Sandra Flor recorre el hotel donde vivía con la cautela de quien avanza sobre un campo minado. Frente a su casa, que también era su negocio, estalló el primer artefacto del camión con el que las disidencias de las FARC transportaban bombas para atacar la base aérea Marco Fidel Suárez, en el nororiente de Cali, el pasado jueves. Un día después del ataque vuelve al lugar con su esposo, Miguel Rodríguez. Se detienen ante el único cuadro de la recepción del alojamiento que resistió la onda explosiva: la Virgen del Carmen resiste, sostenida apenas por una puntilla. “Es lo único que quedó en pie. La colgamos hace 10 años para que nos cuidara”, dice Flor. Minutos después, el ministro de Defensa Pedro Sánchez recorre esa calle junto al alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, mientras los vecinos todavía barren vidrios y levantan puertas arrancadas de cuajo.
El jueves, la jornada más violenta del año y de lo que va del Gobierno de Petro, dos grupos de las disidencias de las FARC que lidera alias Iván Mordisco cometieron dos atentados terroristas, uno tras otro, un desafío al Estado y una prueba de poder militar. Antes del ataque en Cali, las disidencias derribaron un helicóptero de la Policía que sobrevolaba los cielos de Amalfi, Antioquia. Asesinaron así a 13 policías. El Ejecutivo ha atribuido los dos hechos a una reacción violenta del grupo armado a los duros golpes que, argumentan, le ha propinado el Estado. En la tercera ciudad de Colombia, capital de toda la región del Pacífico, la jornada dejó a seis personas muertas, todas civiles, y a más de 79 heridas, en su mayoría mujeres.
En la mañana de este viernes, un día después, amanecieron militarizados los barrios La Base y Villa Colombia, vecinos de la escuela de aviación y donde cayeron las bombas. Los invadía un silencio inusual. La comunidad, en su mayoría de adultos mayores, no evacuó sus viviendas. Prefirieron quedarse en vigilia hasta el viernes. Desde temprano, distintas autoridades locales y nacionales llegaron a entrevistarlos para preparar apoyos, visitar las viviendas para comprobar los daños o atender a las personas afectadas. En cualquier esquina se veía un desfile de funcionarios con chalecos de distintos colores, representativos de diversas entidades. Mientras, la gente repetía en las calles, casi como un rosario, que se sentían vivos de milagro.
Al otro lado de la ciudad, en una clínica al sur, Nataly Ramos esperaba que su hija, Isabella, saliera de una cirugía. La estudiante caminaba por la acera de la calle, donde los disidentes dejaron los cilindros bomba cuando ocurrió la explosión, y le dejó varias heridas en sus extremidades. Desde otra clínica, Jorge Iván Velasco, taxista y sobreviviente del atentado, repite que estuvo a segundos de haber quedado al frente del camión con cilindros bomba, con el que había chocado dos cuadras atrás. “Paré a recoger unos pasajeros y ese camión me choca y daña el carro. Cuando me bajo y voy caminando detrás a reclamarle, explota”. Ahora reúne recursos con sus allegados para recuperar el vehículo y poder volver a trabajar.
Cali, la tercera ciudad de Colombia, se levanta a las puertas del Pacífico, una región golpeada por la expansión de los cultivos ilícitos, las rutas del narcotráfico y siglos de abandono. Su cercanía con Cauca y Nariño, departamentos con una larga historia de presencia de grupos armados ilegales hace que, a diferencia de otras ciudades del país, sienta la guerra en su propia azotea. A menos de una hora en carro, hacia el sur y en el municipio de Jamundí, ejerce control el grupo disidente llamado Jaime Martínez. Poco más de 20 kilómetros más allá está Puerto Tejada, el primer pueblo del departamento del Cauca por la vía Panamericana. Allí se vive una guerra entre al menos cuatro grupos, en uno de los focos más activos del país. Y cien kilómetros al occidente de la capital del Valle del Cauca, por una estrecha y muy transitada vía que llega al mar, se levanta Buenaventura, el puerto más grande de Colombia y escenario de otra disputa, pues todos los grupos armados que buscan quedarse con las rutas ilegales del Pacífico y participar de negocios que van desde el contrabando hasta la minería ilegal, pasando por la extorsión o la trata de personas.
No es la primera vez que Cali es víctima de los ataques de los grupos criminales contra el Gobierno, por lo que el miedo tras el atentado del jueves es que la violencia se repita, en un crescendo que recuerde al pasado. Esta vez, el antecedente más cercano es el del 10 de junio, cuando el grupo más grande del país, el Clan del Golfo, comenzó un plan pistola para asesinar policías. Aunque el también llamado Ejército Gaitanista tiene su fuerza en el norte de Colombia, la ciudad sufrió tres ataques con explosivos en inmediaciones de estaciones de Policía o en medio de barrios residenciales. Ninguno de los atentados dejó muertes, a diferencia de lo que ocurrió dos décadas atrás, el espejo que más hace temer a los caleños.
El 9 de abril de 2007, la extinta guerrilla de las FARC detonó un carrobomba frente al comando de la Policía, en el centro de la ciudad, en horas de la madrugada. Este atentado dejó a una persona muerta y una veintena de heridos. Un año más tarde, el 1 de septiembre de 2008, la que fuera la guerrilla más grade del país dejó otro carrobomba, esta vez frente al Palacio de Justicia, y de nuevo en la madrugada. Asesinó a cuatro personas y dejó heridas a otras 26. En febrero de 2009, las FARC volvieron a dirigir un carro bomba contra el comando de la Policía. Sumaron dos asesinatos más, además de 32 personas heridas. Antes de ese pico de violencia, la ciudad ya había sido víctima de ataques terroristas que marcaron su psique. El 30 de septiembre de 1999, la guerrilla del ELN irrumpió una misa en la iglesia La María, en un barrio pudiente del sur de la ciudad, y secuestró a 150 feligreses. Entre los raptados estaban empresarios, estudiantes y extranjeros; algunos recuperaron la libertad después de pagar millonarias extorsiones, otros pasaron años en la selva. Tres años después, el 11 de abril del 2002, las FARC secuestró a doce diputados del Valle del Cauca en el edificio de la Asamblea Departamental. Once de ellos fueron asesinados tras pasar cinco años en cautiverio.
El sindicalista y excongresista Alexander López, caleño, delegado de la Procuraduría y uno de los hombres más cercanos a Petro, se paró detrás del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que anunciaba nuevos operativos contra las disidencias. Era una esperada rueda de prensa, a inicios de la tarde del viernes, con la que el Gobierno buscaba dar ánimos a los caleños y mostrar fuerza. Pero López, que hace memoria del pasado, se lamenta. “Esos hechos que vivió Cali en 1999 y 2002 con las FARC, mostraban la violencia, el terrorismo y la criminalidad. Hoy estamos frente a esa Cali del pasado: violencia, terrorismo y criminalidad”, dice frente a las casas destrozadas por los explosivos debajo de un calor abrasador.
Al fondo, Sandra Flor recoge esquirlas y vidrios del suelo del destruido hotel, mientras su esposo busca algún rastro de los dos gatos y el hámster de su hija, que desaparecieron después de las bombas. “Encontramos las jaulas vacías. No sabemos qué decirle a la niña”, dice con angustia. Al lado, Jaime Ponce llega con su esposa a recorrer su fábrica de productos con coco. Cuenta que ocho de sus trabajadores tienen heridas de gravedad por el atentado. “A uno se le acaban la vida y los proyectos”, dice en voz baja. Detrás de él, el alcalde Éder, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, y el ministro de Defensa recorren la zona, rodeados por una veintena de escoltas. En medio de un acto conmemorativo, otra detonación sacude el ambiente: en la base destruyen de forma controlada un cilindro que no estalló el jueves. Aunque la Alcaldía había anunciado la operación, el barrio entero se estremece. “Solo explotaron los cilindros de uno de los dos camiones que traían las disidencias para atentar contra la población civil”, dijo el ministro Sánchez. “La tragedia estaba planeada para ser peor”.
El atentado con cilindros bomba de este jueves, que dejó seis personas fallecidas, es el más grave en la ciudad en las últimas décadas. El Gobierno lo atribuye a las disidencias de las FARC
Sandra Flor recorre el hotel donde vivía con la cautela de quien avanza sobre un campo minado. Frente a su casa, que también era su negocio, estalló el primer artefacto del camión con el que las disidencias de las FARC transportaban bombas para atacar la base aérea Marco Fidel Suárez, en el nororiente de Cali, el pasado jueves. Un día después del ataque vuelve al lugar con su esposo, Miguel Rodríguez. Se detienen ante el único cuadro de la recepción del alojamiento que resistió la onda explosiva: la Virgen del Carmen resiste, sostenida apenas por una puntilla. “Es lo único que quedó en pie. La colgamos hace 10 años para que nos cuidara”, dice Flor. Minutos después, el ministro de Defensa Pedro Sánchez recorre esa calle junto al alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, mientras los vecinos todavía barren vidrios y levantan puertas arrancadas de cuajo.
El jueves, la jornada más violenta del año y de lo que va del Gobierno de Petro, dos grupos de las disidencias de las FARC que lidera alias Iván Mordisco cometieron dos atentados terroristas, uno tras otro, un desafío al Estado y una prueba de poder militar. Antes del ataque en Cali, las disidencias derribaron un helicóptero de la Policía que sobrevolaba los cielos de Amalfi, Antioquia. Asesinaron así a 13 policías. El Ejecutivo ha atribuido los dos hechos a una reacción violenta del grupo armado a los duros golpes que, argumentan, le ha propinado el Estado. En la tercera ciudad de Colombia, capital de toda la región del Pacífico, la jornada dejó a seis personas muertas, todas civiles, y a más de 79 heridas, en su mayoría mujeres.
En la mañana de este viernes, un día después, amanecieron militarizados los barrios La Base y Villa Colombia, vecinos de la escuela de aviación y donde cayeron las bombas. Los invadía un silencio inusual. La comunidad, en su mayoría de adultos mayores, no evacuó sus viviendas. Prefirieron quedarse en vigilia hasta el viernes. Desde temprano, distintas autoridades locales y nacionales llegaron a entrevistarlos para preparar apoyos, visitar las viviendas para comprobar los daños o atender a las personas afectadas. En cualquier esquina se veía un desfile de funcionarios con chalecos de distintos colores, representativos de diversas entidades. Mientras, la gente repetía en las calles, casi como un rosario, que se sentían vivos de milagro.
Al otro lado de la ciudad, en una clínica al sur, Nataly Ramos esperaba que su hija, Isabella, saliera de una cirugía. La estudiante caminaba por la acera de la calle, donde los disidentes dejaron los cilindros bomba cuando ocurrió la explosión, y le dejó varias heridas en sus extremidades. Desde otra clínica, Jorge Iván Velasco, taxista y sobreviviente del atentado, repite que estuvo a segundos de haber quedado al frente del camión con cilindros bomba, con el que había chocado dos cuadras atrás. “Paré a recoger unos pasajeros y ese camión me choca y daña el carro. Cuando me bajo y voy caminando detrás a reclamarle, explota”. Ahora reúne recursos con sus allegados para recuperar el vehículo y poder volver a trabajar.
Cali, la tercera ciudad de Colombia, se levanta a las puertas del Pacífico, una región golpeada por la expansión de los cultivos ilícitos, las rutas del narcotráfico y siglos de abandono. Su cercanía con Cauca y Nariño, departamentos con una larga historia de presencia de grupos armados ilegales hace que, a diferencia de otras ciudades del país, sienta la guerra en su propia azotea. A menos de una hora en carro, hacia el sur y en el municipio de Jamundí, ejerce control el grupo disidente llamado Jaime Martínez. Poco más de 20 kilómetros más allá está Puerto Tejada, el primer pueblo del departamento del Cauca por la vía Panamericana. Allí se vive una guerra entre al menos cuatro grupos, en uno de los focos más activos del país. Y cien kilómetros al occidente de la capital del Valle del Cauca, por una estrecha y muy transitada vía que llega al mar, se levanta Buenaventura, el puerto más grande de Colombia y escenario de otra disputa, pues todos los grupos armados que buscan quedarse con las rutas ilegales del Pacífico y participar de negocios que van desde el contrabando hasta la minería ilegal, pasando por la extorsión o la trata de personas.
No es la primera vez que Cali es víctima de los ataques de los grupos criminales contra el Gobierno, por lo que el miedo tras el atentado del jueves es que la violencia se repita, en un crescendo que recuerde al pasado. Esta vez, el antecedente más cercano es el del 10 de junio, cuando el grupo más grande del país, el Clan del Golfo, comenzó un plan pistola para asesinar policías. Aunque el también llamado Ejército Gaitanista tiene su fuerza en el norte de Colombia, la ciudad sufrió tres ataques con explosivos en inmediaciones de estaciones de Policía o en medio de barrios residenciales. Ninguno de los atentados dejó muertes, a diferencia de lo que ocurrió dos décadas atrás, el espejo que más hace temer a los caleños.
El 9 de abril de 2007, la extinta guerrilla de las FARC detonó un carrobomba frente al comando de la Policía, en el centro de la ciudad, en horas de la madrugada. Este atentado dejó a una persona muerta y una veintena de heridos. Un año más tarde, el 1 de septiembre de 2008, la que fuera la guerrilla más grade del país dejó otro carrobomba, esta vez frente al Palacio de Justicia, y de nuevo en la madrugada. Asesinó a cuatro personas y dejó heridas a otras 26. En febrero de 2009, las FARC volvieron a dirigir un carro bomba contra el comando de la Policía. Sumaron dos asesinatos más, además de 32 personas heridas. Antes de ese pico de violencia, la ciudad ya había sido víctima de ataques terroristas que marcaron su psique. El 30 de septiembre de 1999, la guerrilla del ELN irrumpió una misa en la iglesia La María, en un barrio pudiente del sur de la ciudad, y secuestró a 150 feligreses. Entre los raptados estaban empresarios, estudiantes y extranjeros; algunos recuperaron la libertad después de pagar millonarias extorsiones, otros pasaron años en la selva. Tres años después, el 11 de abril del 2002, las FARC secuestró a doce diputados del Valle del Cauca en el edificio de la Asamblea Departamental. Once de ellos fueron asesinados tras pasar cinco años en cautiverio.
El sindicalista y excongresista Alexander López, caleño, delegado de la Procuraduría y uno de los hombres más cercanos a Petro, se paró detrás del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que anunciaba nuevos operativos contra las disidencias. Era una esperada rueda de prensa, a inicios de la tarde del viernes, con la que el Gobierno buscaba dar ánimos a los caleños y mostrar fuerza. Pero López, que hace memoria del pasado, se lamenta. “Esos hechos que vivió Cali en 1999 y 2002 con las FARC, mostraban la violencia, el terrorismo y la criminalidad. Hoy estamos frente a esa Cali del pasado: violencia, terrorismo y criminalidad”, dice frente a las casas destrozadas por los explosivos debajo de un calor abrasador.
Al fondo, Sandra Flor recoge esquirlas y vidrios del suelo del destruido hotel, mientras su esposo busca algún rastro de los dos gatos y el hámster de su hija, que desaparecieron después de las bombas. “Encontramos las jaulas vacías. No sabemos qué decirle a la niña”, dice con angustia. Al lado, Jaime Ponce llega con su esposa a recorrer su fábrica de productos con coco. Cuenta que ocho de sus trabajadores tienen heridas de gravedad por el atentado. “A uno se le acaban la vida y los proyectos”, dice en voz baja. Detrás de él, el alcalde Éder, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, y el ministro de Defensa recorren la zona, rodeados por una veintena de escoltas. En medio de un acto conmemorativo, otra detonación sacude el ambiente: en la base destruyen de forma controlada un cilindro que no estalló el jueves. Aunque la Alcaldía había anunciado la operación, el barrio entero se estremece. “Solo explotaron los cilindros de uno de los dos camiones que traían las disidencias para atentar contra la población civil”, dijo el ministro Sánchez. “La tragedia estaba planeada para ser peor”.
EL PAÍS
