma Gabriela murió por las 11 puñaladas que recibió afuera de su casa, en Mérida, Yucatán, el 27 de marzo de 2017. Su exmarido la mandó asesinar desde la cárcel.
El cuerpo sin vida del empresario tabasqueño Medina Sonda fue encontrado el pasado lunes en su celda del Centro de Reinserción Social (CRESET) de Tabasco. El gobernador Javier May fue quien dio la noticia a los medios de comunicación y aclaró que la investigación sobre lo sucedido apenas comenzaba: “Todo parece que fue suicidio”. El empresario y político cumplía una condena de 50 años por el feminicidio de Emma Gabriela y otra de más de 12 años por desvío de recursos públicos, desde 2014.
Muy pronto, una ola de suspicacia en torno al otrora poderoso empresario ligado al PRI comenzó a inundar las redes sociales, pero también la conversación pública. Ligia Canto, la madre de Emma, solicitó a las autoridades que la dejaran verificar personalmente la muerte del hombre.
Canto, convertida como miles de mujeres en México en una activista social tras el feminicidio de su hija, se enteró de la muerte del empresario al ver las noticias el lunes y en medio de una oleada de mensajes que le llegaron a su teléfono preguntando si ya se había enterado de todo. La mujer viajó a Tabasco, en donde pudo comprobar la muerte de Medina Sonda. “Siento que hay uno menos en ese ajedrez de maldad y perversidad. Sin embargo, todavía faltan muchos”, cuenta a este periódico por teléfono.
Canto se refiere a todo el aparato familiar, empresarial y político que hizo posible el acoso no solo a Emma Gabriela —Gabi, como ella le llama a su hija— sino a toda su familia. Ella misma estuvo presa durante 10 días en el penal federal de Puente Grande, en Jalisco, después de que en agosto de 2014 agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la interceptaran en una carretera de Yucatán, y la trasladaran directamente al centro penitenciario. La acusaron de violar la Ley de Instituciones de Crédito por una presunta clonación de tarjetas de crédito. Un caso que incluía a sus hijos, y que, después, gracias a la presión de activistas y medios de comunicación, fue desechado por la justicia al no encontrar pruebas.
Ligia recuerda que esa fue una de las estrategias que usaron para tratar de intimidar a la familia entera y para que Gabi, quien había recuperado entonces la custodia limitada de sus hijos —pero que permanecía en Yucatán sin poder salir del Estado por órdenes judiciales—, saliera de su casa y fuera nuevamente encarcelada. También, Canto denuncia que parte de los recursos económicos destinados a asediar a su hija salieron de depósitos de una de las muchas empresas vinculadas al político, sobre todo denuncia a la española Fundación Heres, de la que, asegura, salieron recursos pagados a uno de los asesinos materiales para que vigilara a Gabi. Asimismo, ya era de conocimiento público que en mayo de 2012, Gabi había sido secuestrada por agentes judiciales de Tabasco, quienes la agredieron y golpearon brutalmente y la condujeron a la cárcel, donde pasó cuatro meses acusada de robo de autos. Luego se demostró que los cargos eran falsos.
“Nunca nos dejaron tranquilos”
Desde 2007, Emma Gabriela comenzó a sufrir una violencia extrema por parte de su marido. Se divorció y después de ser secuestrada en 2012, su expareja aprovechó para sustraer a sus tres hijos, a quienes mantuvo escondidos durante dos años. En ese tiempo, Gabi, con sus apariciones y manifestaciones públicas, plantada afuera de las instituciones de Gobierno, se convirtió en una activista que pedía desesperadamente le ayudaran a recuperar a sus hijos, que estuvieron con su padre y con la familia de este.
Lo consiguió en 2015, pero las amenazas aumentaron. El 27 de marzo de 2017, dos sicarios contratados por Medina Sonda, quien ya estaba dentro de la cárcel cumpliendo la pena por desvío de recursos públicos, asesinaron a Gabi. El acoso a la familia tampoco se detuvo. Y aún hoy, después de la muerte de Martín Alberto Medina Sonda, Ligia Canto asegura que jamás ha cesado el asedio por parte de la familia del empresario. “Nunca nos dejaron tranquilos. Siempre teníamos gente que nos vigilaba. Sobre todo desde que Gabi recuperó a sus hijos”, recuerda.
En 2019, Medina Sonda fue hallado culpable como autor intelectual del feminicidio de Gabi. Fue condenado a 50 años de prisión, años que se sumaban a los que ya cumplía. “La de Emma fue una muerte anunciada”, decía unos meses después del feminicidio, una senadora de Yucatán, el Estado al que Emma se refugió con sus hijos, antes de ser asesinada.
Su madre y su familia coinciden. El acoso judicial y las amenazas que recibió Emma Gabriela fueron de conocimiento público. Incluso, Gabi y su madre confrontaron en dos ocasiones al presidente Enrique Peña Nieto en visitas que hizo el mandatario a Yucatán. Le entregaron su expediente, y un año después fueron informadas de que su caso se había turnado al Instituto Nacional de Mujeres.
También la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en 2014 a las autoridades federales y estatales para que garantizaran la seguridad de Emma y su familia, y pidió que fueran inscritos en el Registro Nacional de Víctimas. Las autoridades no respondieron. Ella no recibió ninguna medida de protección.
Ligia Canto se encarga de la crianza y manutención de sus tres nietos, que ahora son mayores de edad. Ella pide que haya una reparación del daño y denuncia un absoluto abandono por parte de las autoridades, en un proceso legal que ha tenido que sostener económicamente sin ayuda y que ha dejado “en la miseria” a su familia. Desea que el feminicidio anunciado de su hija sirva de ejemplo para ayudar a las mujeres que se atreven a denunciar.
EL PAÍS
