El teléfono repicó muy de mañana el 25 de agosto. Era una hora inusual y, tras 38 días sin saber dónde la policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tenía encerrado a Mauricio Alonso Petri, su esposa levantó la bocina con la esperanza de obtener al fin una pista del rastro de su esposo, o al menos del estado de salud de este preso político de 64 años. La llamada traía, en efecto, información sobre él: provenía del Instituto de Medicina Legal y cargaba el peor presentimiento que la familia siempre trató de esquivar. El funcionario los citaba para ir a reconocer su cadáver a Managua.
Desde que Alonso Petri fue detenido junto a su hijo el pasado 18 de julio en la ciudad de Jinotepe, en el marco de redadas policiales masivas por el 46 aniversario de la Revolución Sandinista, ambos estuvieron en “condición de desaparición forzada”, denunció el Monitoreo Azul y Blanco, una instancia en el exilio que documenta la persecución política en Nicaragua.
La esposa de Alonso Petri buscó a su hijo, Mauricio Alonso Estrada, en casi todas las prisiones y hospitales del país, pero siempre le negaban información. Era como si después de la detención no hubiera rastro alguno de ellos. Lo mismo que para otras 26 personas, incluido cinco núcleos familiares completos, que fueron detenidos en esas redadas ejecutadas por oficiales en los departamentos de Carazo, Granada, Masaya y Rivas contra personas consideradas opositoras.
Cuando la familia de Alonso Petri llegó a Medicina Legal confirmaron que se trataba de su cadáver. La noticia de su muerte bajo custodia policial sandinista no es la primera de un preso político. Entre 2019 y 2025, seis personas han muerto cautivas del régimen, entre ellos dos sandinistas históricos de renombre: Hugo Torres y Humberto Ortega Saavedra, ambos generales en retiro. El primero le salvó la vida en los ochenta al caudillo sandinista y el segundo era su hermano de sangre, confrontado desde siempre con su cuñada, la copresidenta Murillo.
Sin embargo, el deceso de Alonso Petri —que una vez fue parte del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), el partido odiado y proscrito por la pareja presidencial— ha puesto de manifiesto a las desapariciones forzadas como una de las caras más crueles de la represión y la prisión política en Nicaragua, según denuncia el informe ‘¿Dónde más busco?’: Vidas suspendidas, desapariciones forzadas y la resistencia de quienes les buscan, presentado este viernes y elaborado por una coalición de organizaciones de derechos humanos en el exilio: Unidad de Defensa Jurídica, Colectivo Nicaragua Nunca Más, Movimiento Autónomo de Mujeres, IM-Defensoras y Raza e Igualdad. .
La evolución de la desaparición forzada
Tras las protestas de 2018 contra Ortega, las detenciones masivas fueron la principal daga para desarticular a los opositores. El informe
hace un exhaustivo recuento sobre el uso de la desaparición forzada de corta y larga duración en el cóctel represivo sandinista como práctica sistemática.
Al inicio eran detenciones breves sin notificación oficial, con traslados a cárceles clandestinas. En 2021, con la entrada en vigor de la Ley 1060, la incomunicación podía extenderse hasta 90 días. Pero desde finales de 2023 el patrón se agravó: los plazos dejaron de ser temporales y pasaron a ser de duración indefinida. En la actualidad, la mayoría de presos políticos permanecen incomunicados hasta que son excarcelados, sin contacto con abogados ni familiares. En muchos casos, sus procesos judiciales se desarrollan en secreto y los expedientes no son accesibles para la defensa. El propio Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU ha advertido que “cada minuto” en que una persona queda fuera de la protección legal constituye una desaparición forzada.
El informe documenta que durante el tiempo de desaparición las víctimas son sometidas a torturas y tratos crueles. Entre los métodos denunciados están los colgamientos, ahogamientos simulados, golpizas, asfixia, posturas forzadas, violaciones y penetraciones con objetos. También se registran amenazas de muerte contra familiares, privación del sueño, exposición a temperaturas extremas y restricciones severas de agua y comida.
A esto se suma la censura: la policía y los custodios condicionan las visitas familiares a que los presos no revelen lo que ocurre dentro de las cárceles. La judicialización secreta, sin abogados ni acceso a expedientes, funciona como un mecanismo de control y encubrimiento que garantiza la impunidad y mantiene el miedo.
Impacto diferenciado
La desaparición forzada golpea con especial crudeza a grupos en situación de vulnerabilidad, resalta el informe. Las personas más afectadas padecen enfermedades crónicas o graves y son privadas de medicinas y tratamientos esenciales, lo que acelera su deterioro y puede causar la muerte. Los adultos mayores sufren un envejecimiento acelerado en condiciones de aislamiento y mala alimentación, con riesgo vital por la interrupción de sus tratamientos. En adolescentes las organizaciones han registrado pensamientos suicidas durante el aislamiento total. Entre los pueblos indígenas, la desaparición de líderes afecta no solo al individuo, sino a la comunidad entera: desarticula su organización y debilita la defensa del territorio.
En el caso de las mujeres, la violencia política adquiere formas de género: desnudez forzada, humillaciones, violencia sexual, amenazas contra sus hijos e hijas y negación de atención ginecológica. Según el informe, el cuerpo de las mujeres es usado como “herramienta de control social”.
La carga más pesada recae sobre las “personas buscadoras”, en su mayoría mujeres: esposas, madres e hijas que recorren estaciones policiales y cárceles sin recibir información, como la esposa de Alonso Petri. “Sufren tratos crueles y desinformación deliberada: las mandan de un lugar a otro sin respuestas, obligándolas a gastar dinero y energía que no tienen”, recoge la publicación.
“En muchos casos son hostigadas, requisadas de forma humillante e incluso víctimas de tocamientos sexuales como método de intimidación. Algunas deben viajar más de 200 kilómetros desde zonas rurales hasta Managua en busca de noticias, otras han tenido que exiliarse y continúan la búsqueda desde fuera, cargando con la culpa y la ansiedad de no poder proteger a sus familiares”, prosigue la denuncia.
“Cada desaparición forzada representa un ultraje contra la dignidad humana, un crimen de lesa humanidad imprescriptible y una violación grave y continuada de derechos fundamentales”, sentencia el informe. Un horror que la familia de Alonso Petri, en especial su esposa, vivió la mañana del 25 de agosto, cuando reconocieron el cadáver. No pudieron ni comprarle flores para un velorio, ni hubo espacio para despedirse, siquiera darle un responso, porque las autoridades obligaron a enterrarlo de manera exprés en el cementerio de Jinotepe, bajo la vigilancia de un contingente policial armado con fusiles AK-47. Ahora, la mujer carga otra vez la misma zozobra: ¿dónde está su hijo Mauricio? ¿Muerto?
El informe ‘¿Dónde más busco?’ resume la agonía de las familias frente a las desapariciones forzadas
El teléfono repicó muy de mañana el 25 de agosto. Era una hora inusual y, tras 38 días sin saber dónde la policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tenía encerrado a Mauricio Alonso Petri, su esposa levantó la bocina con la esperanza de obtener al fin una pista del rastro de su esposo, o al menos del estado de salud de este preso político de 64 años. La llamada traía, en efecto, información sobre él: provenía del Instituto de Medicina Legal y cargaba el peor presentimiento que la familia siempre trató de esquivar. El funcionario los citaba para ir a reconocer su cadáver a Managua.
Desde que Alonso Petri fue detenido junto a su hijo el pasado 18 de julio en la ciudad de Jinotepe, en el marco de redadas policiales masivas por el 46 aniversario de la Revolución Sandinista, ambos estuvieron en “condición de desaparición forzada”, denunció el Monitoreo Azul y Blanco, una instancia en el exilio que documenta la persecución política en Nicaragua.
La esposa de Alonso Petri buscó a su hijo, Mauricio Alonso Estrada, en casi todas las prisiones y hospitales del país, pero siempre le negaban información. Era como si después de la detención no hubiera rastro alguno de ellos. Lo mismo que para otras 26 personas, incluido cinco núcleos familiares completos, que fueron detenidos en esas redadas ejecutadas por oficiales en los departamentos de Carazo, Granada, Masaya y Rivas contra personas consideradas opositoras.
Cuando la familia de Alonso Petri llegó a Medicina Legal confirmaron que se trataba de su cadáver. La noticia de su muerte bajo custodia policial sandinista no es la primera de un preso político. Entre 2019 y 2025, seis personas han muerto cautivas del régimen, entre ellos dos sandinistas históricos de renombre: Hugo Torres y Humberto Ortega Saavedra, ambos generales en retiro. El primero le salvó la vida en los ochenta al caudillo sandinista y el segundo era su hermano de sangre, confrontado desde siempre con su cuñada, la copresidenta Murillo.
Sin embargo, el deceso de Alonso Petri —que una vez fue parte del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), el partido odiado y proscrito por la pareja presidencial— ha puesto de manifiesto a las desapariciones forzadas como una de las caras más crueles de la represión y la prisión política en Nicaragua, según denuncia el informe ‘¿Dónde más busco?’: Vidas suspendidas, desapariciones forzadas y la resistencia de quienes les buscan, presentado este viernes y elaborado por una coalición de organizaciones de derechos humanos en el exilio: Unidad de Defensa Jurídica, Colectivo Nicaragua Nunca Más, Movimiento Autónomo de Mujeres, IM-Defensoras y Raza e Igualdad. .
La evolución de la desaparición forzada
Tras las protestas de 2018 contra Ortega, las detenciones masivas fueron la principal daga para desarticular a los opositores. El informe
hace un exhaustivo recuento sobre el uso de la desaparición forzada de corta y larga duración en el cóctel represivo sandinista como práctica sistemática.
Al inicio eran detenciones breves sin notificación oficial, con traslados a cárceles clandestinas. En 2021, con la entrada en vigor de la Ley 1060, la incomunicación podía extenderse hasta 90 días. Pero desde finales de 2023 el patrón se agravó: los plazos dejaron de ser temporales y pasaron a ser de duración indefinida. En la actualidad, la mayoría de presos políticos permanecen incomunicados hasta que son excarcelados, sin contacto con abogados ni familiares. En muchos casos, sus procesos judiciales se desarrollan en secreto y los expedientes no son accesibles para la defensa. El propio Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU ha advertido que “cada minuto” en que una persona queda fuera de la protección legal constituye una desaparición forzada.
El informe documenta que durante el tiempo de desaparición las víctimas son sometidas a torturas y tratos crueles. Entre los métodos denunciados están los colgamientos, ahogamientos simulados, golpizas, asfixia, posturas forzadas, violaciones y penetraciones con objetos. También se registran amenazas de muerte contra familiares, privación del sueño, exposición a temperaturas extremas y restricciones severas de agua y comida.
A esto se suma la censura: la policía y los custodios condicionan las visitas familiares a que los presos no revelen lo que ocurre dentro de las cárceles. La judicialización secreta, sin abogados ni acceso a expedientes, funciona como un mecanismo de control y encubrimiento que garantiza la impunidad y mantiene el miedo.
Impacto diferenciado
La desaparición forzada golpea con especial crudeza a grupos en situación de vulnerabilidad, resalta el informe. Las personas más afectadas padecen enfermedades crónicas o graves y son privadas de medicinas y tratamientos esenciales, lo que acelera su deterioro y puede causar la muerte. Los adultos mayores sufren un envejecimiento acelerado en condiciones de aislamiento y mala alimentación, con riesgo vital por la interrupción de sus tratamientos. En adolescentes las organizaciones han registrado pensamientos suicidas durante el aislamiento total. Entre los pueblos indígenas, la desaparición de líderes afecta no solo al individuo, sino a la comunidad entera: desarticula su organización y debilita la defensa del territorio.
En el caso de las mujeres, la violencia política adquiere formas de género: desnudez forzada, humillaciones, violencia sexual, amenazas contra sus hijos e hijas y negación de atención ginecológica. Según el informe, el cuerpo de las mujeres es usado como “herramienta de control social”.
La carga más pesada recae sobre las “personas buscadoras”, en su mayoría mujeres: esposas, madres e hijas que recorren estaciones policiales y cárceles sin recibir información, como la esposa de Alonso Petri. “Sufren tratos crueles y desinformación deliberada: las mandan de un lugar a otro sin respuestas, obligándolas a gastar dinero y energía que no tienen”, recoge la publicación.
“En muchos casos son hostigadas, requisadas de forma humillante e incluso víctimas de tocamientos sexuales como método de intimidación. Algunas deben viajar más de 200 kilómetros desde zonas rurales hasta Managua en busca de noticias, otras han tenido que exiliarse y continúan la búsqueda desde fuera, cargando con la culpa y la ansiedad de no poder proteger a sus familiares”, prosigue la denuncia.
“Cada desaparición forzada representa un ultraje contra la dignidad humana, un crimen de lesa humanidad imprescriptible y una violación grave y continuada de derechos fundamentales”, sentencia el informe. Un horror que la familia de Alonso Petri, en especial su esposa, vivió la mañana del 25 de agosto, cuando reconocieron el cadáver. No pudieron ni comprarle flores para un velorio, ni hubo espacio para despedirse, siquiera darle un responso, porque las autoridades obligaron a enterrarlo de manera exprés en el cementerio de Jinotepe, bajo la vigilancia de un contingente policial armado con fusiles AK-47. Ahora, la mujer carga otra vez la misma zozobra: ¿dónde está su hijo Mauricio? ¿Muerto?
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