“Lo único que él quería era darle un abrazo a su mamá después de cinco años sin verla”, relata Yeraldy Enciso, la esposa de Danner Barajas. Él fue detenido el 7 de noviembre de 2024, tan pronto cruzó la frontera desde el departamento colombiano de Arauca para visitarla en Venezuela. Enciso pasó un semestre sin poder comunicarse con su marido, al que describe como un campesino y agricultor que trabaja también como albañil en Facatativa, el municipio donde viven, a hora y media por carretera desde Bogotá. Lo que cuenta el mototaxista que lo llevaba es que los militares venezolanos lo retuvieron en la primera alcabala del otro lado del puente internacional José Antonio Paez. Después lo mandaron a Caracas, pero aún no saben con certeza bajo qué cargos lo mantienen detenido. Ya ha podido llamarlo telefónicamente dos veces, el 15 de mayo y el 26 de junio. “Vengo a reclamar por él, pues desde allá no puede alzar su voz”, asegura en plena Plaza de Bolívar, el corazón de la capital de Colombia.
La mayoría de los manifestantes frente a las escalinatas del Capitolio en este martes nublado viste una camiseta con el rostro de un colombiano preso en Venezuela. La policía les impide encadenarse a las vallas, como habían planeado en un acto de protesta. Este es el quinto plantón convocado por los familiares y amigos, quienes le reclaman al Gobierno de Gustavo Petro una intervención diplomática para lograr la liberación de sus allegados, detenidos arbitrariamente en el país vecino. “Después de cada plantón de pronto puede haber al menos una llamada. Si nos quedamos quietos, el Gobierno no va a hacer nada”, se lamenta Enciso.
“Ya vamos a cumplir un año en esta lucha, y hasta no tenerlos a todos en nuestros hogares no vamos a descansar”, los arenga Viky Latorre, una abogada de 41 años, esposa de Martín Emilio Rincón, un palmicultor de 57. La acompaña Paula Rincón Latorre, de 22, una de los cinco hijos de la pareja. Lo retrata como un papá presente y amoroso. Él también cruzó la frontera desde Arauca el pasado septiembre, para ver unas tierras, con todos sus documentos en regla, asegura su esposa. Nunca antes había estado en Venezuela. Después de diez días sin noticias, se enteraron de que había sido detenido en el estado Apure y le estaban imputando delitos relacionados con terrorismo. “No entendíamos nada”, relata Latorre. Buscaron apoyo en abogados venezolanos, pero ninguno de los recursos que han presentado ha sido resuelto. También obtuvieron una primera llamada el 15 de mayo, que ella equipara a una “prueba de vida”. Hasta entonces se configuraba una desaparición forzosa, asegura. “Nosotros lo llamamos secuestro porque ellos no tienen visitas consulares, ni de familiares, ni llamadas telefónicas. Están retenidos ilegalmente”, concluye.
Un total de 35 hombres y tres mujeres de nacionalidad colombiana están presos en Venezuela luego de ser detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado, según confirmó esta semana la Cancillería. Fuentes diplomáticas manifiestan a este periódico que, aunque Colombia ha pedido con insistencia información sobre su situación jurídica y garantías procesales, no ha recibido respuesta del régimen de Nicolás Maduro. La mayoría se encuentran recluidos en la cárcel El Rodeo, en las afueras de Caracas, sin que las autoridades consulares hayan podido visitarlos. “Estamos en manos de las gestiones que haga el Gobierno colombiano, y especificamente de lo que haga el presidente Petro”, dice Diana Tique, hermana de Manuel Tique, un trabajador del Consejo Danés de Refugiados detenido en septiembre en Venezuela.
“He conocido a través de una cantidad significativa de testimonios suyos del sufrimiento por la incertidumbre y las dificultades para acceder a la información sobre sus familiares”, escribía esta semana el viceministro de Exteriores, Mauricio Jaramillo Jassir, en una carta pública en la que les pedía disculpas a las familias de compatriotas detenidos en el exterior. “No pocos me han dicho cómo no han podido tener un segundo de tranquilidad al no saber por la situación de salud mental o física de sus familiares. No puedo imaginar la pesadilla por la que atraviesan día a día con semejante incertidumbre”, manifestaba, sin referencias concretas a Venezuela.
El Gobierno de Petro ha estado sometido a un aluvión de críticas internas por no condenar con mayor contundencia a Maduro después del fraude electoral que perpetró el año pasado, cuando se proclamó ganador sin mostrar ninguna evidencia de ese resultado. Aunque Bogotá nunca reconoció ganador alguno en las presidenciales, Petro ha mantenido las relaciones que restableció al inicio de su periodo, luego de años de diferencias irreconciliables.
La República Bolivariana alcanzó un pico de más de 2.000 detenciones después de las elecciones presidenciales. Esa cifra incluye la detención arbitraria de manifestantes, defensores de derechos humanos, adolescentes, personas con discapacidad, miembros de la oposición o personas que actuaron como observadores electorales en los centros de votación. El régimen ha liberado presos, pero también ha lanzado nuevas oleadas de detenciones. La ONG Foro Penal registraba al cierre de julio 853 presos políticos en Venezuela, la cifra más alta de América Latina –junto a Cuba–. La ausencia de información sobre el paradero de muchos de estos prisioneros ha sido la queja más recurrente de sus familiares.
Los casos de los colombianos se enmarcan en esa represión. El régimen chavista ha detenido a decenas de extranjeros al acusarlos sin pruebas de querer desestabilizar el orden público y querer llevar a cabo “acciones terroristas”, un fantasma que ha azuzado Maduro desde que se posesionó en enero en medio del repudio de la comunidad internacional. Más allá de las circunstancias de cada uno, los familiares insisten en son personas inocentes, sin ningún tipo de antecedentes, que fueron privadas de la libertad en abierta violación de sus derechos humanos, separadas de sus familias, sin debido proceso, sin derecho a una defensa, ni visitas consulares o familiares. También se resisten a la etiqueta de “presos políticos”, pues argumentan que no tienen ningún vínculo con la política, ni en Venezuela ni en Colombia.
La Cancillería confirma que hay 38 colombianos detenidos en el país vecino
“Lo único que él quería era darle un abrazo a su mamá después de cinco años sin verla”, relata Yeraldy Enciso, la esposa de Danner Barajas. Él fue detenido el 7 de noviembre de 2024, tan pronto cruzó la frontera desde el departamento colombiano de Arauca para visitarla en Venezuela. Enciso pasó un semestre sin poder comunicarse con su marido, al que describe como un campesino y agricultor que trabaja también como albañil en Facatativa, el municipio donde viven, a hora y media por carretera desde Bogotá. Lo que cuenta el mototaxista que lo llevaba es que los militares venezolanos lo retuvieron en la primera alcabala del otro lado del puente internacional José Antonio Paez. Después lo mandaron a Caracas, pero aún no saben con certeza bajo qué cargos lo mantienen detenido. Ya ha podido llamarlo telefónicamente dos veces, el 15 de mayo y el 26 de junio. “Vengo a reclamar por él, pues desde allá no puede alzar su voz”, asegura en plena Plaza de Bolívar, el corazón de la capital de Colombia.
La mayoría de los manifestantes frente a las escalinatas del Capitolio en este martes nublado viste una camiseta con el rostro de un colombiano preso en Venezuela. La policía les impide encadenarse a las vallas, como habían planeado en un acto de protesta. Este es el quinto plantón convocado por los familiares y amigos, quienes le reclaman al Gobierno de Gustavo Petro una intervención diplomática para lograr la liberación de sus allegados, detenidos arbitrariamente en el país vecino. “Después de cada plantón de pronto puede haber al menos una llamada. Si nos quedamos quietos, el Gobierno no va a hacer nada”, se lamenta Enciso.
“Ya vamos a cumplir un año en esta lucha, y hasta no tenerlos a todos en nuestros hogares no vamos a descansar”, los arenga Viky Latorre, una abogada de 41 años, esposa de Martín Emilio Rincón, un palmicultor de 57. La acompaña Paula Rincón Latorre, de 22, una de los cinco hijos de la pareja. Lo retrata como un papá presente y amoroso. Él también cruzó la frontera desde Arauca el pasado septiembre, para ver unas tierras, con todos sus documentos en regla, asegura su esposa. Nunca antes había estado en Venezuela. Después de diez días sin noticias, se enteraron de que había sido detenido en el estado Apure y le estaban imputando delitos relacionados con terrorismo. “No entendíamos nada”, relata Latorre. Buscaron apoyo en abogados venezolanos, pero ninguno de los recursos que han presentado ha sido resuelto. También obtuvieron una primera llamada el 15 de mayo, que ella equipara a una “prueba de vida”. Hasta entonces se configuraba una desaparición forzosa, asegura. “Nosotros lo llamamos secuestro porque ellos no tienen visitas consulares, ni de familiares, ni llamadas telefónicas. Están retenidos ilegalmente”, concluye.
Un total de 35 hombres y tres mujeres de nacionalidad colombiana están presos en Venezuela luego de ser detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado, según confirmó esta semana la Cancillería. Fuentes diplomáticas manifiestan a este periódico que, aunque Colombia ha pedido con insistencia información sobre su situación jurídica y garantías procesales, no ha recibido respuesta del régimen de Nicolás Maduro. La mayoría se encuentran recluidos en la cárcel El Rodeo, en las afueras de Caracas, sin que las autoridades consulares hayan podido visitarlos. “Estamos en manos de las gestiones que haga el Gobierno colombiano, y especificamente de lo que haga el presidente Petro”, dice Diana Tique, hermana de Manuel Tique, un trabajador del Consejo Danés de Refugiados detenido en septiembre en Venezuela.
“He conocido a través de una cantidad significativa de testimonios suyos del sufrimiento por la incertidumbre y las dificultades para acceder a la información sobre sus familiares”, escribía esta semana el viceministro de Exteriores, Mauricio Jaramillo Jassir, en una carta pública en la que les pedía disculpas a las familias de compatriotas detenidos en el exterior. “No pocos me han dicho cómo no han podido tener un segundo de tranquilidad al no saber por la situación de salud mental o física de sus familiares. No puedo imaginar la pesadilla por la que atraviesan día a día con semejante incertidumbre”, manifestaba, sin referencias concretas a Venezuela.
El Gobierno de Petro ha estado sometido a un aluvión de críticas internas por no condenar con mayor contundencia a Maduro después del fraude electoral que perpetró el año pasado, cuando se proclamó ganador sin mostrar ninguna evidencia de ese resultado. Aunque Bogotá nunca reconoció ganador alguno en las presidenciales, Petro ha mantenido las relaciones que restableció al inicio de su periodo, luego de años de diferencias irreconciliables.
La República Bolivariana alcanzó un pico de más de 2.000 detenciones después de las elecciones presidenciales. Esa cifra incluye la detención arbitraria de manifestantes, defensores de derechos humanos, adolescentes, personas con discapacidad, miembros de la oposición o personas que actuaron como observadores electorales en los centros de votación. El régimen ha liberado presos, pero también ha lanzado nuevas oleadas de detenciones. La ONG Foro Penal registraba al cierre de julio 853 presos políticos en Venezuela, la cifra más alta de América Latina –junto a Cuba–. La ausencia de información sobre el paradero de muchos de estos prisioneros ha sido la queja más recurrente de sus familiares.
Los casos de los colombianos se enmarcan en esa represión. El régimen chavista ha detenido a decenas de extranjeros al acusarlos sin pruebas de querer desestabilizar el orden público y querer llevar a cabo “acciones terroristas”, un fantasma que ha azuzado Maduro desde que se posesionó en enero en medio del repudio de la comunidad internacional. Más allá de las circunstancias de cada uno, los familiares insisten en son personas inocentes, sin ningún tipo de antecedentes, que fueron privadas de la libertad en abierta violación de sus derechos humanos, separadas de sus familias, sin debido proceso, sin derecho a una defensa, ni visitas consulares o familiares. También se resisten a la etiqueta de “presos políticos”, pues argumentan que no tienen ningún vínculo con la política, ni en Venezuela ni en Colombia.
EL PAÍS
