El 20 de enero comenzó como cualquier otro día para la familia Conejo en Minnesota. Liam, de cinco años, se subió al carro con su mochila de Spiderman y se fue a la escuela. Unas horas después, su padre lo recogió, y cuando llegaron a casa, todo cambió. En ese preciso momento, agentes del ICE lo detuvieron tanto a él como a su hijo. Adrián Conejo lo relató días después, tras ser liberado tras 11 días de detención: “Los agentes le ordenaron a Liam que tocara la puerta de nuestra casa, para que salieran las personas que estaban adentro”, relató en entrevistas a diferentes medios de comunicación. Al otro lado, su esposa, embarazada de cuatro meses, gritaba, desesperada, impotente, ante el pedido de su esposo, de que no saliera. Aunque la familia está junta de nuevo, permanece escondida, con miedo.
Casi 30.000 niños ecuatorianos han cruzado la frontera en la última década, arrastrados por la violencia y víctimas de un engranaje migratorio cada vez más hostil
El 20 de enero comenzó como cualquier otro día para la familia Conejo en Minnesota. Liam, de cinco años, se subió al carro con su mochila de Spiderman y se fue a la escuela. Unas horas después, su padre lo recogió, y cuando llegaron a casa, todo cambió. En ese preciso momento, agentes del ICE lo detuvieron tanto a él como a su hijo. Adrián Conejo lo relató días después, tras ser liberado tras 11 días de detención: “Los agentes le ordenaron a Liam que tocara la puerta de nuestra casa, para que salieran las personas que estaban adentro”, relató en entrevistas a diferentes medios de comunicación. Al otro lado, su esposa, embarazada de cuatro meses, gritaba, desesperada, impotente, ante el pedido de su esposo, de que no saliera. Aunque la familia está junta de nuevo, permanece escondida, con miedo.
Mientras el rostro de Liam con gorro azul y su mochila de Spiderman recorría las primeras planas de medios internacionales, convirtiéndose en el emblema del rostro más cruel de la política migratoria de Estados Unidos, en Ecuador, el presidente Daniel Noboa optó por callar. No fue un silencio improvisado. Fue un mutismo político y, sobre todo, dolorosamente elocuente.
Liam no es un caso aislado. Chloé, de dos años, también fue detenida en Minneapolis junto a su padre, y trasladada a un centro de detención en Texas el 22 de enero. Tres días después, solo la niña fue liberada. Según cifras oficiales de la Cancillería ecuatoriana —las pocas que existen en un contexto de opacidad creciente—, al menos 32 niños ecuatorianos permanecen en centros migratorios en Estados Unidos. Entre 2013 y 2023, cerca de 28.690 niños ecuatorianos migraron hacia EE UU, de acuerdo con el consejero de Movilidad Humana de Ecuador, Dixon Jiménez.
Para Caroline Ávila, analista política, el silencio de Noboa en casos de derechos humanos no es neutral. “Tiene una lectura clara de sumisión ante un poder que a todas luces se ha mostrado superior con el presidente Trump”, afirma. En plena campaña electoral, Noboa no dudó en exaltar sus vínculos con el círculo cercano al republicano, buscando el voto de los migrantes. En ese momento, incluso llegó a asegurar que los ecuatorianos no figuraban entre las prioridades de la política de deportaciones del gobierno estadounidense, aunque las cifras dicen otra cosa: 23.215 deportados en apenas dos años.
Noboa prioriza la relación comercial con Estados Unidos, el acceso a mercados y la estabilidad financiera. Ecuador es un país dolarizado y esa dependencia pesa, señala Ávila. Aunque le perjudica en el ámbito de derechos humanos, con los migrantes y en el social. “Defender a los migrantes no parece estar en la agenda de un Gobierno concentrado en el problema de aranceles con Colombia y en promover al país con socios comerciales y por esto no va a molestar a Trump”.
La comunicación gubernamental también se ha enfocado fuertemente en resaltar los acuerdos comerciales con otros países, justificando los 34 viajes internacionales de Noboa en dos años. Justo un día después de la detención de Liam, el mandatario sorprendió al país imponiendo una tasa del 30% a productos colombianos. Justificó la medida por la falta de reciprocidad del país vecino en la lucha contra el narcotráfico.
“¿Qué tipo de presidente no pelea por sus compatriotas?”, se pregunta Ávila. “Hay otras cosas que le perjudican más, como que los niños que están en Ecuador sean entregados muertos en cajas de cartón en los centros de salud”, advierte en referencia a la grave crisis de insumos del sistema nacional de salud. De ahí que la tragedia de los niños migrantes, como Liam, no se convierta en una discusión nacional.
La Cancillería de Ecuador, a través de un comunicado en X, aseguró que monitorea los casos de los detenidos. Sin embargo, la situación se tensó el 27 de enero, cuando agentes de ICE intentaron ingresar a la sede consular ecuatoriana en Minneapolis, donde el personal diplomático atendía a ecuatorianos en situación irregular. Este incidente, hizo que Ecuador elevara una carta de protesta y respeto al derecho internacional sobre las sedes diplomáticas, como si olvidara la orden de invadir la Embajada de México en Quito en abril de 2024. “De ahí la importancia de los precedentes en el marco del derecho internacional y el respeto de los acuerdos”, señala el internacionalista Esteban Santos “.
Una década huyendo
Desde 2023, 7.361 niños han ingresado por la frontera estadounidense, solos o acompañados, según la U.S. Border Patrol. La mayoría lo hizo por el peligroso camino del Darién. “Estos niños cargan demasiadas violencias en un solo cuerpo”, dice Soledad Álvarez, experta en migraciones indocumentadas y profesora de la Universidad de Illinois en Chicago. “Primero salen de un país tomado por el crimen organizado; luego cruzan el Darién; después sobreviven al México más violento de las últimas décadas; y cuando por fin llegan a Estados Unidos, comienza otra forma de terror”.
Muchos de los niños ecuatorianos detenidos hoy en Estados Unidos cruzaron la selva del Darién de la mano de sus padres o de desconocidos. “Niños desnudados, encerrados en casas de seguridad, retenidos por narcotraficantes que pedían rescates”, relata Álvarez, que ha acompañado de cerca a migrantes, sobre todo de comunidades indígenas de Cotopaxi que están asentadas en Chicago. Familias que llegaron endeudadas con el sistema bancario ecuatoriano, que estaban trabajando en la construcción, en la limpieza o vendiendo caramelos en el metro, que pagaron impuestos, enviaron remesas y empezaron —apenas— a recomponer una vida. Hasta que llegó la cacería.
Desde enero, las redadas migratorias se intensificaron en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis. Álvarez explica que la estrategia es detener primero a los hombres, de esa manera rompen el sostén económico y empujan a las familias a una “salida voluntaria”. “Es una política deliberada de ruptura familiar”, sostiene. Y los menores pagan el precio más alto.
“Niños de cinco, siete u ocho años que lloran por las noches porque su padre no vuelve. Que hablan con él a través de una pantalla desde una prisión. Que se orinan del miedo. Que deben adaptarse a un sistema educativo en otro idioma mientras viven con la amenaza constante de ICE tocando la puerta”, relata Álvarez, encerrando la historia de casi un centenar de casos que ha conocido de cerca.
“El daño psicológico es profundo y duradero”, explica la catedrática. “Y de eso casi no se habla”. Entre los testimonios que ha recogido de los migrantes deportados, coinciden las condiciones de tortura que viven, en un sistema, que según ella, está creado para beneficiar a las grandes corporaciones que están detrás del sistema de prisiones a donde son llevados los migrantes. Migrantes trasladados como mercancía entre centros de detención, hasta llegar al último, al de Alexandría, llamada también hielera, cuartos helados diseñados para quebrar cuerpos y voluntades. “Esto está hecho para que no quieran volver nunca”, resume Álvarez, quien critica la opacidad de información respecto a qué sucede con los niños.
Para Ingrid Echeverría, abogada de inmigración en Estados Unidos, el escenario es desolador. “Hoy, un niño recibe exactamente el mismo trato legal que un adulto”, afirma. “Puede ser un bebé. Las leyes son las mismas”.
Echeverría relata el caso de un joven con estatus juvenil aprobado, permiso de trabajo vigente y sin antecedentes penales, detenido camino a su empleo. El juez ignoró precedentes federales. El sistema lo empujó a aceptar una salida voluntaria.“Ni siquiera el estatus juvenil está garantizando protección”, señala.
El futuro de los niños ecuatorianos detenidos en Estados Unidos es incierto. Incluso aquellos con posibilidades de asilo enfrentan estándares casi imposibles de cumplir y otros muchos no tienen conocimiento sobre sus opciones.
EL PAÍS
